CIPCA Notas

Ley de Organizaciones Políticas

Autor: Xavier Albó (*)
Fecha: 31/05/2013

Al nivel del Ejecutivo, la campaña hacia la reelección ya está a la orden del día. Sin embargo, en términos jurídicos, tenemos todavía una gran tarea pendiente. No se han acoplado aún al nuevo marco constitucional ni la Ley de Partidos (1999) ni la Ley Complementaria de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (2004) con la que, después de la caída de Goni, su sucesor constitucional transitorio, Carlos Mesa, logró romper finalmente el monopolio que hasta entonces tenían los partidos políticos para poder participar en procesos electorales. Consciente de este vacío, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y su brazo especializado —el Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde)— suscribieron un convenio con un equipo técnico interinstitucional, que incluye al PNUD, IDEA, FES, Ildis y la Fbdm, para que le ayude en el anteproyecto de la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP), en reemplazo de aquellos dos instrumentos jurídicos indispensables pero hoy obsoletos.

Desde un principio se convino que este proceso debía ser abierto, plural, participativo y transparente. La elaboración final del proyecto de ley, a partir de los insumos así recogidos, será una tarea posterior, bajo la responsabilidad del TSE y del Sifde. Por tal motivo, del 1 al 4 de agosto 2012 se realizaron en La Paz los primeros eventos, con el apoyo de invitados internacionales. Uno abierto, con la participación masiva de unas 500 personas; y otro más cerrado, con personal del TSE. A partir de ello se elaboraron los primeros instrumentos de trabajo, agrupando las temáticas en torno a seis ejes y refinando la metodología de consulta a los interesados. En octubre se aplicó todo ello a un grupo pluralista y nacional de miembros de las tres categorías de organizaciones políticas (OP) actualmente existentes; a saber: partidos políticos (PP), agrupaciones ciudadanas (AC) y pueblos indígenas (PI, hoy conocidas más bien como organizaciones políticas indígena originario campesinas (OPIOC).

En los hechos, en esos eventos fue mucho mayor la participación de los PP y AC que la de las OPIOC, por lo que este año todo se ha complementado con otros dos eventos especialmente diseñados para ellos; a saber: un taller con las OPIOC andinas y otro en Santa Cruz para las de tierras bajas. Como yapa, hubo dos conversatorios de mediodía con intelectuales indígenas, uno en La Paz y otro en Santa Cruz.  

En los dos talleres mayores específicos para los IOC participaron unos 60 IOC en el de tierras altas y casi 100 en el de tierras bajas. Reflejaban prácticamente todos los departamentos y organizaciones relevantes, empezando por las cinco del Pacto de Unidad, hoy algo diferenciadas entre las llamadas “trillizas” (CSUTCB, Interculturales/colonizadores y Bartolinas), más cercanas al MAS, y las llamadas “mellizas” (Cidob y Conamaq), ahora más distanciadas, sobre todo a partir del aún irresuelto conflicto del TIPNIS, que ha catalizado mucho más que el tema de la carretera. Estaban también parlamentarios y miembros de algunas instancias estatales y, como interlocutores, el TCE casi en pleno, las instituciones del equipo técnico y otras como Nina y Cipca.

Son buenos inicios para una ley con buenas raíces en las bases. Trabajemos también ahora para que no quede desvirtuado en la Asamblea Legislativa, como pasó con la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

 

(*) Xavier Albó es antropólogo, lingüista y jesuita.

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Artículo publicado el domingo 26 de mayo en La Razón.

 

 

 

 

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