CIPCA Notas

Género y Cambio Climático: Un aporte de mujeres indígenas chiquitanas a la Gobernanza Ambiental Territorial

Autor: José Marcelo Arandia Alarcón
Fecha: 26/03/2025

Contexto y antecedentes

La región del Bosque Seco Chiquitano se encuentra ubicada al sudoeste de Bolivia, constituyendo uno de los ecosistemas más vulnerables del país (1). La región Chiquitana juega un rol de corredor biológico y enlace ecosistémico entre el Chaco, el Pantanal y la Amazonía, fungiendo como bisagra natural de enlace y continuidad territorial entre los biomas antes mencionados, para la provisión transicional de servicios ecosistémicos que mantienen la armonía de los otros 3 ecosistemas y se constituye en uno de los sitios de mayor biodiversidad en el país, cuya característica fundamental es su riqueza en recursos naturales, así como la presencia de grandes fuentes de agua dulce.

Es evidente que la gran mayoría de los territorios indígenas en la Chiquitanía, a pesar de los esfuerzos estatales de asignación de recursos económicos, aún se encuentran relegados en varias dimensiones de su desarrollo integral. La falta de empleo está provocando un éxodo hacia los centros urbanos, incrementando así los niveles de pobreza en el área rural, precisamente por haber tenido insuficiente capacidad/oportunidad de plantear sus ideas frente a modelos externos a su realidad, que se ven inducidos a replicar, mucho más cuando el gasto público y la inversión social se vuelven cada vez más dependientes de las actividades extractivas, lo que genera economías vulnerables frente a los cambios de los precios internacionales de los hidrocarburos y los recursos naturales.

La Chiquitanía constituye un territorio estratégico para el desarrollo nacional; sin embargo, actualmente, se advierte la necesidad de una mejor planificación económica desde los diversos niveles estatales que tenga una proyección de largo plazo, además de priorizar los intereses de las poblaciones más vulnerables, especialmente mujeres e indígenas, enfatizando un desarrollo equilibrado y sostenible, tendiente a mejorar las condiciones de reducción de pobreza en este amplio territorio.

Esta parte de Bolivia es una de las más afectadas por los efectos del cambio climático. La deforestación se encuentra entre las más altas del país, junto con políticas de incentivo a la agroexportación, el aprovechamiento de productos forestales maderables y la alta migración interna desde tierras altas, especialmente del altiplano boliviano, lo que genera tensiones y conflictos por los recursos y la tierra. Para los indígenas que viven de la producción agroforestal y en pequeña escala, los cambios climáticos representan un riesgo muy evidente, generando pérdidas en sus volúmenes de producción, debido a las sequías e incendios forestales, obligándoles a abandonar sus tierras, o también a la venta de su mano de obra a grandes empresarios en condiciones precarias de trabajo y, finalmente, a la emigración hacia las ciudades, especialmente de los jóvenes.
En gran medida, la economía de la región chiquitana, y del sector campesino indígena en particular, sigue dependiendo, sobre todo, de la agricultura, pecuaria, caza, pesca, forestal maderable y forestal no maderable. Sin embargo, la última década se ha intensificado el fenómeno de la doble residencia de familias indígenas y campesinas dando lugar a la pluriactividad.

Si bien mejoraron los niveles de disminución de la pobreza y el acceso a recursos naturales como la tierra y el territorio por el sector campesino indígena, hay una relación directa entre municipios con población preponderantemente rural y los niveles altos de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), lo cual mantiene las brechas de desigualdad en el territorio chiquitano. La vulnerabilidad de estas poblaciones se origina también en la menor disponibilidad y acceso a servicios públicos de salud y educación de calidad, limitadas opciones de empleo y el avance, aún limitado, en el desarrollo de emprendimientos productivos propios en los predios o tierras y territorios a los que han accedido. Por citar un ejemplo, en el Municipio de Concepción, un 93,7% de su población se encuentra en nivel de pobreza según datos del censo de población y vivienda 2012, registrados por el Instituto Nacional de Estadística.

