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Santa Cruz, Bolivia: Crisis Ambiental Acelerada y Empeorada

Autor: José Marcelo Arandia Alarcón - CIPCA Regional Santa Cruz
Fecha: 29/04/2024

En el último tiempo, el departamento de Santa Cruz, se ha convertido en el epicentro de gravedad de la problemática medio ambiental del país; en la actualidad, los efectos del cambio climático afectan a todos quienes habitan esta región de Bolivia. Si no se toman medidas inmediatas y drásticas, cada vez será más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro.

Santa Cruz, conjuntamente la diversidad de regiones (1) con que cuenta en su territorio, está entre las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático, y, por otro lado, se encuentra en la lista de regiones del país, que tiene un proceso de deforestación más acelerado, el 79% de la deforestación histórica ocurre en este departamento.

Nuestro país, indudablemente tiene bajas emisiones contaminantes, sin embargo, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Esto sin duda se asienta en la inmensa variabilidad topográfica y climática, a lo cual se suman los indicadores de pobreza, ecosistemas variables, deforestación, clima inestable y glaciares tropicales, además de no contarse con información científica suficiente, para afrontar el cambio climático.

En este contexto es necesario articular una agenda estratégica entre el sector público y privado, que permita encarar acciones urgentes, destinadas a revertir o frenar el estado actual de destrucción ambiental por la que atraviesa el departamento de Santa Cruz; es importante que la sociedad civil, aplicando acciones de “ciudadanía activa” cuestione e interpele el actual régimen competencial que acentúa y provoca este agravamiento ambiental y que los gobiernos locales/departamental/nacional, como administradores de los bienes públicos, regulen y ejerzan mayor control sobre las actividades económico productivas ligadas al uso intensivo de los recursos naturales, desde la implementación de políticas públicas que contribuyan a un mejor manejo, conservación, restauración ambiental y recuperación de medios de vida.


Área de deforestación; Municipio de San Ignacio de Velasco, Foto CIPCA Santa Cruz

En lo específico, en Santa Cruz aún persiste la tensión, relacionada con la “problemática de tierra – territorio”, debido a los avasallamientos que se dan en áreas fiscales y principalmente sobre los territorios indígenas, evidenciándose una clara intensión estatal para consolidar un proyecto de ocupación política del territorio. Está problemática ha develado la fragilidad de la política agraria y la debilidad institucional de los operadores de justicia, caracterizada por su laxitud, lentitud y poca efectividad. Las tendencias del modelo económico vigente están generando una exacerbada “presión sobre sus territorios”. Esto se manifiesta a partir de la expansión de la frontera agrícola, dirigida a la agro-exportación de monocultivos, la expansión de la frontera extractiva, con una ampliación de las operaciones de exploración y explotación hidrocarburíferas, minera y forestal, en territorios indígenas y áreas protegidas. Se flexibilizan normas ambientales (2) , incluso con afectación a los derechos indígenas reconocidos a nivel internacional, vulnerando así el principio de autodeterminación de estos pueblos, que ponen en peligro la convivencia socio-ambiental y territorial, de una diversidad de pueblos indígenas y campesinos. Como propuesta de algunos sectores regionales para revertir esta situación, surge el planteamiento centrado en un modelo político federal, el cual no logra la adscripción de los otros departamentos, por considerarla una propuesta netamente Regional, carente de una mirada nacional e integradora de país.

Según el reciente informe de Global Forest Watch del World Resources Institute, en Bolivia se han deforestado 7,9 millones de hectáreas entre 1985 – 2022; el 79% de este proceso de deforestación histórica se origina en el departamento de Santa Cruz.  La deforestación en el último bienio (2022 – 2023), se ha duplicado con respecto al promedio 2000 – 2020; en 2023 estos datos se incrementan en un 27%, comparado con el año anterior; aproximadamente el 50% de la deforestación es no autorizada, siendo consecuencia del efecto combinado de la expansión del modelo soyero y la consolidación de propiedades agrarias empresariales. Lamentablemente, estas cifras reflejan un crecimiento exponencial, respecto a la perdida de los bosques primarios, poniendo en evidencia que las políticas públicas, estimulan los procesos de deforestación actual, puesto que, para mantener la seguridad jurídica de un predio, según la normativa, se hace necesario o imprescindible eliminar el bosque en dicho predio, para así poder cumplir con la  función económica y social que señala la normativa en materia agraria, causal  por la que el Estado,  puede pedir la reversión de esas tierras.

