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Hijas de la Pachamama: una lectura de la feminización agrícola en Bolivia a partir de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024

Autor: Cecilia Peñaranda del Carpio - CIPCA Oficina Nacional
Fecha: 09/03/2026

En los campos de maíz, o en los sembradíos de yuca o papa, más de una pollera o un tipoy roza las hojas de las plantas que crecen gracias a su cuidado. Esas mismas polleras deben preparar el desayuno antes de salir a arar los campos y dar de comer a hijas e hijos cuando retornan al hogar. Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2024 revelan esta realidad, señalando que, en la actualidad, por cada 100 trabajadoras/es del agro, 48 son mujeres. Entonces observamos que la brecha de participación en el sector agrícola se ha reducido a un margen de tan solo 1,3 puntos porcentuales, resultado de un proceso de más de dos décadas que ha ido reconfigurando la dinámica de las mujeres campesinas del país en lo que podríamos denominar como una feminización del trabajo agrícola en Bolivia. Bajo este antecedente, y en ocasión del Día Internacional de la Mujer, es necesario reflexionar sobre lo que significa para las mujeres campesinas e indígenas ser un pilar fundamental para la seguridad alimentaria, en un contexto donde este determinante aporte es invisibilizado permanentemente.

Para dar sustento a la afirmación, podemos retroceder hasta el CNPV del año 2001 y preguntarnos ¿Cuál era la distancia entre hombres y mujeres en el sector agropecuario en ese entonces? Ellos concentraban el 34,2% de la ocupación, mientras que las mujeres el 22,6%, es decir, una diferencia de más de 11 puntos porcentuales. En el Censo del 2012, después de 11 años, la brecha se redujo a 4 puntos (29,3% hombres, frente a 25,3% mujeres). Bajo este sencillo ejercicio comparativo, los datos hablan con claridad mostrando que la participación de los hombres en la agricultura disminuye sostenidamente, posiblemente por el cambio de ocupación hacia otro tipo de rubros como la construcción o servicios, dejando de lado lo productivo. 

Así, la participación de las mujeres, no solo se mantuvo creciente, sino que, se afianza con el paso de los años. Como señalan García y Oliveira (1992), en contextos de crisis o reestructuración económica, las familias activan sus mecanismos de reproducción cotidiana, y son las mujeres quienes intensifican su trabajo, anclándose al campo para garantizar la subsistencia. Este proceso no implica únicamente una feminización del trabajo agrícola, sino también una feminización de la responsabilidad por la reproducción social y la seguridad alimentaria.

Analizando los datos censales de los tres últimos levantamientos de información, el escenario rural se complejiza ya que, se observa que, entre el 2001 y el 2024, la población rural creció de 3,1 a 3,5 millones de personas (en términos absolutos). No obstante, en 2001 había 104.393 hombres más que mujeres en el campo; para 2024, esa diferencia se amplió a 168,361. Esto, ¿qué significa? Que los hombres no abandonan necesariamente el área rural, sino más bien hay una reconfiguración de roles dentro de ella, posiblemente ellos se están desplazando a actividades como la construcción, transporte o la minería. En cambio, las mujeres se quedan a cargo de las parcelas, de los animales y de la reproducción de su familia. 

La mujer que regresa de la parcela lleva a su bebé en la espalda, un costal con las cosechas del día y su herramienta de trabajo. Al llegar a casa no hay un esposo esperando con la comida recién hecha, hay hijos que atender y animales a los que alimentar. Esta imagen de mujeres solas cargando con la responsabilidad entera de sostener la vida de su familia es más común que excepcional. Los censos de 2001, 2012 y 2024 nos hablan también de una transformación en la estructura de los hogares: el modelo tradicional de hogar nuclear completo (padre, madre e hijas/os) se erosiona, pasando del 32,3% en 2001 al 24,5% en 2024. En su lugar, emergen con fuerza dos figuras: 

- La primera, los hogares monoparentales con jefatura femenina, que se mantienen consistentemente altos, en 2024, representan el 32,9% del total de hogares con jefatura de mujer, frente a un exiguo 7,1% cuando el jefe es varón (son mujeres solas, divorciadas, viudas o abandonadas, que asumen en solitario la crianza de las/os hijas/os y la producción de la parcela).

- La segunda, los hogares unipersonales, en 2024, el 26,1% de los hogares con jefa mujer son unipersonales. Las mujeres están asumiendo la responsabilidad de la producción de alimentos y la reproducción de la vida en el campo, en un contexto de reconfiguración del hogar, de la diversificación laboral masculina. 

El rostro de la ruralidad se construye a partir de hogares monoparentales con jefatura femenina y los hogares unipersonales de mujeres mayores. No obstante, esto no se ve reflejado en el acceso a la propiedad de la tierra que tienen las mujeres. La meta planteada por la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) (1)  de alcanzar que al menos el 43% de los derechos de propiedad estén en manos de mujeres es una condición para la seguridad alimentaria. ¿Qué seguridad puede tener una mujer sin certeza jurídica sobre su medio de producción? 

