CIPCA Notas

Repensar un modelo de desarrollo rural sostenible desde la agricultura familiar en tiempos de COVID-19

Autor: Sheyla Martínez, directora CIPCA Santa Cruz
Fecha: 05/05/2020

El modelo agroindustrial cruceño ha sobresalido en los últimos 40 años por su dinamismo económico, que fue asistido vehementemente por una institucionalidad pública favorable a su expansión, pese a la profundización de los efectos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad que caracteriza al país. Este acompañamiento se replica muy evidentemente en la gestión del gobierno nacional actual y mucho antes de las medidas tomadas por la pandemia del COVID-19.

La dependencia de una economía globalizada y capitalista que mide a los países por indicadores macroeconómicos, no está permitiendo en este escenario de emergencia sanitaria mostrar la importancia fundamental de otros actores productivos que también son parte primordial para el desarrollo nacional y su soberanía alimentaria. Donde la soberanía alimentaria, es entendida como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo (Vía Campesina, 2002).

En este sentido cabe recordar, que en el período neoliberal que se extendió desde el año 1986 (El DS 21060 que marca el inicio del período neoliberal se promulga el 9 de agosto de 1985) a 2003 se declaró a la economía boliviana a la libre exportación bajo la consigna “exportar o morir”, la soya denominada “el grano de oro” tuvo un gran respaldo para la mejora en su competitividad y así compensar la caída de los minerales en el mercado internacional. Implementándose como parte de esta estrategia, el proyecto Tierras Bajas del Este (Low Lads) financiado por el Banco Mundial y la KFW de Alemania dirigido a promover el crecimiento comercial de la soya (PIEB, 2001). De igual manera, inicio la dinamización del mercado de la tierra y la deforestación en la zona de Pailón.

En el período 2006 al 2019 en el gobierno del presidente Evo Morales, donde primaron los discursos por los derechos de la Madre Tierra, la soberanía alimentaria y la descolonización del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, que cada vez fueron más incoherentes con la gestión presidencial, el sector agroindustrial cruceño se mostró versátil con el fin de reposicionar su agenda económica productiva en las políticas públicas nacionales. En el afán de encontrar una consonancia con los nuevos paradigmas vinculados a la seguridad y soberanía alimentaria para el Vivir Bien, el sector agroempresarial desplego una estrategia vinculada a su aporte en la producción de alimentos para el mercado interno del país y, por ende, a la canasta básica de alimentos bajo el lema “Producimos alimentos para Bolivia” (https://www.anapobolivia.org/).

Sin embargo, la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” realizada el año 2015 estuvo dirigida a repotenciar el modelo agroexportador con el fin de triplicar el aporte agropecuario al PIB nacional (derivados de la soya y la carne bovina) ante la caída nuevamente, de los precios internacionales de los hidrocarburos y minerales. Este espacio fue planificado para constituirse en un encuentro entre el gobierno nacional y el sector agro exportador cruceño, pero se tuvo la necesidad de legitimar el evento y sus resultados, ampliando la convocatoria a los pequeños y medianos productores a través de las organizaciones que los representan (Fundación Tierra, 2015).

En contra de todos los pronósticos en este encuentro un gobierno de corte socialista y con un fuerte discurso contra el capitalismo y sus políticas liberales, estableció con el sector empresarial metas dirigidas a incrementar la superficie agrícola y pecuaria de 5,22 millones de hectáreas para entonces a 13 millones para el año 2025, elevando la producción nacional agropecuaria de los 15 a 45 millones de toneladas, definiendo una agenda de trabajo donde varios de los puntos concertados van en contra de todos los Derechos de la Madre Tierra.

La agroindustria garantizó también la apertura a más eventos transgénicos, y en contra de lo que establece la ley actualmente, se aceptó cambiar la periodicidad del control de la Función Económica Social (FES) de 2 a 5 años, arguyendo que su carácter bianual dificulta o restringe el acceso al crédito agrícola basado en la propiedad de la tierra como garantía. El desbosque y la ampliación de la frontera agrícola también fueron negociados, de al menos 2,5 millones de hectáreas en el corto plazo a favor de la ganadería y la agricultura comercial. A través de una concesión a los campesinos interculturales se estableció la ampliación de la superficie objeto de desmonte de 5 a 20 hectáreas para pequeños productores, comunidades y asentamientos humanos contribuyendo también a la ampliación de la frontera agrícola (CIPCA, 2015). En el rubro ganadero, se planteó ampliar mayor cantidad de tierras para generar excedentes de carne para llegar a las 120.000 toneladas.

