
Implemetación de parcelas SAFs sin quema Comunidad Jerico
Autor: Armin Escobar Torrez.
Fecha: 16/04/2026
Introducción.
Con frecuencia, al abordar los sistemas agroforestales (SAF), se destacan sus múltiples virtudes en relación con la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, la mejora de la salud del suelo, la resiliencia de los ecosistemas y su aporte a la conservación de los medios y formas de vida de las familias que apuestan por su implementación. Estos atributos han posicionado a los SAF como una alternativa integral de desarrollo rural, especialmente en contextos amazónicos.
En la actualidad, se observa un proceso de “revalorización” de estos sistemas en el marco de las agendas climáticas globales, donde se reconoce su contribución a la mitigación del cambio climático mediante la captura y almacenamiento de carbono. No obstante, este interés renovado tiende a invisibilizar que estas prácticas tienen profundas raíces en formas ancestrales de manejo del territorio, como chacos, chacras o chagras, que históricamente han reproducido la lógica del bosque mediante la diversificación de especies.
A partir de la década de los años setenta, estas prácticas fueron sistematizadas bajo el concepto de agroforestería, consolidando la idea de “imitar al bosque” como principio estructurante de los SAF. Desde entonces, se ha desarrollado una amplia variedad de sistemas según objetivos productivos, niveles de diversificación y condiciones ecológicas. En Bolivia, incluso es posible diferenciarlos según pisos ecológicos, lo que evidencia su adaptabilidad (CIPCA, 2015)[1]. Sin embargo, la implementación de SAF implica procesos de mediano y largo plazo, que requieren acompañamiento técnico constante, inversión de esfuerzos y una visión integral que trascienda el bienestar inmediato de las familias, incorporando también la salud del ecosistema y la cohesión comunitaria.
Sistemas agroforestales en el norte amazónico de Bolivia.
Los primeros registros de implementación de sistemas productivos diversificados en la Amazonía norte de Bolivia se remontan a finales de los años noventa, impulsados por organizaciones de la sociedad civil.
El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), desde su entonces Regional Norte Amazónico con sede en Riberalta, comenzó a sentar las bases de una propuesta económica productiva alternativa en territorios marcados por limitaciones estructurales a nivel social y económico.
Durante esta etapa inicial, CIPCA articuló esfuerzos con otras instituciones como el Instituto para el Hombre, la Agricultura y la Ecología (IPHAE), configurando un momento fundacional en la introducción de sistemas diversificados en la región. Mientras CIPCA orientaba su intervención hacia la promoción del cacao como especie principal de los SAF en comunidades ubicadas al oeste de Riberalta, alcanzando luego territorios del municipio de Gonzalo Moreno y Puerto Rico, IPHAE lo hacía al este del municipio de Riberalta, impulsando el cultivo del copoazú. Estas primeras experiencias marcaron el inicio de una apuesta innovadora en terreno, basada en la diversificación productiva y el manejo integrado de especies.
Comunidades como Santa María, San Juan del Urucú, Miraflores y Nazareth, en el municipio de Riberalta, constituyeron zonas de trabajo intensivo de CIPCA, donde se desarrollaron las primeras experiencias en sistemas agroforestales. Estos sistemas, que actualmente llegan a los 25 años, son gestionados por una nueva generación dentro de las familias y continúan siendo objeto de interés por parte de otras instituciones y la academia.
En sus inicios, dichas experiencias tuvieron un carácter experimental y no respondían a una tipología definida de SAF (multiestrato, intermedio o comercial). Más bien, su implementación estuvo orientada a fortalecer la seguridad alimentaria de las familias y a conservar semillas de especies nativas, en una lógica de adaptación progresiva a las condiciones del bosque amazónico.
A partir del año 2007, CIPCA amplió sus acciones hacia el municipio de Puerto Rico, donde comunidades como Palestina, Campeones, San Antonio del Matty, Mandarinos y Jericó incorporaron sistemas agroforestales en sus prácticas productivas. Posteriormente, la intervención se extendió a comunidades como Irak y Sacrificio, inicialmente desde un enfoque de fortalecimiento organizativo y social, consolidando así una presencia territorial integral.
