Autor: José Marcelo Arandia Alarcón - Director Regional CIPCA Santa Cruz
Fecha: 06/04/2021
La economía nacional por su vocación extractiva, está imponiendo
condiciones contradictorias con la economía comunitaria, provocando una
gran “presión sobre los territorios indígenas de tierras bajas”,
manifestada sobre todo a partir de la expansión de la frontera agrícola
dirigida a la agro-exportación de monocultivos, la expansión de la
frontera extractiva con una ampliación de las operaciones de exploración
y explotación hidrocarburiferas, minera y forestal, en territorios
indígenas y áreas protegidas, flexibilizando las normas ambientales,
incluso con afectación a los derechos indígenas reconocidos a nivel
internacional, vulnerando así el principio de autodeterminación de estos
pueblos, poniendo en peligro la convivencia socio-ambiental y
territorial, además de generar distorsiones en poblaciones o centros
urbanos, debido a la ausencia de estrategias que estimulen la generación
de encadenamientos productivos sostenibles, traduciéndose este hecho en
una transformación de las estructuras sociales, económicas y culturales
a lo largo de tierras bajas en general.
Dentro de este contexto,
en el último tiempo por citar algunos ej. se han dado acciones de
avasallamiento en espacios territoriales con potencial de bosques y
áreas forestales en los municipios de El Carmen Rivero Torres, Roboré,
San José de Chiquitos y la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, en los
Parques Nacionales Otuquis, Ñembi Guasu y Tucavaca, así como también en
las provincias Guarayos y Velasco, en el departamento de Santa Cruz, a
manos de grupos organizados con fines de asentamiento en áreas que no
son aptas para la agricultura y que están protegidas por la Constitución
Política como patrimonio natural del país.
Estos hechos han sido
recurrentes durante el último tiempo, profundizando la vulnerabilidad y
la gobernanza ambiental de los territorios indígenas, cuya expresión
más lamentable de esta situación es la perdida de aproximadamente
6.620.956ha. producto de los incendios forestales ocurridos entre 2019 y
2020.
En la mayoría de los territorios indígenas y la población
campesina del área de cobertura de CIPCA Regional Santa Cruz a pesar de
los esfuerzos estatales de asignación de recursos económicos, aún se
encuentran relegados en varias dimensiones de su desarrollo integral,
aspecto que está provocando la desruralización de estas zonas -ante la
ausencia de trabajo-, incrementando así los niveles de pobreza en el
área rural precisamente por haber tenido insuficiente
capacidad/oportunidad de plantear sus ideas frente a modelos externos a
su realidad, que se ven inducidos a replicar.
En este sentido,
institucionalmente planteamos la gobernanza ambiental, como una
estrategia para superar las desigualdades en tierras bajas, la misma
debe ser entendida como una acción orientada a la consolidación
territorial que les permita contribuir a la reducción de la pobreza y la
desigualdad a la que están sometidas poblaciones indígenas y
campesinas, impulsando el enfoque de gestión territorial adaptativa,
como estrategia para la generación de condiciones para un desarrollo
resiliente, mediante el fortalecimiento económico, social y productivo
promoviendo espacios de concertación y articulación entre actores
locales para lograr una gobernabilidad territorial a través de la
construcción de consensos con una visión de largo plazo.
Bajo este escenario CIPCA Regional Santa Cruz, seguirá impulsando acciones orientadas a:
i)
Fortalecer las capacidades de gobernanza ambiental del territorio;
estableciendo acciones de manejo y gestión de los recursos naturales,
especialmente agua y los bosques, para detener el avance de la frontera
extractiva y la deforestación que vienen exacerbando los efectos del
cambio climático, y promoviendo una gestión comunitaria de los bienes
naturales y modelos productivos sostenibles, donde las mujeres y jóvenes
desempeñen un rol clave, además de contribuir a su permanencia en los
territorios
ii) Asegurar los derechos sobre la tierra- territorio
y el derecho a un consentimiento previo, libre e informado por parte de
indígenas y campesinos y en especial las mujeres rurales. No solo por
una cuestión de justicia elemental, para combatir la desigualdad y
democratizar el acceso a la tierra;
iii) Continuar acompañando
procesos de desarrollo territorial, como premisa de un proceso orientado
a la transformación, social, económica, cultural, productiva e
institucional de los territorios, generando cambios en las formas de
participación y acceso y en la toma de decisiones de los actores
territoriales (públicos y privados), fortaleciendo las capacidades
internas y externas de las organizaciones indígenas y campesinas,
rompiendo esquemas y estructuras, que provoquen una reconfiguración de
los decisores en la gestión pública, redefiniendo sus nuevas formas de
ejercicio pleno de ciudadanía, más allá de su participación, en la
perspectiva de la construcción de visiones de desarrollo donde el
acceso, control y gestión de los recursos naturales, debe encararse de
manera consensuada con otros actores territoriales tanto públicos como
privados.
CIPCA ratifica su accionar orientado a reducir las
desigualdades y la pobreza de las poblaciones indígenas y campesinas de
sus áreas de cobertura, contribuyendo a generar un cambio en las
relaciones de poder y distribución equitativa de los recursos naturales
para un desarrollo resiliente, propiciando acciones de ciudadanía activa
que consideren el derecho de pueblos indígenas y campesinos, como una
precondición para el avance en la justicia social a partir de una
efectiva gestión territorial adaptativa de los RRNN, asumiendo que la
gobernabilidad territorial es una acción estratégica de transformaciones
institucionales, donde el trabajo con mujeres y jóvenes, debe ser
fundamental para cimentar cambios en ideas y creencias, para encarar los
desafíos del contexto, incidiendo en la generación de propuestas
multiactor ante instancias públicas y privadas, ligadas al desarrollo
territorial en nuestra área de cobertura institucional, además de
facilitar y acompañar un diálogo político para el establecimiento de
normas y políticas públicas de adaptación al cambio climático,
gobernanza ambiental y gestión territorial entre las organizaciones
indígenas y campesinas e instancias públicas y privadas.
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.