Durante el año 2024, los incendios forestales impactaron sobre 14 millones de hectáreas a nivel nacional; siendo Santa Cruz el departamento más afectado, con un área quemada de 9.149.469 hectáreas; seguido de Beni, con 3.888.879 hectáreas. Así mismo, el departamento de Santa Cruz concentra el 79% de la deforestación histórica; en el 2024, la tasa de deforestación se incrementó en 27%, donde el 70% de la deforestación es no autorizada. Este territorio chiquitano se constituye en el epicentro de la problemática medioambiental del país.
Gobernanza ambiental como estrategia de modelo territorial

El marco conceptual se sustenta en el enfoque de gobernanza ambiental territorial, definido como el gobierno y administración del medio ambiente, que busca su conservación, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta. Consiste en un conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de los cuales los actores locales articulan sus intereses, ejerce sus derechos y asumen obligaciones respecto al uso y conservación del ambiente. En este sentido, los participantes del sector público, privado, la academia y la sociedad civil organizada definen políticas, reglamentan y establecen normas y prácticas en el uso, manejo y protección de los recursos naturales, permitiendo de esta manera impulsar una transición ecológica justa en los territorios indígenas y campesinos de Bolivia (Garnica Á. V., 2016).

Los principios para implementar una efectiva gobernanza ambiental son: a) promover la participación efectiva de todos los actores públicos y privados del territorio, así como la búsqueda del consenso en relación a las problemáticas ambientales que afectan a todos; b) promover la justicia social y ambiental, fomentando la sostenibilidad, rechazando formas de discriminación social y promoviendo la equidad; c) contar con una visión estratégica para el cambio de la situación actual a largo plazo acompañada de una agenda estratégica de trabajo; d) promover la eficacia y eficiencia en las labores institucionales y mejorar la resiliencia territorial en su conjunto (Garnica Á. V., 2016).

Los cuatro principios descritos líneas arriba han permitido contribuir a la disminución de algunos índices de pobreza de campesinos e indígenas del ámbito rural, especialmente de la Chiquitanía, propiciando un desarrollo integral y sostenible, aplicando modelos productivos diversificados y resilientes, tomando como base de acción el refuerzo de las capacidades locales de mujeres y hombres, en la gestión de sus recursos naturales, particularmente la tierra, el agua y la biodiversidad (CIPCA, 2019).

Los supuestos a considerar en este análisis están relacionados con: a) la normativa no sufre modificaciones respecto a su planteamiento en cuanto al aprovechamiento sostenible equitativo de los RRNN especialmente en cuanto al régimen de tenencia de la tierra; b) Los mecanismos de redistribución de los recursos públicos se mantienen respecto a sus volúmenes y no sufren una reducción en cuanto a sus competencias, especialmente las que favorecen a pueblos indígenas y campesinos; c) incorporar acciones orientadas a la reducción de riesgos y vulnerabilidades a los efectos del cambio climático, mediante la creación de capacidades tendientes a generar mayor resiliencia a desastres, d) promover soluciones adaptativas y de desarrollo productivo, que permitan una mayor incidencia en políticas públicas, especialmente sobre gestión integral de riesgos y adaptación, que permitan promover un desarrollo productivo resiliente.

Consideramos que el riesgo es un producto derivado de múltiples fuentes de tensión donde interactúan factores sociales, económicos, políticos y naturales, que se combinan y refuerzan entre sí para crear un ambiente dinámico y complejo de ingobernabilidad.
Experiencias y acciones de las mujeres indígenas chiquitanas desde la gestión y defensa de sus recursos naturales en sus territorios.

La Organización de Mujeres Indígenas de la Chiquitanía (OMICH) (2) viene encarando una acción colectiva que interpela el actual “modelo de desarrollo imperante” basado en la generación y acumulación de riqueza, sustentado en el uso intensivo y desmedido de los RRNN, que está provocando tasas elevadas de deforestación, pérdida de biodiversidad, incremento de temperatura, alteraciones en los ciclos hídricos, sequía e incendios forestales, que afectan de manera directa a la población indígena chiquitana, especialmente a mujeres, provocando mayores índices de pobreza y desigualdad.

La crisis climática y la desigualdad son dos expresiones de un mismo problema sistémico y se refuerzan mutuamente. En este contexto, las mujeres chiquitanas vienen construyendo evidencias de iniciativas productivas y gestión de sus recursos naturales que pueden servir como estrategias alternativas de solución a la crisis actual, dada la presión territorial y la vulnerabilidad social, económica y ambiental que vive su población. Estas experiencias de transición ecológica justa muestran verdaderamente una interdependencia, contribuyendo a la construcción de una gobernanza ambiental en sus territorios, mediante el fortalecimiento de su base productiva.