Entre 2009 y 2011, con el apoyo de la cooperación internacional, se amplió la superficie bajo SAF, incorporando comunidades como Deslinde, Motacusal y Avaroa. Este periodo marcó un punto de inflexión en la escala de intervención, consolidando aprendizajes técnicos y fortaleciendo la adopción de estos sistemas. Desde 2012, el CIPCA Norte Amazónico dio continuidad a estas experiencias, garantizando un acompañamiento sostenido a las familias en municipios como Puerto Rico, Gonzalo Moreno y Riberalta.
De forma paralela, aunque con menor intensidad, la expansión de los SAF se extendió hacia municipios como Porvenir y Filadelfia desde 2005. Este proceso se fortaleció posteriormente en 2018 y 2021, mediante nuevos apoyos institucionales, lo que permitió ampliar la cobertura territorial y diversificar los sistemas existentes[2], incorporando nuevas especies y mejorando su manejo.
En estos procesos también se evidenció el aporte de diversas instituciones locales, programas públicos y organismos internacionales, que contribuyeron a generar sinergias en torno a la agroforestería como una alternativa productiva en la región.
El desarrollo de los sistemas agroforestales en la Amazonía no ha estado exento de desafíos. Las condiciones edafológicas, junto con la predominancia de especies de crecimiento lento, han determinado procesos productivos de largo plazo. En este contexto, la adopción de los SAF ha requerido una visión sostenida por parte de las familias, basada en el manejo progresivo de sus parcelas, principalmente con especies nativas.
Actualmente, existen sistemas agroforestales consolidados que albergan cerca de ochenta especies entre maderables, palmeras y frutales, reflejando un alto nivel de complejidad y diversificación. Sin embargo, más allá de su renovada valorización, es fundamental reconocer el carácter pionero de estas experiencias, desarrolladas en contextos de incertidumbre y aprendizaje colectivo.
En este sentido, esta larga experiencia demuestra que trabajar desde una visión de procesos, y no únicamente mediante intervenciones puntuales, genera beneficios que trascienden lo económico, fortaleciendo capacidades técnicas, organizativas y territoriales. Estas dinámicas contrastan con modelos convencionales orientados al corto plazo, la producción a gran escala y la reducción de incertidumbre, muchas veces en detrimento de factores sociales y ambientales.
Manuel Ayala (†), pionero en la implementación de SAF cacao en Riberalta desde 2012 (izquierda).
Barbarita Ayala[3] y su esposo Raúl Hurtado (2021) continúan con el manejo y diversificación de la parcela (derecha).
Foto: CIPCA
Trayectoria de los mecanismos de compensación climática y su evolución en Bolivia
En 1997, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se adopta el Protocolo de Kioto, que introduce por primera vez mecanismos de mercado orientados a la mitigación de emisiones, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Este instrumento permitió la implementación de proyectos en países en desarrollo y la transferencia de reducciones certificadas de emisiones entre Estados, sentándose las bases de lo que posteriormente se consolidaría como mercados de carbono.
Este enfoque fue ampliado con la adopción del Acuerdo de París en 2015, que incorpora un marco más flexible de cooperación internacional para la mitigación. En particular, el Artículo 6 establece distintos enfoques para la transferencia de resultados de mitigación, tanto mecanismos basados en mercado como enfoques no basados en mercado, ampliando las posibilidades de participación de actores públicos y privados.
En este contexto global, Bolivia mantuvo durante varios años una posición crítica frente a los mecanismos de mercado, argumentando que podían promover la mercantilización de la naturaleza y desplazar la responsabilidad de mitigación hacia países en desarrollo. Esta postura se expresó en la promoción de enfoques alternativos basados en la justicia climática y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.
No obstante, a partir de la década de 2020 se evidencia una apertura progresiva hacia mecanismos de financiamiento climático, particularmente aquellos basados en resultados. Un hito relevante fue la adhesión del país a la Coalición LEAF en 2021, orientada a canalizar recursos para la reducción de la deforestación bajo esquemas tipo REDD+. En este marco, Bolivia participó bajo un enfoque propio, priorizando referencias a enfoques no basados en mercado, en línea con el artículo 6.8 del Acuerdo de París.
