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Conflictos por tierras en Las Londras, claves para entender el problema en Guarayos.

Autor: Isabel Mamani - CIPCA regional Santa Cruz
Fecha: 05/08/2022

Al norte de la ciudad de Santa Cruz, a 160 km dentro de la jurisdicción del Municipio El Puente de la Provincia Guarayos, se encuentran los predios de Las Londras. En este lugar se viene suscitando reiteradamente en un escenario icónico de lucha por tierra – territorio, que describimos desde dos hitos importantes. El primero, en octubre del 2021 cuando sucedió el primer conflicto entre empresarios y productores campesinos alineados orgánicamente a La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) donde un grupo de 17 personas compuestos por periodistas, policías y civiles, fueron emboscados, secuestrados y torturados durante seis horas por un grupo de encapuchados armados. Un segundo hecho, el 29 de julio de 2022, esta vez los actores fueron entre campesinos pertenecientes a la Central Única de Trabajadores Campesinos versus la Central de Comunidades Interculturales.

Según Colque, de Fundación Tierra; el conflicto abarca los predios “Las Londras”, “6 Hermanos”, “Palo María”, “La Gaviota”, “Chaco Perdido”, “La Muela del Diablo”, “Las Lúcumas”, y “El Mataral”. También están “Villa Félix” y “San Diego”, estos últimos considerados pequeña propiedad ganadera (menor a 500 ha). Todos estos predios tienen como antecedente común el expediente agrario N° 54095 “Las Londras”, con Sentencia Agraria del 16 de mayo de 1989, otorgado por el extinto Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), a favor de UNAGRO S.A., con una superficie aproximada de 12.000 hectáreas.

La superficie total del caso Las Londras, que incluye todos estos predios, alcanza 8.302 hectáreas. Según la Ley Agraria vigente (Ley 1715 y Ley 3545) estas tierras están en proceso de saneamiento desde aproximadamente diez años, lo que significa que el Instituto de Reforma Agraria (INRA) sigue realizando trabajos técnicos y jurídicos para determinar si corresponde otorgar títulos agrarios de propiedad a las partes interesadas o demandantes.

El origen del conflicto es la sobreposición de casi la totalidad de la Reserva Forestal Guarayos, creada mediante Decreto Supremo N° 12268 del año 1969, con una extensión de 1.500.000 hectáreas. Donde se prohíbe todo tipo de asentamientos humanos y actividades agropecuarias; es decir, resulta imposible y complejo para los demandantes y presuntos propietarios hacer prevalecer sus demandas de legalización de las tierras, ante esta limitación jurídica vigente en el ordenamiento legal del país.

A la fecha ya son al menos siete ataques a propiedades y comunarios de la Provincia Guarayos en torno a la disputa por la tierra.

Esta situación pone de manifiesto la permanente presión, económica, social, ambiental y cultural del territorio guarayo, que a raíz de estos acontecimientos exacerban la tensión territorial, donde la organización matriz del territorio la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (COPNAG) han emitido pronunciamientos y manifestaciones contra los avasallamientos de tierras en su territorio. Sin embargo, no han tenido oído por parte de las autoridades gubernamentales, llamadas por Ley destinadas a poder atender estos casos.

No es casualidad los distintos hechos suscitados en los últimos años, desde el 2017, donde el Gobierno Nacional y los empresarios firmaron un acuerdo con miras a la nueva delimitación de la Reserva Forestal Guarayos, denominada “Zona F”, donde el pueblo indígena Guarayo manifestó su negativa, a través de los pronunciamientos elaborados en asambleas extraordinarias, manifestando se respete la Reserva Forestal Guarayos, argumentando que dicho espacio territorial forma parte de su territorio ancestral.

Asimismo, la Regional Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Guarayos y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), desarrollaron una propuesta de Decreto Supremo, que tuvo por objeto establecer la gestión integral y sustentables del Bosque del Chore y Guarayos, considerándose a los mismos como “Reservas Integrales de Bosque”.

Este escenario vuelve a recobrar fuerza y se plasma en el pliego petitorio de la Marcha que está liderando actualmente la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de Santa Cruz, que ha llegado a la ciudad de La Paz con un pliego de peticiones que incluyen la modificación de la Ley de Tierras, modificación de Decreto Supremo 29215, dotación de tierras fiscales no disponibles, desafectación de reservas forestales, anulación de concesiones forestales y auditoria al INRA. Esta marcha ha sido respaldada por sus bases con la instalación de puntos de bloqueos en el departamento de Santa Cruz, desarrollados en las localidades de San Ramón, Los Troncos, Pailas y Guarayos, como respaldo a la marcha.

 En esta oportunidad Guarayos ha sido el principal escenario de enfrentamientos entre bloqueadores e indígenas del lugar; después de que la COPNAG, emitiera un pronunciamiento de emergencia para el desbloqueo de carretera. La COPNAG, a la cabeza de su presidenta Cirila Tapendaba, manifestó que defenderán su territorio ante las amenazas de avasallamientos por parte de los interculturales y ante el pliego petitorio de los campesinos con intención de desafectar las reservas forestales, acción que afecta el territorio indígena Guarayo.

Es importante destacar la importancia estructural que tiene el territorio para la subsistencia y reproducción social, económica y cultural los pueblos indígenas; sin embargo, venimos advirtiendo recurrentemente la imposición de acciones contradictorias a la economía comunitaria, provocada por la gran “presión sobre los territorios indígenas especialmente de tierras bajas”, manifestada sobre todo a partir de la expansión de un modelo de desarrollo sustentado en el uso intensivo y desmedido de los RRNN y la flexibilizando de ciertas normas ambientales*, que vienen generando una presión en los territorios indígenas, por lo que se hace necesario promover espacios de concertación y articulación entre actores locales para lograr una gobernabilidad territorial a través de la construcción de consensos con una visión de largo plazo. Para consolidar este proceso, es necesario impulsar acciones orientadas a impulsar la construcción de visiones y modelos de desarrollo para una transición ecológica justa que permita la conservación y el manejo sostenible de los territorios, desde la participación y ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de indígenas y campesinos en todos los ámbitos de los territorios indígenas de tierras bajas de Bolivia.

Referencias

• El Deber (2022), Caso Las Londras en: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/caso-las-londras-fiscalia-solicita-revocar-las-medidas-sustitutivas-otorgadas-a-paulino-camacho_288236
• Caballero, G (2018): Nueva delimitación de la Reserva Forestal Guarayos. CIPCA Noticias 2018
• Colque, G (2021). ¿Por qué debemos exponer a los traficantes de tierras al escrutinio público? Fundación Tierra. 
• Colque, G (2021). Respuestas breves a 10 preguntas sobre el conflicto por tierras en el caso Las Londras. Fundación Tierra. 
• Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Gwuarayu (2022). Convocatoria Emergencia para desbloqueo. 
• Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos DPTO Santa Cruz (2022). Pliego Petitorio.

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* Ley 337/13, 502/14 y 739/15 autorizan “perdonazos” a la deforestación ilegal y extienden el plazo para subsanar cualquier delito; Ley 741/15,  expande el área permitida de desmonte de 5 a 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a actividades agropecuarias; Ley 1098/18,  permite un incremento en la producción de aditivos de origen vegetal, biocombustibles y la expansión de tierras para este propósito; y la Resolución Administrativa ABT 104/2021 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que permitía ampliar el plazo de quemas controladas de desmonte y de pastizales, hasta el 31 de julio del 2021.

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