A nivel comercial, se analizó la liberación de las exportaciones de los productos sujetos a restricción como el azúcar, alcohol, carne, soya y sus derivados, y la promoción y nuevos acuerdos comerciales con mercados adicionales.

En esta línea, el gobierno anterior generó un marco normativo favorable al sector agropecuario empresarial fuertemente cuestionado por sus efectos sobre los recursos naturales (Leyes 741/15 y 1098/18; Decretos Supremos 3874/19 y 3973/19), concluyendo con los incendios forestales registrados en el año 2019 que afectaron a más de 6.4 millones de hectáreas en todo el país, equivalente a la superficie total del departamento de Pando (FAN, 2020) y ocasionaron un biocidio sin precedentes en el país.

También concretó la apertura del mercado a la República Popular China para la exportación de carne bovina. El protocolo de requisitos sanitarios se suscribió el 26 de abril de 2019 y el 28 de agosto del mismo año el ex presidente Evo Morales Ayma, el presidente de la Confederación de Ganaderos Oscar Ciro Pereyra y el representante de los Frigoríficos Bertrand de Lassus, realizaron el primer embarque de 48 toneladas de carne para exportación a China (Ministerio Relaciones Exteriores, 2019)

En la coyuntura actual, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero identifica al sector agropecuario y la industria como la punta de lanza para impulsar la economía boliviana luego de la cuarentena, señalando que todo el mundo necesitará alimentos y por ello se debe trabajar en la autorización para el uso de transgénicos en Bolivia, porque en las condiciones actuales no se puede competir con los países vecinos y considera que es una bendición que el país genere el 80% de sus alimentos (El Deber, 2020). 

En esa línea se explican la liberación de exportaciones de maíz, soya y carne bovina (Decreto Supremo 4139 de enero 2020) y la admisión de la solicitud de evaluación técnica de soya transgénica HB4 resistente a la sequía por el Comité Nacional de Bioseguridad a la cabeza del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, en su calidad de Autoridad Ambiental Competente Nacional.

Estas posturas denotan una premura en la priorización nuevamente del sector agroindustrial, para dar una estabilidad a la macroeconomía boliviana, sin tomar en cuenta los efectos económicos sobre la producción campesino indígena que provee de alimentos básicos al país, sector relegado en los últimos 40 años; como tampoco, se consideran los impactos ambientales que se profundizarán en un futuro próximo.

Actualmente, los ingresos de las familias campesino indígenas dedicadas a la agricultura, están entre los más bajos del país con un promedio de 32.958 Bs/año (4.721 dólares) y considerando familias de cinco miembros en promedio, se tiene un ingreso per cápita 6.572 Bs/año (944 dólares). Estos montos se encuentran por debajo del salario mínimo o el ingreso per cápita nacional de 24.000 Bs/año (Salazar y Jiménez, 2018).

Pese a esta situación, la agricultura familiar en todos sus niveles aporta entre el 40 al 60% de los alimentos en Bolivia consistentes en variedad de productos frescos de consumo diario como son: las hortalizas, tubérculos, frutas y cereales, y de una lista de 39 productos de la canasta básica de alimentos, el 36% proviene de este tipo de producción familiar (CIPCA, 2020).

Sin embargo, y pese al esfuerzo de estas familias productoras, la importación y el contrabando de alimentos son serias competencias, si esto es permanente, va en aumento, sin control y sin políticas de Estado que gobierne esta situación. Los efectos negativos pueden resultar en un desincentivo de la producción interna de alimento, teniéndose como primeros efectos, el abandono del campo de familias campesinas e indígenas, hacia los cordones de pobreza de los centros urbanos y la urbanización de áreas productoras de alimento para el crecimiento de la población urbana.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencian que entre el año 2000 y 2016 el ingreso de alimentos, en otrora abastecidos por los pequeños productores, habría aumentado significativamente. La importación de papa sufrió un incremento del 400%, la del tomate en 500% y la de cebolla sufrió un aumento exponencial de 1.507% (CIPCA, 2018).

