Autor: Favio Mayta Chipana (*)
Fecha: 29/11/2017
En Bolivia, la anemia y la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años y en edad escolar continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública. Se ha realizado un esfuerzo en los últimos años para que el porcentaje de personas desnutridas descienda del 38% en 1990-92 al 19,5% en 2012-14, según el informe “Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo” de (SOFI-2014) de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2014). El mismo informe también señala que nuestro país ha avanzado en políticas públicas de seguridad que permitieron reducir la desnutrición en 7,4 puntos porcentuales entre 2009-2011 y 2012-2014. Mientras que la desnutrición crónica en niños menores de tres años también disminuyó al 18,5 % en 2012, respecto al 26,4 % de 2008.
La FAO afirma que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. La seguridad alimentaria es el derecho de todas las personas.
La Constitución Política del Estado establece el derecho al agua y a la alimentación así como la obligación del Estado de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. También reconoce como objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, garantizar la soberanía y seguridad alimentaria priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario. La Ley N°144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria reconoce como un eje temático la planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades campesinas y los actores de economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas del desarrollo agropecuario.
CIPCA Altiplano ha realizado un diagnóstico en los municipios de Taraco de La Paz y San Pedro de Totora de Oruro del altiplano boliviano sobre el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Los datos sobre la situación nutricional de niños, niñas y adolescentes en los dos municipios del altiplano evidencian que la presencia de desnutrición leve es mayor en el municipio de San Pedro de Totora, mientras que la presencia de sobrepeso y obesidad es mayor en el municipio de Taraco. En relación a la desnutrición crónica los datos que muestran son similares siendo mínima la diferencia entre ambos municipios, sin embargo los datos muestran una prevalencia de 56,2% a 59,7% de desnutrición crónica o retraso de crecimiento lineal.
Entre los años 2013 al 2016 por ejemplo en el municipio de Taraco se evidencia que la desnutrición crónica fue disminuyendo de 63% a 51% y la desnutrición aguda bajó muy poco, de 1,4% a 1,3% (CIPCA Altiplano, 2016).
Sin embargo la alimentación en el área rural hace muchos años no era diversificada y se basada en carbohidratos y carne de llama y oveja principalmente, en la actualidad se cambiaron los hábitos alimenticios y se ha empezado con la diversificación productiva para la producción de hortalizas por ejemplo. En este marco existen experiencias en la implementación de proyectos productivos de instituciones públicas y privadas, con familias y asociaciones de productores que han implementado la producción agroecológica bajo riego en el altiplano boliviano, logrando aportar en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las familias campesinas, aunque la economía de libre mercado hace que el mercado regule los precios de los productos logrando que, por ejemplo, un kilo de arroz o fideo sea más barato que un kilo de quinua.
Por lo tanto la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con el cumplimiento de las políticas públicas internacionales y nacionales y con el apoyo a la producción agropecuaria para fortalecer el estado nutricional de las niñas, niños y adolescentes de nuestra región, dentro de un modelo aun extractivista y agroindustrial. Además la Propuesta Económica Productiva (PEP) de CIPCA, que la institución viene implementando en sus zonas de trabajo desde hace más de 10 años, ha contribuido a través de sus componentes de agricultura sostenible, diversificada y gestión territorial como experiencias y procesos exitosos con familias campesinas, enmarcados en mejorar la seguridad alimentaria, resiliencia frente al cambio climático orientado hacia la sostenibilidad del desarrollo rural, han permitido que las y los pequeños productores promuevan un manejo sostenible y adecuado de los recursos naturales como el agua y el suelo.
Por otro lado, el precio de al menos siete de los principales alimentos de la canasta familiar se duplicó en los últimos 10 años. Desde 2008 hasta la fecha el arroz, azúcar, carne de res, papa, tomate, pollo y el aceite se incrementaron casi en un 100%. Según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA. Entre 2006 y 2015 la agricultura recibió una inversión estatal de 3.509 millones de dólares, sin embargo, el aporte del sector a la economía bajó de 14,5% a 12% y el país importa más alimentos. Según el investigador Gonzalo Flores (2015), autor de estudio "Amargas Cosechas” auspiciado por la Fundación Vicente Pazos Kanki, esto ocurrió porque los recursos se gastaron principalmente en la entrega de insumos, semillas, tractores, vaquillas y riego, entre otros. Pero también en subvenciones al productor, ya sea para mejorar el valor de su producto o para que los precios hacia el consumidor se mantengan estables.
La inversión estatal en los últimos años en el sector se orientó a apoyar los servicios generales a la agricultura como investigación, riego, almacenamiento, procesamiento, extensión, cumplimiento de estándares de calidad, formación de cadenas productivas, pactos entre actores de la cadena, aprovechamiento de mercados regionales. Sin embargo no se invirtió en la generación de nuevos conocimientos para potenciar la agricultura, por ejemplo, desarrollar variedades de papa u hortalizas resistentes a plagas y al clima. La expansión reciente de la producción y las exportaciones agropecuarias, salvo excepciones, ha estado concentrada en un conjunto limitado de productos básicos primarios con escaso valor agregado. Ello ha derivado en una marcada vulnerabilidad ante variaciones en los precios internacionales tanto de productos exportables (como café y soja) como de productos de importación (arroz, maíz, azúcar, etc.) y en caídas significativas en los términos de intercambios internacionales.
(*) Favio Mayta Chipana es técnico de CIPCA Altiplano.
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.