CIPCA Notas

Sin autonomías indígenas no hay Estado Plurinacional

Autor: Fredy Villagomez (*)
Fecha: 20/07/2015

Los caminos y procedimientos para pasar del reconocimiento constitucional de los derechos de autonomía y autogobierno indígena al ejercicio pleno de los mismos se han hecho sinuosos y empinados para los pueblos indígenas y originarios por una serie de condiciones, requisitos y obstáculos burocráticos establecidos por el Estado, también por la escasa voluntad política de parte de las autoridades nacionales y locales. Estas barreras legales y procedimentales están siendo franqueadas por el esfuerzo y persistencia de las propias organizaciones indígenas originarias a través de una serie de movilizaciones, reuniones,  presiones, amenazas y audiencias ante las instancias públicas. Si contabilizamos en términos de tiempo los esfuerzos en este andar hacia la autonomía indígena, el trajín es largo  ya que habiendo  pasado más de 5 años todavía no es suficiente para allanar el camino y afianzar las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas.

A pesar de estos obstáculos y dificultades, los pueblos indígenas -titulares del derecho a la libre determinación- han dado pasos importantes en este tránsito hacia a la autonomía indígena; cumplieron con los requisitos de acceso a la autonomía, elaboraron y consensuaron sus estatutos autonómicos, varios pasaron el examen de constitucionalidad, tramitaron la convocatoria al referendo de aprobación ante el Tribunal Supremo Electoral y, finalmente, un par de municipios someterán a consulta de la población sus proyectos de estatuto en los próximos meses. El referendo de aprobación de estatuto es el último paso que, si se logra el consentimiento de la población, dará lugar a la constitución de los gobiernos indígenas en base a sus saberes, normas y procedimientos propios. Otro logro importante de este proceso es la construcción de jurisprudencia y de rutas para el acceso a la autonomía, la elaboración y aprobación de estatutos que consta de leyes, reglamentos, resoluciones y procedimientos que facilitarán las gestiones a los nuevos procesos de autonomía indígena.

En la Asamblea de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originaria Campesinas (CONAIOC), realizada el 12 y 13 de junio de este año  en el municipio de San Pedro de Totora de Oruro, se informó que cuatro municipios en conversión a la Autonomía Indígena tienen sus proyectos de estatutos constitucionalizados: San Pedro de Totora, Charagua, Mojocoya y Huacaya, los dos primeros irán al referendo aprobatorio el 20 de septiembre de 2015; UruChipaya, Pampa Aullagas y Raqaypampa (este último por vía territorial) tienen proyectos de estatutos constitucionalizados con observaciones; Charazani, Tarabuco y Jesús de Machaca tienen estatutos elaborados que no fueron aprobados por diferencias internas. Por otra parte, nueve territorios indígenas y diez municipios están gestionando ante el Ministerio de Autonomías para transitar por el camino de las autonomías, Raqaypampa y Corque Marka ya lo hicieron a través de una consulta por normas y procedimientos propios; los municipios de Gutiérrez y Curva ya solicitaron referendo de acceso al Tribunal Supremo Electoral.

Los pueblos indígenas y originarios, sorteando las dificultades y limitaciones, apuestan por el derecho al autogobierno como proyecto político de largo plazo que implica la restitución de sus autoridades originarias o propias, la reconstitución y el control sus territorios que consecuentemente dará lugar a la concreción de la plurinacionalidad y la descolonización. Aunque también existen posiciones escépticas que sostienen que las autonomías indígenas son limitadas en su alcance, esto debido a que las leyes secundarias ya no responden al proyecto histórico de las naciones y pueblos indígenas.

Sin embargo, el hecho de que el proceso de implementación de autonomías indígenas tenga detractores acérrimos al interior de los territorios y reticencia/recelo por parte del gobierno central es sintomático de que está afectando intereses económicos, sociales y políticos, e inclusoestáinterpelando proyectos hegemónicos de poder. Los estatutos autonómicos indígenas plantean, con matices y diferencias para cada caso, la conformación de un gobierno indígena en base a sus instituciones, normas y procedimientos propios, sin intermediación de los partidos políticos, en el que la Asamblea Comunal forma parte de la estructura de gobierno y tiene poder de decisión. Se propone una gestión pública en la que el poder local y los recursos económicos estarán distribuidos de manera más democrática y transparentemente, y las prioridades de desarrollo serán definidas participativamente de abajo hacia arriba.

La autonomía indígena que pretende modificar las relaciones de poder al interior de los territorios/municipios y con el gobierno central es resistida y cuestionada por sectores urbanos de los pueblos señoriales, por algunas autoridades municipales, ganaderos, mineros, residentes en las ciudades, por los partidos políticos, comités cívicos, etc. Quienes enarbolan prejuicios y falsos argumentos para confundir a la población afirman que con la autonomía indígena se retrocederá 500 años, se eliminará el derecho al voto universal, aumentarán los impuestos, no se respetará la propiedad privada, el gobierno será solo para indígenas, etc.

En este contexto, consideramos que hay la necesidad de ampliar y profundizar el debate sobre el tema de las autonomías indígenas sobre sus implicancias y la importancia central de esta para la construcción del Estado plurinacional y la descolonización que, a pesar de algunos avances simbólicos, aún siguen siendo proyectos inconclusos. Ello, también implica, por supuesto, mayor atención desde los órganos del Estado, allanando el camino, para la realización del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y originarios, puesto que sin autonomías indígenas no será posible la construcción real del Estado plurinacional.

 

(*) Fredy Villagomez Guzmán es miembro de la Unidad de Acción Política del CIPCA.

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