En este sentido, se hace necesario mejorar el diseño de leyes y planes, como la instauración de nuevas instituciones orientadas a mejorar el manejo y la capacidad productiva del área rural, además de la protección social, la reducción del riesgo y la respuesta a desastres. Es frecuente evidenciar, que el derecho colectivo al territorio por parte de los indígenas de tierras bajas es permanentemente vulnerado, situación que ahonda o empeora las vulnerabilidades existentes, contribuyendo a la generación de un círculo vicioso de aumento de la situación de pobreza y, por ende, de las condiciones de desigualdad territorial.


Diversidad intercultural en un centro de abasto en la ciudad de Santa Cruz, Foto El Deber.

Otra variable a considerar, es el creciente grado de urbanización que presenta Santa Cruz; según el Instituto Nacional de Estadísticas para 2022, la estimación de población alcanzaría a 3.425.399 habitantes, destacándose una tasa de crecimiento del 4,60% para el departamento y de 5,52% para el área Metropolitana (3), esta tasa se constituyen en  la más alta del país, equivalente a 2.811.335 habitantes, significando esta cifra, que más de 100.000 personas llegan a la ciudad de Santa Cruz al año, constituyéndose esta área en la más poblada del departamento y representando uno de los porcentajes de crecimiento demográfico, entre los más vertiginosos de América del Sur. Bajo este escenario de crecimiento poblacional acelerado, urge mejorar y rediseñar las políticas públicas desde un enfoque de planificación urbana multidimensional, que permita eficientizar el acceso a los servicios de salud, educación, transporte, seguridad ciudadana e integración social, con acciones estratégicas que permitan una intervención multisectorial e integral de las instancias estatales en sus diferentes niveles, orientadas a reducir las actuales brechas de desigualdad y pobreza que actualmente se registran en la región cruceña.

Según estudios técnicos sobre el comportamiento climático, el Departamento de Santa Cruz, está entre los territorios que más impactos directos sufrirán durante las próximas décadas, respecto a los efectos del cambio climático, y, por otro lado, se encuentra en la lista de los que más contribuye a la aceleración y al agravamiento del proceso de destrucción del ambiente planetario. Por citar algunas cifras, la temperatura en Bolivia subió en los últimos 25 años entre 0,08 y 0,34 grados centígrados en diversas regiones, y el pronóstico señala un aumento de 1 a 2 grados centígrados hasta 2030 y de 5 a 6 grados hasta 2100, según Jocelijn François (PNUD,2013).

Estos cambios en el régimen climático de la región cruceña, provocarán severas alteraciones en el calendario agrícola, generando épocas de sequías más prolongadas e intensas, con el consiguiente impacto en la producción de alimentos, afectando a la seguridad y disponibilidad de alimentos para las familias indígenas y campesinas, además que las  prácticas actuales de desarrollo en un contexto de cambio climático, van a exacerbar y acelerar la degradación de los suelos, la salud de las cuencas, la pérdida de biodiversidad y la disminución de servicios y funciones ambientales.

Notas

(1) La Región de los Valles, Región de la Chiquitanía y Pantanal; Región Chaco; Región Norte Integrado y la Región Santa Cruz Metropolitana.
(2) Ley 337/13, 502/14 y 739/15 autorizan “perdonazos” a la deforestación ilegal y extienden el plazo para subsanar cualquier delito; Ley 741/15,  expande el área permitida de desmonte de 5 a 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a actividades agropecuarias; Ley 1098/18,  permite un incremento en la producción de aditivos de origen vegetal, biocombustibles y la expansión de tierras para este propósito; y la Resolución Administrativa ABT 104/2021 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que permitía ampliar el plazo de quemas controladas de desmonte y de pastizales, hasta el 31 de julio del 2021.
(3) (Que involucra a los municipios de Cotoca, Porongo, Warnes, La Guardia, y El Torno)

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