Es necesario comprender el desarrollo territorial - rural, desde una perspectiva integral y más amplia, sin ignorar que los recursos naturales que existen en un territorio son fundamentales para la reproducción y la sostenibilidad de los medios de vida, especialmente para indígenas y otros actores con presencia en el territorio, rompiendo de esta manera el viejo enfoque de “naturaleza barata” que generalmente prima sobre los territorios indígenas, como un fenómeno escandaloso donde estos territorios, son concebidos por el capital como espacios de fácil enajenación y penetración, dadas las relaciones de interdependencia que tiene el capital, promoviendo la constitución de espacios identificados como “territorios baratos”, donde las disputas por los recursos naturales, comienza a sentirse precisamente por los procesos de avasallamiento de los espacios territoriales de los pueblos indígenas.
Otra experiencia a destacar de las mujeres indígenas chiquitanas es la labor de control social de su territorio. Actualmente, su lucha en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente es fundamental, logrando generar vocería como actrices en defensa de los bosques y los territorios indígenas, en el marco del cumplimiento de su agenda estratégica, fortaleciendo el enfoque de autogestión y autonomía económica de las mujeres mediante iniciativas productivas de transformación del cusi, el copaibo en aceites esenciales, que les permitan consolidar sus agendas orientadas a la defensa de los recursos naturales, territorios ancestrales y el medio ambiente. Son las mujeres chiquitanas que, mediante esta lucha, no solo interpelan el extractivismo, sino que también utilizan esta lucha para interpelar los principios patriarcales que sustentan la actual crisis de la sociedad en su conjunto.

Es necesario alentar mayor protagonismo de las mujeres, jóvenes y comunidades indígenas, que están en primera línea de sus impactos, quienes además protagonizan las respuestas y encabezan la resistencia a las actividades más destructivas. El reto climático es colectivo, pero se construye a partir de soluciones locales y adaptadas a cada contexto, por lo que la respuesta debe diseñarse desde abajo hacia arriba, en una lógica de intervención como premisa de integración geopolítica del clima entre la diversidad de biomas que se ven afectados y presionados por la recurrencia constante de eventos climáticos, que profundizan la vulnerabilidad y la desigualdad de los sectores más empobrecidos.

Tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios, en especial de las mujeres, custodias y transmisoras de conocimientos ancestrales que hoy resultan clave para transitar hacia sistemas mejor adaptados, más respetuosos con el entorno natural y más resilientes.
Acciones desde el CIPCA que generan cambios y reducen las desigualdades territoriales en la Región Chiquitana.

Para el CIPCA constituye un desafío institucional seguir aportando a la consolidación de una gobernanza ambiental en los territorios indígenas; por ello considera importante continuar promoviendo la implementación de sistemas productivos sostenibles, que contribuyan a efectivizar una verdadera articulación entre la economía comunitaria y el pluralismo económico territorial.

Esta acción permite proyectar no solo una verdadera transformación productiva, sino el fortalecimiento de una ciudadanía activa con participación social en todos sus niveles, acortando las diferencias de género y generacionales, sobre la base de la equidad en el acceso y uso de los recursos naturales entre las instancias estatales y privadas, como una apuesta hacia la implementación de un nuevo paradigma de desarrollo, más inclusivo, intercultural y resiliente en el país, promoviendo un desarrollo rural sostenible con enfoque territorial y agroecológico.

Privilegiamos la planificación y gestión de los espacios comunales, desde una mirada de sostenibilidad social, ambiental y de equidad en el acceso a los recursos naturales.
El CIPCA cuenta con una Propuesta Económica Productiva (PEP) (3) que se desarrolla en la región chiquitana, donde se prioriza la implementación de sistemas productivos diversificados basados en: a) desarrollo de sistemas agroforestales, b) implementación de una ganadería semi intensiva, c) el manejo y gestión integral de los recursos naturales y d) fortalecimiento de las organizaciones económicas campesinas e indígenas.

El estudio de los Ingresos Familiares Anuales (IFA 2018) desarrollado por el CIPCA, establece que en promedio, una familia genera un ingreso de Bs. 32.858 al año, equivalente a $us 4.721 (4) (Salazar y Jiménez, 2018). Las diferencias de niveles de ingreso entre regiones son significativas; el mayor nivel de ingresos familiares se encuentra en la Amazonia Sur, donde, en promedio, una familia tiene un ingreso anual de Bs. 45.579. Los menores niveles de ingreso se encuentran en la región del Chaco y los Valles, donde llegan a Bs. 28.838 y Bs 27.182, respectivamente.

