CIPCA Notas

¿Qué cambios se proponen en las Cartas Orgánicas Municipales?

Autor: Equipo Democracia y Estado de CIPCA
Fecha: 27/06/2013

Desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en julio 2010, las organizaciones sociales y las autoridades municipales se han dado a la tarea de debatir y elaborar las Cartas Orgánicas Municipales (COM) que, como norma institucional básica, tiene la función de poner en práctica la autonomía y fortalecer la gestión municipal. Han transcurrido aproximadamente tres años desde que se inició el proceso de elaboración de estas normas, varios municipios han elaborado propuestas, anteproyectos y algunos ya fueron enviados al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión. Sin embargo, habría que preguntarse: ¿qué cambios se proponen en las Cartas Orgánicas?, ¿qué tipo de institucionalidad y visiones de desarrollo buscan construir? ¿las COM recogen las demandas y visiones de las organizaciones sociales, en particular de las indígena originaria campesinas?

Ciertamente, hay avances en el proceso de elaboración de las COMs. Según el informe del Ministerio de Autonomías hasta mayo 2013, 264 municipios de 328 están en etapa de elaboración de sus normas básicas, 40 tienen anteproyecto y 43 fueron enviados ya al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En los municipios del área rural la movilización, organización y participación en torno a la elaboración de esta norma tiene distintas dinámicas que dependen mucho del compromiso de las organizaciones sociales, las autoridades municipales, las instituciones y también de la disponibilidad de recursos económicos suficientes.

En algunos casos, la elaboración de estas normas se han enmarcado demasiado en las guías elaboradas por el Ministerio de Autonomías, reduciéndose a procesos jurídicos/administrativos, sin involucrar a todos los actores ni establecer espacios de debate para lograr acuerdos comunes. De ahí, que en los contenidos de las COMs se ratifican los derechos reconocidos en la CPE y las leyes nacionales sin establecer mecanismos y procedimientos concretos para el ejercicio real de los derechos y reivindicaciones en el nivel municipal, que seguramente serán trabajadas en leyes posteriores. Hay pocas novedades, en estos casos, en general se ratifica lo institucionalizado por la Ley de Participación Popular de 1994 y la Ley de municipalidades de 1999.

En otros casos, pero en muy pocos, se han establecido espacios amplios de debate y elaboración de propuestas –con apoyo de las organizaciones/instituciones de la sociedad civil– en los que participan todos los sectores y actores del municipio donde se está proponiendo principios, procedimientos, mecanismos, visiones y acuerdos para la construcción de municipios más democráticos, equitativos, transparentes que, a través de la implementación de las COMs, fortalezcan el modo de vida económico/productivo, social/organizativo, político y cultural/identitario de las familias indígena originario campesinas y de la población urbana.

La elaboración de las COMs es un espacio para la construcción de una nueva institucionalidad municipal y visiones de desarrollo compartidas entre todos los actores, para que el municipio responda a sus necesidades y demandas de la población. Pero, ello implica compromiso y voluntad política de las autoridades de gobierno y de los representantes de las organizaciones sociales rurales y urbanas.

A pesar de las limitaciones, hay avances importantes en cuanto a contenido en varias COMs. Por ejemplo, se propone la creación de distritos municipales IOC para la administración descentralizada de los recursos económicos, como dispone la LMAD, pero también para la elección de Subalcalde y de concejales/as municipales de manera directa, por normas y procedimientos propios. En algunos, se está creando circunscripciones distritales (uninominales) para elección de  concejales/as por listas separadas. También se plantean la reconfiguración territorial del municipio para fines de planificación y la distribución equitativa de la representación política.

El reconocimiento de normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas y campesinos para elecciones de autoridades municipales y en la elaboración de políticas públicas (cabildos, asambleas, cumbres y otros) es otro avance que permitirá la construcción de una democracia intercultural, combinando las tres formas de democracia. De igual manera, el hecho de que para la participación y control social en la gestión del municipio se reconozcan y se establezcan espacios y mecanismos específicos, recuperando las experiencias que han funcionado, significa un progreso.

En relación a la participación de las mujeres, en algunos casos, se hace referencia a las Leyes nacionales, por ejemplo, cuando se plantea la paridad y alternancia en la representación política se hace mención a la Ley de Régimen Electoral. En otros casos, se plantean procedimientos específicos para garantizar su participación, por ejemplo, la alternancia quinquenal entre hombres y mujeres para las elecciones de concejalas/es y alcaldesas/es y cuotas del 50 % para la composición de los cargos públicos. También se plantean regímenes especiales para garantizar los derechos de las mujeres en espacios sociales, productivos y culturales.

Otro de los avances es la incorporación de elementos y visiones de las organizaciones indígenas y campesinas en la construcción de un modelo de desarrollo rural sustentable, orgánico, ecológico, comunitario que busca garantizar la seguridad alimentaria. Además, se plantea la diversificación productiva, transformación, generación de valor agregado, cosecha de agua, riego, recuperación de suelos, etc. Sin embargo, la tensión entre población urbana/residente y las comunidades campesinas indígenas dificultan construir un modelo de desarrollo compartido; los primeros priorizan una visión basada en la infraestructura y los servicios básicos y los otros una visión de desarrollo de base productiva agropecuaria.

En el mismo sentido, en muchos casos se propone la creación de regímenes especiales para el ejercicio de los derechos de los jóvenes, niños, personas mayores, etc., éstos significan avances importantes, aunque en otros casos no se definen mecanismos concretos, porque estarán todavía sujetos al desarrollo normativo posterior.

En definitiva, la elaboración de las COMs no deberían reducirse a procesos jurídico/administrativos, sino, ante todo, tienen que constituirse en procesos sociales y políticos de amplia participación y debate de todas las organizaciones sociales con el fin de establecer acuerdos y visiones compartidas sobre el tipo de institucionalidad municipal,el desarrollolocal y la gestión pública al interior delterritorio.

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