Posteriormente, en un contexto de restricciones económicas internas, se intensificó la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. En este escenario, la aprobación del Decreto Supremo 5264 en 2024 constituye un punto de inflexión, al establecer condiciones habilitantes para el desarrollo de iniciativas de mitigación susceptibles de acceder a financiamiento climático.
Como parte de su implementación, en 2025 se aprobaron instrumentos regulatorios como el Registro Nacional Obligatorio de Programas y/o Proyectos (RENAPP) y lineamientos para la evaluación y priorización de iniciativas, consolidando un marco institucional para la gestión de acciones de mitigación en el país, en articulación con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND, por sus siglas en inglés).
En este nuevo escenario, las acciones de mitigación pueden desarrollarse, de manera general, bajo dos modalidades: Mecanismos de cooperación internacional entre Estados, incluyendo transferencias de resultados de mitigación (mercado regulado) e iniciativas voluntarias impulsadas por actores privados, en el marco de estándares internacionales (mercado voluntario). Sin embargo, la operativización plena de estos mecanismos aún requiere el desarrollo de normativa específica, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para aspectos clave como la medición, reporte y verificación (MRV), la trazabilidad y la integridad ambiental.
En paralelo, el sector privado ha incrementado su participación en la promoción de iniciativas vinculadas al carbono, generando espacios de discusión técnica, impulso y posicionamiento sobre financiamiento climático. No obstante, Este proceso también plantea desafíos estructurales, particularmente en relación con la gobernanza territorial, la distribución de beneficios y los riesgos asociados a enfoques reduccionistas centrados exclusivamente en el carbono. En este contexto, el desafío para los actores territoriales e institucionales radica en incidir en el diseño e implementación de estos mecanismos, asegurando que respondan a principios de equidad, sostenibilidad e inclusión.
Los SAF y su capacidad de remoción y captura de carbono
De manera consistente, desde distintos contextos territoriales, se han destacado las múltiples bondades de los sistemas agroforestales (SAF), particularmente en relación con la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, la protección del patrimonio genético, la salud del suelo, la cohesión comunitaria y el fortalecimiento de los roles de jóvenes y mujeres. Sin embargo, su abordaje desde la acción climática, específicamente en términos de captura y almacenamiento de carbono, ha sido aún limitado en comparación con otros enfoques. En términos técnicos, los SAF contribuyen a la mitigación del cambio climático a través de dos procesos principales:
a) Captura o remoción de CO₂:
La incorporación o incremento de cobertura arbórea permite la absorción de dióxido de carbono (CO₂) mediante la fotosíntesis, incorporándolo a la biomasa vegetal. Este carbono se distribuye en distintos compartimentos del sistema: biomasa aérea (troncos, ramas y hojas), biomasa subterránea (raíces) y materia orgánica del suelo. En el ámbito climático, este proceso de secuestro que realizan los SAF se denomina remoción de carbono (carbon removal o sequestration).
b) Almacenamiento de carbono:
El carbono capturado permanece almacenado en los distintos reservorios del sistema mientras no sea liberado nuevamente a la atmósfera. Este stock de carbono, en biomasa, hojarasca, necromasa y suelo, constituye una contribución relevante a la estabilidad climática, siempre que se garantice su permanencia en el tiempo. En el ámbito climático, este proceso se denomina carbon stock o carbon storage.
Adicionalmente, los SAF contribuyen a la mitigación a través de la reducción de emisiones asociadas a la deforestación y degradación, al disminuir la presión sobre los bosques y promover sistemas productivos más sostenibles. Estas contribuciones suelen enmarcarse en el concepto de emisiones evitadas, aunque su cuantificación requiere metodologías robustas y la definición de escenarios de referencia o líneas base.
Enriquecimiento de SAF en comunidad San Ariel, Mun. Riberalta (2022), mejorado con IA
Foto CIPCA
Asimismo, la incorporación de tecnologías complementarias, como el uso de biochar (producto de la pirólisis de biomasa), idea impulsada en la Amazonía en articulación con Medicus Mundi, la Universidad Autónoma José Ballivián y CIPCA[4], fortalece la capacidad de los sistemas para mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la retención de carbono. Experiencias locales con residuos como cáscara de castaña o semillas de asaí muestran potencial, aunque su contribución climática requiere aún ser evaluada bajo criterios técnicos estandarizados.