En promedio, una familia de la Chiquitanía tiene un monto considerable de mayores ingresos que una familia en la región del Chaco. Constituyendo estos indicadores de ingresos familiares de productores campesinos e indígenas, es una evidencia local sobre la viabilidad de la propuesta económica productiva del CIPCA, que está generando cambios sustanciales en lo económico, productivo, ambiental y social en los territorios de intervención y de cobertura que tiene la Regional Santa Cruz.

Con estas estrategias de desarrollo rural implementadas en la región chiquitana, se ha logrado alcanzar indicadores agroecológicos y de sostenibilidad interesantes, lográndose una mayor resiliencia climática en los medios de vida, mayor aporte de los componentes de la PEP en torno a la mejora de la economía campesina indígena, que se traduce en el mejoramiento de la seguridad alimentaria, la adaptación y la transformación productiva, lográndose avances sustanciales en la lucha contra los efectos adversos al cambio climático en las áreas de cobertura de la Regional Santa Cruz en la provincia Guarayos (5) y la región chiquitana (6). Asimismo, es evidente el desarrollo de estrategias de vida sostenibles de los productores y organizaciones económicas campesinas indígenas que propusieron insertar en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) con un enfoque de desarrollo territorial integral y sostenible.

Estas evidencias productivas basadas en sistemas agroforestales, una agricultura sostenible bajo riego y la piscicultura, así como la nueva ganadería y la transformación de productos no maderables del bosque en la Chiquitanía, se constituyen en interesantes estrategias para la reactivación productiva y económica de los territorios indígenas de tierras bajas, logrando consolidarse estas iniciativas como modelos de desarrollo alternativos ante la producción convencional con enfoque extractivista, donde cada vez son más adoptados por el contexto local y regional, con miras a consolidarse en el nivel nacional.

Estas experiencias alternativas de producción constituyen acciones combinadas desde lo productivo con los componentes social, político y ambiental, generando un potencial de impacto amplio para un cambio de paradigma.

En los territorios indígenas de la Chiquitanía, la gestión territorial, el acceso y el aprovechamiento sostenible de recursos del bosque permiten conservar los mismos, pero también generan ingresos económicos para las familias, sin la necesidad de realizar deforestación o degradación de los recursos naturales.

El CIPCA también implementa un proceso de fortalecimiento de emprendimientos e iniciativas de generación de valor agregado a la producción primaria (transformación del cusi, copaibo, piscicultura, frutos del bosque) a través de las Organizaciones Económicas Campesinas e Indígenas, con el objetivo de generar excedentes que puedan ser comercializados, ya sea como materia prima o con valor agregado como productos transformados. Dentro de las acciones de manejo de los RRNN en la Chiquitanía, se ha avanzado sustancialmente en la gestión de los territorios, promoviendo un conjunto de decisiones colectivas en torno a los bienes comunes que se ha puesto en práctica para la defensa, control y gestión de estos espacios conquistados por campesinos e indígenas.
Consideraciones finales

A manera de conclusiones y recomendaciones, podemos demostrar que la gobernanza ambiental se constituye en una estrategia viable orientada a superar las desigualdades.

Es necesario generar acciones de incidencia e influencia que interpelen el modelo de desarrollo actual e impulsar visiones de desarrollo alternativo, desde la participación y ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres en sus territorios.

En este sentido, se deben impulsar acciones orientadas a la construcción de visiones y modelos de desarrollo alternativos, que privilegien una transición ecológica justa, en la perspectiva de poder generar iniciativas que promuevan la conservación y el manejo sostenible de los territorios, desde la participación y ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de indígenas y campesinos en los diferentes territorios indígenas, especialmente en tierras bajas.

Los impactos de la gobernanza ambiental como estrategia de modelo territorial que permite la disminución de la pobreza en territorios campesinos e indígenas se pueden rescatar de las evidencias desarrolladas en varias comunidades indígenas chiquitanas mediante procesos de fortalecimiento de capacidades relacionados con el manejo y gestión de los recursos naturales, especialmente agua y bosques. Se puede incidir para ejercer un mejor control social sobre los recursos naturales en los territorios indígenas, que permita detener el avance de la frontera extractiva y la deforestación que viene exacerbando los efectos del cambio climático. Es necesario impulsar la gestión comunitaria de los bienes naturales y modelos productivos sostenibles, donde las mujeres y jóvenes desempeñen un rol clave, además de contribuir a su permanencia en los territorios.

