Autor: Edgar F. Izurieta Guayacuma (*)
Fecha: 26/09/2012
“…el gobierno indígena golpeando al movimiento indígena… es algo que jamás nos vamos a olvidar de esta marcha…” (Miriam Yubanure; Vicepresidenta CPEM-B)
La VIII Marcha Indígena quedará grabada como un punto de inflexión no sólo en el registro histórico de las luchas del movimiento indígena, sino también en la historia de la constitución y reconstitución de un país que sufre en su tránsito de conversión de su forma tradicional de Estado-Nación a su condición plurinacional. El sufrimiento durante esta y otras tantas marchas fue marcado por factores internos autoflagelarios y propios de las dinámicas pacíficas desplegadas por las organizaciones indígenas, como el descuidar sus chacos y animales, sufrir las condiciones de escasez y aguantar los rigores climáticos adversos durante su peregrinación. También factores externos como el despliegue de organizaciones sociales afines al gobierno que bloquearon eficazmente a la marcha en las localidades de San Ignacio y Yucumo; asimismo, herramientas propias del Estado como los medios de comunicación oficiales, la descalificación de sus dirigentes, equipos de inteligencia que seguían a la marcha y otras formas de violencia simbólica y física desplegada por el Estado, siendo la más significativa y a la vez censurable la brutal represión en Chaparina ejecutada por la policía boliviana el 25 de septiembre del año 2011.
“Chaparina”, para los indígenas hoy por hoy se ha convertido en sinónimo de represión. Paradójicamente la represión marcó un antes y un después en esta histórica movilización y se constituyó en el momento más álgido durante ésta la cual genera una rápida adscripción política por parte de amplios sectores de la sociedad civil que permanecían estáticos y sin ningún posicionamiento claro respecto a este conflicto. Movidos por la indignación ante el abuso de poder se masificó el respaldo social a la marcha, en un activismo militante con marchas de protesta, vigilias, recolección de alimentos y vituallas; pero también un apoyo a través de los medios de comunicación virtual (páginas web y redes sociales). Otro rasgo a destacarse fueron los recibimientos desarrollados en las poblaciones de Palos Blancos, Caranavi, la tranca de Urujara y la misma ciudad de La Paz.
La represión de Chaparina dejó secuelas e impactos colaterales a largo plazo también. Desnudó varios rasgos de un colonialismo interno que no termina de desmantelarse en el país: durante la represión el castigo selectivo hacia los líderes indígenas (la brutal golpiza a Fernando Vargas; atar y amordazar a Miriam Yubanure, y dejar con impedimento físico a Celso Padilla, entre otros) muestra que la práctica de flagelar a los líderes como un mensaje de escarmiento aun permanece latente en las prácticas estatales.
Esta violencia desnuda también una visión estatal que continúa con un proceso de conquista de territorios y procesos de subordinación de sus poblaciones sobre todo indígenas. Se continúa entendiendo la construcción del Estado boliviano como un proceso de ocupación de territorios en el oriente y la Amazonía, pero no como un proceso de ciudadanización de los pueblos indígenas que habitan estos territorios. En contraposición las varias marchas llevadas a cabo por el movimiento indígena articulan el proyecto de constitución y reconstitución interna con elementos de proyecto de país, más allá del clásico Estado Nación.
Después de la represión los pueblos indígenas se han convertido en el centro de resistencia a un modelo de desarrollo extractivista sobre los territorios indígenas. Su resistencia no sólo es una coyuntural oposición al desarrollo de una post consulta que soslaya la participación de las organizaciones indígenas representativas de esos pueblos quebrando su institucionalidad y sustituyendo principios de la democracia comunitaria a través de la imposición del principio de mayorías y minorías, segundas vueltas y otros procedimientos propios de la democracia liberal.
Chaparina no sólo es represión. Chaparina ha permitido evidenciar que el gobierno, lamentablemente, se ha reducido a su núcleo más corporativo ya que a punta de violencia se han defendido intereses de sectores económicos bien definidos: intereses cocaleros, de colonizadores y del capital brasilero.
Chaparina desnuda también el conflicto de baja intensidad entre modelos de desarrollo que chocan desde la concepción de sus principios, unos más cercanos al respeto y la conservación del medio ambiente y otros ligados al extractivismo de los recursos naturales con la finalidad de generar riquezas momentáneas.
Chaparina nos muestra también lo poco que hemos avanzado en las muy publicitadas reformas judiciales, ya que la retardación de justicia y otros males que se creían superados desde la conformación de los nuevos órganos de justicia del país continúan latentes y lo que es peor, en el caso específico de las investigaciones sobre las responsabilidades de esta brutal represión se cierne el manto sombrío de la impunidad cuando la ciudadanía toda observa impávida cómo se van liberando de culpas a los principales operadores de esta intervención y más al contrario se los van premiando con cargos de mayor rango.
Pero Chaparina también nos señala un horizonte, que ni la más brutal de las represiones podrá borrar: la dignidad con que los pueblos indígenas han reivindicado y defendido sus derechos, constituyéndose en un ejemplo para el resto de los bolivianos que ven en ellos una semilla de esperanza, de dignidad y de heroísmo.
(*) Edgar F. Izurieta Guayacuma es Sociólogo de CIPCA - Beni
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.