En el marco del debate sobre compensación climática, resulta pertinente también un ejercicio de coherencia institucional. CIPCA reconoce la existencia de una huella de carbono asociada a su funcionamiento (estimada en 600 tCO₂e/año) y viene impulsando acciones de mitigación tanto internas como en territorio. No obstante, más allá de un balance cuantitativo, la reflexión central trasciende la lógica de compensación directa y se orienta a cuestionar el rol de los SAF como estrategia integral de acción climática.
Investigaciones institucionales en la Amazonía han estimado valores de referencia de almacenamiento de CO₂ en SAF, considerando distintas etapas de desarrollo y zonas. Estudios recientes, como el del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía (IIFA) de la Universidad Autónoma José Ballivián del Beni, reportan rangos superiores en estos sistemas pioneros, evidenciando que la diversificación y el grado de desarrollo son determinantes en la capacidad de almacenamiento de carbono. No obstante, es clave implementar sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) para establecer líneas base, monitorear cambios y garantizar la integridad ambiental.
En contraste, la dinámica actual de los mercados de carbono tiende a valorizar más los sistemas con capacidad activa de secuestro, como los SAF, frente a los stocks de carbono en bosques naturales y áreas protegidas, esto debido a que evidencian incrementos significativos de almacenamiento en menor tiempo. En términos operativos, para que los SAF sean considerados dentro de iniciativas de financiamiento climático, es necesario analizarlos desde los siguientes criterios:
a) Adicionalidad:
Los SAF representan una transformación significativa respecto a escenarios sin intervención, generando mejoras en la producción por incremento de materia orgánica, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la captura de carbono. La adicionalidad se expresa en el incremento real de carbono almacenado, además de los beneficios socioeconómicos derivados del sistema. Este proceso es posible gracias a la acción voluntaria y sostenida de las familias, cuyo esfuerzo permite consolidar un sistema productivo que, además de garantizar alimentos de diferentes ciclos durante todo el año, incrementa progresivamente su capacidad de captura y almacenamiento de CO₂, constituyéndose en una contribución efectiva a la acción climática; es decir, sin el SAF de la familia, no sería igual el grado de conservación de carbono impulsado por esa unidad familiar.
Esquema recreado con IA
b) Permanencia:
La estabilidad del carbono almacenado en los sistemas agroforestales está estrechamente vinculada al mantenimiento del sistema, lo cual depende del ciclo de vida de las especies, pero también de factores como la seguridad jurídica de la tierra. En este sentido, aspectos como la gestión comunitaria, el marco normativo vigente (CPE, FES, PLUS, PGIBT) y la visión de las familias sobre el uso de su territorio contribuyen a garantizar la sostenibilidad de los SAF amazónicos en el tiempo. Asimismo, resulta fundamental el rol de las instituciones que brindan acompañamiento técnico y social de manera oportuna, fortaleciendo las capacidades locales para la gestión y permanencia de estos sistemas. En esta línea, la gestión de riesgos se constituye en un factor determinante, ya que los SAF no están exentos de eventos adversos como incendios o sequías. Por ello, la capacidad de prevención, respuesta y adaptación frente a estos riesgos es clave para asegurar su continuidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que generan.
Reunión de coordinación interinstitucional. COMURADE Riberalta 2023
Foto: CIPCA
c) Co-beneficios:
Más allá del carbono, los sistemas agroforestales (SAF) generan múltiples beneficios en términos de alimentos, ingresos económicos, fortalecimiento organizativo y sostenibilidad territorial, constituyéndose en verdaderos sistemas integrales de vida. En este marco, su implementación no ha estado históricamente vinculada a esquemas de compensación externa, sino a la satisfacción directa de las necesidades de las familias productoras. Los SAF, junto con otros sistemas de provisión del bosque, permiten sostener condiciones de vida adecuadas, basadas en el uso y manejo equilibrado de los recursos naturales. En este sentido, se trata de una práctica que no depende de incentivos económicos adicionales para su validez o continuidad, dado que sus beneficios intrínsecos ya garantizan su funcionalidad y pertinencia en el territorio.
Los SAF como activo familiar: Sistema productivo en la comunidad Deslinde, Mun. Puerto Rico, 2023
Foto: CIPCA
Los SAF como estrategia climáticamente inteligente.