Es necesario continuar trabajando en acciones orientadas a reducir las desigualdades y la pobreza de las poblaciones indígenas y campesinas, contribuyendo a generar un cambio en las relaciones de poder y distribución equitativa de los recursos naturales para un desarrollo resiliente, propiciando acciones que consideren el derecho de pueblos indígenas y campesinos como una precondición para el avance en la justicia social a partir de una efectiva gestión territorial adaptativa de sus RRNN.

Partiendo de las experiencias y acciones que vienen desarrollando las mujeres indígenas chiquitanas desde la gestión con control social y la defensa de sus recursos naturales en sus territorios, consideramos importante seguir acompañando procesos de desarrollo territorial, desde una transformación social, económica, cultural, productiva e institucional en los territorios. Esto generará cambios en las formas de participación y acceso, así como en la toma de decisiones de los actores territoriales (públicos y privados), rompiendo el viejo enfoque de “naturaleza o territorios baratos” que, generalmente, prima sobre los territorios indígenas. Asimismo, se fortalecen las capacidades internas y externas de las Organizaciones Indígenas, redefiniendo nuevas formas de gestión pública y un ejercicio pleno de ciudadanía, más allá de su participación, en la perspectiva de la construcción de visiones de desarrollo donde el acceso, control y gestión de los recursos naturales deben encararse de manera consensuada con todos los actores con presencia en el territorio, tanto públicos como privados.

Bibliografía

CIPCA. (2019). Propuesta económica productiva. Santa Cruz: CIPCA.

CLACSO. (2017). http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171030111951/GT_Ecologia_politica_Tomo_I.pdf.

Datosmacro. (agosto de 2022). https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global/bolivia.

GAMC, G. A. (17 de julio de 2021). Plan municipal de ordenamiento territorial (PMOT) de Concepción (2011-2021). Concepción: GAMC.

Garnica, Á. V. (26 de octubre de 2016). http://www.scielo.org.bo/

Garnica, Á. V. (26 de octubre de 2016). La gobernanza ambiental como enfoque para la cogestión adaptativa. Obtenido de La gobernanza ambiental como enfoque para la cogestión adaptativa: http://www.scielo.org.bo/

Ojeda, D. (2011). https://redib.org/Record/oai_articulo1804207-g%C3%A9nero-naturaleza-y-pol%C3%ADtica-los-estudios-sobre-g%C3%A9nero-y-medio-ambiente.

OMICH. (6 de abril de 2022). https://www.irfabolivia.org/11261-2/.

Reality, C. (13 de septiembre de 2022). https://www.climatereality.lat/cop/mitigacion-esfuerzos-para-prevenir-y-reducir-los-embates-del-cambio-climatico/.

Referencias

1. El Municipio de Concepción tiene una población de 18.800 habitantes; 10.060 son hombres (54%) y 8.740 son mujeres (46%). El 93,7% de su población se encuentra en nivel de pobreza y desigualdad, según datos del censo de población y vivienda 2012. ↑

2. Esta organización está compuesta por más de 20 comunidades indígenas, con una población superior a 300 mujeres chiquitanas afiliadas. Su agenda estratégica se concentra en luchar por las mujeres indígenas para vivir libres de violencia, fortalecer la autonomía económica productiva con soberanía, defender los bienes comunes de sus territorios, como ser el agua y los bosques, desde su fortalecimiento en la participación política y liderazgo como mujeres indígenas, desde un enfoque de equidad e inclusión en los ámbitos comunal, municipal, departamental y nacional. La OMICH se encuentra afiliada a la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) (OMICH, 2022). ↑

3. La Propuesta Económica Productiva tiene el objetivo de implementar un conjunto de acciones estructuradas en componentes productivos agroecológicos y de interacción con los recursos naturales, con enfoque de desarrollo rural integral sostenible para la gobernanza ambiental en las zonas de cobertura de CIPCA, apelando a lineamientos solventados en criterios de género, generacional, de resiliencia y adaptación a los efectos del cambio climático. La propuesta económica productiva combina la lógica de producción familiar, comunal y territorial, de ahí que las actividades de implementación que hacen a la PEP son efectuadas por los miembros de las familias. ↑

4. Tipo de cambio en $us a 6,96 Bs. ↑

5. Municipios de El Puente, Ascencio de Guarayos y Urubichá. ↑

6. Municipio de Concepción; Municipio de San Ignacio de Velazco ↑