
En la ciudad de Cochabamba durante la mañana del 23 de junio de 2023, con la participación de representantes de organizaciones sociales, academia e instituciones de la sociedad civil, se analizó y diálogo sobre la propuesta de Ley de Emergencia Climática. Documento elaborado, participativamente desde 2021, por un conjunto de instituciones de la sociedad civil, organizaciones y colectivos ciudadanos que trabajan temas relacionados con el cambio climático y alternativas. Este fue el primer evento, de tres que se realizarán en el eje troncal del país.
La propuesta de Ley en mención, en su objetivo central plantea la Declaración de Estado de Emergencia Climática para la gestión de financiamiento y políticas públicas que permitan enfrentar la crisis climática en todo el territorio nacional, estableciendo mecanismos de coordinación Inter gubernativa e intersectorial. Tania Riacaldi, representante del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia e investigadora del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU), indicó que la propuesta fue construida por la necesidad de dar respuestas urgentes e integrales frente a los impactos negativos del cambio climático.
Luego de la presentación del proceso de construcción y la estructura de la propuesta de Ley, se conformó un panel de comentaristas, que analizaron los planteamientos de la propuesta sobre sectores directamente vinculados con la crisis climática, como son la seguridad energética, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Las y los participantes del evento revisaron su contenido, absorbieron dudas y plantearon propuestas de mejora a través de tres comisiones de trabajo.
Entre las principales conclusiones, emanadas a través de una declaración conjunta, resaltan a) la exigencia del tratamiento de la propuesta de Ley de Emergencia Climática y su pronta promulgación e implementación por las autoridades competentes; b) la elaboración de planes inmediatos de emergencia climática para atender urgentemente la gestión de cuencas y recursos hídricos; c) fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria a través del robustecimiento de sistemas productivos campesinos indígenas; d) gestión sostenible de los bosques y ecosistemas y e) crear acciones urgentes para la transición energética justa e inclusiva. Sumado a ello, se plantea desarrollar instrumentos de participación efectiva de la sociedad civil para la gobernanza de los recursos naturales contribuyendo a procesos de transición justa, sustentable e inclusiva que permita enfrentar la emergencia climática.
CIPCA, durante su participación en el panel de comentarios a la propuesta de Ley, planteó que la agricultura familiar es el sector con más impactos negativos derivados de la crisis climática, por lo que se requieren de programas integrales que mejoren su capacidad de resiliencia, al ser un sector estratégico por su contribución a la seguridad alimentaria, a la generación de empleos y a la conservación de la agrobiodiversidad.
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