En el contexto actual, donde los SAF son revalorizados como contribuyentes a la acción climática, particularmente por su capacidad de captura y almacenamiento de carbono, surge la necesidad de reflexionar críticamente sobre los enfoques que promueven su implementación bajo esquemas de compensación. Si bien estos mecanismos pueden representar oportunidades, también conllevan riesgos que deben ser considerados, especialmente en territorios donde las relaciones con el bosque no están mediadas históricamente por lógicas de mercado.
En la introducción de incentivos económicos asociados al carbono, hay la posibilidad de que se generen dinámicas no deseadas al interior de las comunidades. Bajo esta lógica, prácticas tradicionalmente orientadas al cuidado y uso sostenible del bosque podrían reconfigurarse hacia esquemas condicionados, donde la conservación deja de ser un valor intrínseco para depender de forma contraproducente de una compensación. Experiencias en la Amazonía en otros sectores extractivos muestran que estos procesos pueden transformar profundamente las decisiones comunitarias. Actividades inicialmente resistidas, como la minería, han terminado siendo adoptadas bajo la lógica de aprovechamiento económico directo, en contextos donde se percibe que los beneficios no llegan o son capturados por actores externos. Este tipo de transiciones evidencia los riesgos de introducir incentivos que no son compatibles con las dinámicas territoriales.
Asimismo, es fundamental situar el debate en una perspectiva de justicia climática. Las poblaciones rurales e indígenas de la Amazonía no son las responsables de las emisiones que originan la crisis climática global. Por el contrario, han sostenido históricamente sistemas de vida que conservan los bosques y mantienen funciones ecosistémicas clave. En este sentido, trasladar la carga de la mitigación hacia estos territorios, sin cuestionar los patrones de producción y consumo de los países con mayores emisiones, reproduce inequidades estructurales. Por ello, si bien los SAF pueden constituirse en una estrategia climáticamente inteligente, su promoción en el marco de mecanismos de compensación debe realizarse con mucho criterio, evitando la imposición de enfoques unilaterales sobre los principios de sostenibilidad y derechos. En este sentido, es necesario avanzar hacia formas de implementación más conscientes, que reconozcan el valor integral de los territorios amazónicos y que van mucho más allá del carbono.
SAF Cacao como sistema generador de ingresos: San Juan del Urucú 2021
Foto: CIPCA
Posición institucional frente a los mercados de carbono.
En este contexto, el CIPCA reafirma una posición basada en el empoderamiento campesino e indígena, la equidad y la sostenibilidad territorial. La inevitable incorporación de mecanismos de compensación climática debe realizarse con responsabilidad, asegurando procesos de información clara, consulta previa, libre e informada y una distribución justa de beneficios.
Asimismo, se enfatiza la necesidad de garantizar la trazabilidad, la transparencia y la integralidad de las iniciativas, evitando enfoques que reduzcan los territorios a meros espacios de provisión de carbono. Desde esta perspectiva, se promueve una implementación gradual y contextualizada de estos mecanismos, orientada a fortalecer capacidades locales y a consolidar una posición propia de los territorios frente a las dinámicas del financiamiento climático.
Referencias
[1] https://www.cipca.org.bo/docs/publications/es/110_sistemas-agroforestales-en-la-amazonia-boliviana-1.pdf
[2] En la práctica, términos como diversificar, enriquecer u optimizar hacen referencia a intervenciones orientadas a incrementar la diversidad de especies, dar continuidad a la sucesión del sistema, recuperar componentes o reactivar su dinámica mediante el manejo. En cambio, el término implementación alude al establecimiento de sistemas desde cero.
[3] El cacao producido en el SAF de la familia Ayala, en la comunidad San Juan del Urucú (municipio de Riberalta, Beni), alcanzó reconocimiento internacional al obtener la medalla de oro en el Cocoa of Excellence Awards París 2021, representado por Barbarita Ayala. Así como el Premio Ecuatorial 2021.
[4] https://www.cipca.org.bo/noticias/productores-de-medio-monte-riberalta-y-gonzalo-moreno-se-capacitan-en-practicas-agroecologicas
CIPCA Notas
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