Otro de los impactos visibles, es la vulneración de la soberanía alimentaria de la población por la importación y dependencia de alimentos principalmente procesados, modificando los patrones alimentarios muy vinculados a sistemas alimentarios rurales que suman a la problemática social, la incidencia cada vez creciente, de casos de diabetes, obesidad, hipertensión arterial y otras vinculadas a la mala alimentación.

En Bolivia (Fundación Tierra, 2019), del total de las importaciones de alimentos y bebidas para la población, los alimentos procesados representan, en términos de valor, la mayor parte de esas importaciones. Mientras en el 2010 representaban 232,2 millones $us, en el 2016 representan 402, 9 millones $us (aumentaron 1.84 veces más).  

De igual manera, habría que tomar en cuenta los efectos en la macroeconómica de Bolivia, país muy vulnerable en su economía extractivista, dado que la según la FAO (2004), el pago de las importaciones de alimentos puede someter a prueba los recursos de los países donde el crecimiento económico se retrasa y los ingresos de divisas son limitados. Una manera de calibrar el nivel de «estrés» que pueden representar las importaciones de alimentos es examinar qué parte del PIB y de los ingresos de exportación (total de exportaciones de mercancías) debe destinarse a pagar la factura de las importaciones de alimentos.

En este sentido, como una política prioritaria de cualquier gobierno en nuestro país debe ser dirigida a dinamizar la producción de alimentos por la agricultura familiar, dado que absorbe el 88% del total de la mano de obra agrícola a nivel nacional. Al desagregar por mano de obra familiar y contratada, la agricultura familiar emplea el 94% del total de la mano de obra familiar agrícola y el 81% del total de la mano de obra contratada para la agricultura.

La provisión de alimentos agropecuarios y de recolección, están cimentados en unidades productivas organizadas de manera familiar con este objetivo. El estudio de Ingresos Familiares Anuales de campesinos e indígenas rurales en Bolivia realizado por CIPCA (2018) sobre la base de su población beneficiaria, muestra que la composición del Valor Neto de la Producción (VPN) es diversa en relación a cada región, con aportes promedios del 45% de la agricultura, 24% pecuaria, 12% caza y pesca, 7% transformación, 7% de productos forestales no maderables y el 5% restante, constituyen otros aportes.

Por otro lado, sistemas productivos diseñados bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental como la ganadería bovina con manejo semi-intensivo con silvopasturas emite menos emisiones de metano (entre 30,06 y 30,97 g L-1) por fermentación entérica y manejo de heces del ganado en relación al sistema de manejo de ganadería extensiva (70,75 g L-1). Esto se debe, a una mayor ingesta de materia seca y energía bruta consumida por el ganado generando también mayor producción de leche diaria por las vacas en producción. Este sistema, que incluye la práctica de rotación de mangas, clausura de montes y manejo del hato evita una mayor emisión del carbono debido a que lo almacena en los diferentes reservorios (vegetación aérea, raíces, suelo, hojarasca y necromasa) hasta 10,39 t C/ha más en relación del sistema de manejo de ganadería extensiva (CIPCA, 2018).

De igual manera, sistemas agroforestales implementados en unidades productivas familiares en la Amazonía presentan indicadores globales de la resiliencia de sus capacidades, siendo notablemente superiores a los que no lo hacen, especialmente en las capacidades de absorción y adaptación, con capacidad media a buena para la absorción, adaptación y transformación. Mientras que para las unidades productivas familiares que no integran sistemas productivos y/o tecnologías sostenibles, los indicadores globales de las capacidades de sus sistemas productivos son bajos.

En este sentido, el gobierno nacional está perdiendo la oportunidad de repensar el modelo de desarrollo rural basado en el reconocimiento de los actores diversos del mundo rural, en el que la producción campesino indígena sea un pilar fundamental de la seguridad y soberanía alimentaria, la conservación de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático y le está apostando a un sector importante sin duda, pero cuya matriz y modelo productivo ha demostrado su poca eficiencia y alta dependencia del mercado internacional y de capitales extranjeros con un impacto altamente degradante de su entorno.

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