CIPCA Notas

La COP 28 y la necesidad de replantear las estrategias de acción en un contexto de injusticia climática.

Autor: Marcelo Arandia Alarcón - CIPCA Regional Santa Cruz
Fecha: 01/12/2023

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 que se viene realizando desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, presenta varios desafíos, entre ellos, el hecho que marca la conclusión del balance global, sobre la primera evaluación de dos años del progreso colectivo del mundo hacia los objetivos del Acuerdo de París de 2015. 

Cada balance implica una evaluación del proceso de dos años, acerca del progreso colectivo del mundo hacia el logro de sus objetivos climáticos. El primer balance global tiene lugar en el punto medio de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS, incluido el Objetivo 13 (acción climática). 

En el acto inaugural se puntualizó en la necesidad de hacer un llamamiento a la transición de los combustibles fósiles a la energía verde, el responsable del clima de la ONU destacó la «justicia en y entre los países» y que el mundo tiene «alrededor de seis años antes de que agotemos la capacidad del planeta para hacer frente a nuestras emisiones antes de superar el límite de 1,5 grados».

En este sentido, es necesario precisar que la crisis climática y la desigualdad son dos expresiones de un mismo problema sistémico y se refuerzan mutuamente: las desigualdades que produce el modelo económico extractivista se combinan con las desigualdades que resultan de las crisis provocadas por el cambio climático. 

América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo; la injusticia de la crisis climática reside en que los países y las poblaciones más empobrecidas o marginadas, son quienes menos se han beneficiado del crecimiento económico insostenible que está en el origen del problema y son los que más sufren, en primera línea, sus consecuencias destructivas y tienen menos medios económicos para hacerle frente.

Es necesario que los países participantes en la 28 Conferencia de las Partes (COP) se despojen de los cálculos estratégicos, de las mezquindades, de su ejercicio de poder y de la falta de voluntad política para ejecutar realmente contribuciones determinadas, que permitan abandonar las vías de desarrollo intensivas en carbono que destruyen nuestro planeta y socavan los derechos de las personas y comunidades a la tierra, el aire limpio y el agua. 

Necesitamos impulsar acciones hacia un nuevo modelo de desarrollo desde una perspectiva interrelacionada entre las dimensiones: social, económica y ambiental; sobre la base del enfoque de derechos y considerando las desigualdades de ingreso, género, étnicas, raciales, territoriales y las vinculadas con el ciclo de vida. Se deberá generar condiciones orientadas hacia un desarrollo sostenible y resiliente, asegurando los derechos de todas las personas para hacer frente a los efectos del cambio climático. 

Desde la experiencia del CIPCA en desarrollo rural, consideramos necesario ceder mayor protagonismo a las mujeres, los jóvenes, las comunidades indígenas, campesinas y otras, que justamente están en primera línea de impacto, quienes además protagonizan las respuestas y encabezan la resistencia a las actividades más destructivas. El reto climático es colectivo, pero se construye a partir de soluciones locales y adaptadas a cada contexto, por lo que la respuesta debe diseñarse desde abajo hacia arriba, bajo una lógica de intervención como premisa de integración geopolítica del clima entre los países y la diversidad de biomas, que se ven afectados y presionados por la recurrencia constante de diferentes eventos climáticos, que profundizan la vulnerabilidad y la desigualdad de los sectores más empobrecidos.

Solo en Bolivia en los últimos 37 años se han perdido 7.9 millones de hectáreas de bosque, para el año 1985 en el país existían 63 millones, para el año 2022, esta cifra disminuyó a 55 millones de Ha, teniendo un promedio de pérdida de bosque, por efecto de la deforestación, de aproximadamente 429.000 Ha (FAN 2023); indudablemente con estas cifras que se reflejan en nuestro país, el mundo está muy lejos de alcanzar los objetivos climáticos y, si no se toman medidas ambiciosas, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 3 grados para finales de este siglo, que tendría unas consecuencias catastróficas para la vida en el planeta.

En este sentido, tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios y campesinos, desde su forma de relacionarse con la naturaleza y sus prácticas tradicionales que implementan en armonía con el manejo sostenible de los recursos con que cuentan sus territorios. En especial de las mujeres, custodias y transmisoras de conocimientos ancestrales que hoy resulta clave para transitar hacia sistemas mejor adaptados, más respetuosos con el entorno natural y más resilientes. 

Es necesario modificar los actuales patrones de producción y consumo, particularmente en relación con el uso de la energía y del uso de los territorios, así como implementar medidas de adaptación y mitigación. Estas medidas, a su vez, dependen de políticas coherentes en todos los ámbitos que permitan enfrentar las transformaciones necesarias para soportar los efectos negativos del cambio climático sobre las actividades económicas, los ecosistemas y el bienestar social.

La actual crisis climática es estructural y solo es posible hacerle frente desde una profunda transformación sistémica que aborde sus causas, no solo sus efectos. Esta transformación además debe ser justa, es decir, debe distribuir proporcionalmente las responsabilidades, los costes y las capacidades. Esto pasa necesariamente por entender y desafiar los desequilibrios de poder y las dinámicas de captura política -y corrupción en algunos casos- que frenan las soluciones reales, impulsando políticas universales sensibles a las diferencias en los ámbitos social, económico de cambio climático, permitiendo una verdadera inclusión de todas las personas, al bienestar y al desarrollo sostenible.

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