CIPCA Notas

Universalizar el Seguro Agrícola Pachamama

Autor: Coraly Salazar Carrasco (*)
Fecha: 02/08/2016

Hoy 2 de agosto se conmemora el “Día de los Pueblos Indígenas y Originarios” y el “Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria” en Bolivia.

Recordemos que el año 2011 se aprobó la Ley Nº 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria con la finalidad de “lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las bolivianas y bolivianos, en el marco de la economía plural”. Hasta el momento se han aprobado algunos decretos supremos como parte de la reglamentación de esta ley: por ejemplo se crea la empresa estratégica de semillas, la fábrica de urea, se establece un arancel diferenciado para la importación de maquinaria, equipos e insumos agropecuarios, se reglamenta el funcionamiento de los Consejos Económicos Productivos, se implementa el Sello Social Boliviano y se reglamenta parcialmente el Seguro Agrario Universal “Pachamama”, mediante la ejecución del Seguro Agrario para Municipios con Mayores Niveles de Extrema Pobreza (SAMEP), así como la creación del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA).

Este seguro cubre las pérdidas derivadas de daños causados por heladas, inundaciones, sequías y granizos que afecten a la producción agrícola, de los productores que pertenecen a los municipios con mayores niveles de extrema pobreza, brindando a cada productor registrado una indemnización de hasta 1.000 bolivianos por cada hectárea afectada. Comenzó a funcionar el año 2012 en los municipios considerados más vulnerables al sur oeste del país. De acuerdo al INSA desde su implementación, cada año se está ampliando la cobertura de este servicio pasando de más de 91.000 hectáreas aseguradas en la campaña 2012–2013 a 272.000 hectáreas para la campaña 2014–2015, y se espera que para la campaña 2015–2016 sean algo más de 249.000 hectáreas. Desde agosto de 2012 a la fecha, el Seguro habría beneficiado a 50.027 familias productoras del país y da cobertura a nueve productos agrícolas específicos: papa, trigo, maíz, quinua, haba, avena, cebada, frejol y alfalfa, entonces el productor puede asegurar de 1 a 3 hectáreas específicas de estos rubros.  

Pero ¿qué pasa con la producción diversificada que es una estrategia propia de las familias campesinas para enfrentar los riesgos climáticos, sobre todo en occidente donde la especialización no es una característica de su producción y en muchos casos se tienen parcelas de menos de 1/4 de hectárea por familia?

El contar con un seguro agrícola es sin duda un gran avance para el país, sobre todo para las y los pequeños productores campesinos indígenas de la agricultura familiar, aunque también debemos reconocer que estos esfuerzos gubernamentales todavía no son suficientes para coadyuvar a la tan anhelada soberanía alimentaria y sobre todo para cambiar las condiciones de producción que aun enfrentan problemas estructurales en las más de 800.000 Unidades Productivas Agropecuarias (UPAs) que constituyen las y los pequeños productores según el Censo Nacional Agropecuario de 2013.

Hace falta llegar a muchas más zonas productoras tanto de tierras altas como a municipios de tierras bajas que se ven afectados cada año por los efectos del cambio climático sobre todo en los departamentos de Pando y Beni que por ejemplo en 2014 perdieron al menos 125 mil cabezas de ganado, más de 71 mil hectáreas de cultivos dañados y 63 mil familias afectadas en el país por efecto directo de las inundaciones de ese año (Lecciones y desafíos que dejaron las inundaciones de 2014 en la Amazonía boliviana. CIPCA, 2015).

En el estudio “Pachamama Seguro Agrario. Demanda de cinco organizaciones sociales” realizado por el CIPCA en coordinación con el Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y organizaciones sociales y de productores el año 2011, se evidenció que la demanda de contar con un seguro agropecuario era de alta prioridad pero se debían tomar en consideración varios aspectos para que pueda atender justamente a esa diversidad productiva y a esa diversidad de pisos ecológicos con la que cuenta nuestro territorio nacional. Por ejemplo, se planteó que pueda tener dos modalidades: un seguro multirriesgo por cultivo como funciona actualmente para los principales cultivos priorizados por macro región y otro seguro catastrófico por parcela que cubra todos los productos existentes en una parcela, como parte de la diversificación productiva que practican muchas familias como en la Amazonía dentro de los sistemas agroforestales. Esto les permitiría por lo menos recuperar los costos de producción y contar con algunos alimentos para ese año.  

Asimismo, se había sugerido que se consideren varios riesgos climáticos en la misma campaña agrícola que afectan a los cultivos y no solo una como se lo hace ahora, por ejemplo inundaciones primero y luego sequías en el mismo año. Además considerar la incorporación en el seguro de la parte pecuaria, sobre todo para la región del Chaco (cruceño y chuquisaqueño) y el Altiplano (centro y sur) para un número tope de cabezas ya sea de vacunos o camélidos. En la Amazonía una de las principales preocupaciones para las y los productores son los incendios forestales, en general producidos por la actividad ganadera que habilita áreas de pastoreo o bien quema los pastos para favorecer el rebrote, para lo que se debería diseñar también un tipo de seguro específico que asegure todo el sistema agroforestal siendo que es la forma más adecuada de producción en esa región. Finalmente se debería pensar en un seguro especial para incentivar la producción agroecológica que disminuye los riesgos futuros y que es ambientalmente sostenible.

El seguro agrícola puede ser un instrumento que oriente, promueva y dinamice los roles y acciones del Estado para con el sector agrícola en sus diferentes niveles y según sus competencias, ya sea promoviendo sistemas sostenibles, producción agroecológica, políticas ambientalmente sostenibles y creando oportunidades productivas agrícolas, agropecuarias y forestales, como alternativas para el desarrollo productivo del país. Por esto es necesario primero reconocer la diversidad productiva del país para pensar también en un seguro que responda a esa diversidad, y complejidad productiva en algunos casos, para ello sin duda el contar con datos oficiales del Censo Agropecuario es un primer paso; pero también se debe generar información actualizada sobre los sistemas productivos y acelerar el estudio y diseño de los distintos tipos de seguro que se podrían implementar en Bolivia para apoyar de forma decidida a la agricultura sobre todo familiar y de las y los pequeños productores.

Ampliar el seguro agrícola en cobertura y modalidades es una necesidad urgente de los pequeños productores y esperamos que pronto se atiendan sus demandas y en las futuras celebraciones del 2 de agosto ya contemos con estas otras alternativas del Seguro Universal Pachamama que sean diseñadas de forma participativa con la población beneficiaria y con enfoques de diversificación, integralidad, agroecología y sostenibilidad para favorecer la revolución productiva de todo el país.

 

(*) Coraly Salazar Carrasco es responsable de la Unidad de Acción Política de CIPCA.

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