Ilustración: Cecilia Peñaranda del Carpio

El acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra ha sido un proceso de años de organización, demandas sostenidas y lucha de campesinas e indígenas, donde una gran cantidad de mujeres vieron cómo su trabajo en la parcela no tenía reflejo en los papeles, por ser viudas despojadas, o hijas a las que se les negó la herencia. En el año 2006 se tuvo un punto de inflexión con la promulgación de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria disponiendo que, en caso de matrimonios o uniones conyugales, los títulos fueran emitidos a favor de ambas/os cónyuges, consignando el nombre de la mujer en primer lugar.  El impacto de esta conquista puede evidenciarse en la comparación de títulos de propiedad asignadas a mujeres entre 1999 y 2005 que era del 34%, a partir del 2006 el porcentaje llegó al 46% y se ha mantenido en esa cantidad en la última década (INRA, 2024). Los avances en tema de titulación no han resuelto las desigualdades estructurales, pero abrió puertas hacia el ejercicio de derechos políticos. Hoy existen deudas pendientes, si bien el 46% de los titulares de tierra sean mujeres, ellas solo controlan el 35% de la superficie titulada. Hay un derecho reconocido, pero no hay equidad en la distribución de la tierra. 

No obstante, el título de propiedad no es la única variable para eliminar las desigualdades estructurales. El hecho de que la agricultura se esté feminizando conlleva otro tipo de consecuencias para las mujeres campesinas e indígenas. Un estudio que realizó el INRA (2008) describe la jornada femenina en el campo con testimonios que indican: “Las mujeres ya estamos en pie desde las 5 de la mañana. Igualito que los hombres trabajamos. O sea, antes de sembrar tengo que ayudar a preparar el terreno, después ayudo a sembrar y cosechar”, relata Wilma Cruz, de Las Carreras, Chuquisaca. Como se había señalado, las mujeres rurales cargan con el 100% del trabajo doméstico no remunerado: el cuidado de las/os hijas/os, el acarreo de agua y leña, la preparación de alimentos y la atención de los animales domésticos. Su trabajo productivo en la parcela es visto por ellas mismas, y por sus comunidades, como una mera «ayuda» al varón, invisibilizando su aporte central a la economía familiar. La doble jornada se agudiza y la titulación solamente es un instrumento para exigir derechos elementales. Como señala el estudio, las mujeres valoran que el título les haya permitido, en algunos casos, acceder a estos servicios gestionados ante alcaldías y ONG, aunque el camino sea aún incipiente (INRA, 2008).

Los datos del CNPV 2024 evidencian lo que ya se veía: son las mujeres quienes, a partir de la diversificación laboral masculina y la reconfiguración de los hogares, han tenido que asumir la responsabilidad de la parcela, de los animales y de la seguridad alimentaria de sus familias; la vida rural se carga en el aguayo o en el panacú de una mujer. No obstante, como es común dentro del sistema patriarcal, este grado de responsabilidad no condice con el acceso a derechos. Respondiendo a la pregunta inicial: ¿Qué significa para las mujeres convertirse en un pilar fundamental para la seguridad alimentaria? Significa sostener con el cuerpo y el tiempo una doble o triple jornada; significa sembrar, pero no ser dueña de la tierra que produce; significa que la soberanía alimentaria descansa sobre hombros que, históricamente, han sido invisibilizados. Sobre mujeres que, a pesar de todo, se levantan cada día a trabajar una tierra que no les pertenece legalmente, pero que sienten como propia porque en ella han criado a sus hijos, han enterrado a sus muertas/os y han construido lazos que sostienen la vida comunitaria.

Referencias 

Estado Plurinacional de Bolivia. (2021). Contribución Nacionalmente Determinada (CND) del Estado Plurinacional de Bolivia: Actualización para el período 2021-2030 en el marco del Acuerdo de París. La Paz, Bolivia: Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra / Viceministerio de Planificación y Coordinación.

Garcia, B. y Orlandina de Oliveira. (1992). Trabajo femenino y vida rural en México. El Colegio de México. México.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2024). Bolivia: Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Resultados preliminares [Conjunto de datos>. La Paz, Bolivia: INE.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2013). Bolivia: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. Base de datos [Conjunto de datos]. La Paz, Bolivia: INE.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2002). Bolivia: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Base de datos [Conjunto de datos]. La Paz, Bolivia: INE.

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). (2024). Primero las mujeres. Inclusión en el acceso a la tenencia de la tierra-territorio en Bolivia. La Paz, Bolivia: INRA.

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). (2008). La Tierra tiene nombre de Mujer: Equidad y Género en el Proceso de Saneamiento de Tierras (G. Gómez García, Colab.). La Paz, Bolivia: INRA.

Notas

1. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CND), conocidas internacionalmente por sus siglas en inglés, NDC (Nationally Determined Contributions), son compromisos climáticos que cada país establece en el marco del Acuerdo de París (2015). Estos instrumentos detallan las acciones de mitigación y adaptación que las naciones implementarán para contribuir al objetivo global de limitar el aumento de la temperatura media mundial.

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