CIPCA Notas

Gobiernos municipales y departamentales como primer frente de lucha sanitaria y productiva contra el COVID-19

Autor: Fernando Cuellar Camargo, miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA
Fecha: 14/04/2020

El 07 de abril de 2020, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz aprobó la Ley Autonómica N° 1289/2020, que tiene por objetivo incentivar las donaciones de alimentos e insumos médicos de bioseguridad para el personal médico, con el objeto de combatir la Pandemia del COVID – 19. Estas donaciones alimentarias o médicas serán incentivadas mediante reducciones tributarias o impositivas de hasta un 75% bienes inmuebles, vehículos automotores y patentes municipales a mercados o centros de abasto. Es decir que, si un vecino paga Bs1000 por impuestos a su domicilio, terreno, vehículo o puesto de mercado, se le descontará hasta Bs750.- por la donación en alimentos o equipos de bioseguridad que pueda realizar.  

Por otra parte, una de las noticias más alentadoras es que el Concejo Municipal de Cochabamba determinó mediante Ley Municipal, fue la de entregar un bono alimentario de Bs430.- a toda familia que no fuera beneficiada con la canasta familiar, entregada por el gobierno central.

Ambas iniciativas son elogiables desde todo punto de vista porque apuntan a mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19, pero también porque denotan la preocupación y trabajo que hacen estos municipios en el marco de sus competencias. Pero ¿Cuáles son las acciones que las Entidades Territoriales Autónomas podrían promover ante eventos de emergencia? A continuación, se enfatizan algunas muy prácticas:

• Establecer centros de acopio para toda aquella producción no comercializada por las restricciones impuestas.
• Establecer Bancos de alimentos que coadyuven a toda la población vulnerable. (Art. 16 C.P.E.)
• Realizar reformulaciones presupuestarias sobre partidas no esenciales o desayuno escolar, cubierto ya por el Bono Familia.
• En coordinación con las organizaciones productivas, proceder a la organización de la oferta productiva de su jurisdicción, además de proceder al acopio, transporte y comercialización.
• Conformar COEM u otras formas de organización interinstitucional que permitan facilitar las acciones de coordinación, transporte y otros con los niveles departamentales y nacionales.
• Dar funcionalidad a las Mancomunidades y Asociaciones de municipalidades a fin de que exista información y consenso entre estas autoridades y su integración a los COE departamentales a cargo de las gobernaciones. 

Municipios metropolitanos, capitales e intermedios que gozan de una mayor capacidad Económica:

• En base a la oferta productiva de las organizaciones productoras familiares o comunales, los alcaldes de municipios intermedios, capitales y metropolitanos deberán coadyuvar en la obtención de permisos y autorizaciones gubernamentales que permitirán el transporte de productos a las zonas urbanas.
• De igual forma, los municipios intermedios, capitales y metropolitanos podrán adoptar normativas similares a la cruceña o cochabambina, que promueva la deducción impositiva para donaciones alimentarias, como también la asignación de bonos a las familias no beneficiadas por los bonos del gobierno. Esto en el marco de las atribuciones legales como la Ley N° 154 de Clasificación de Impuestos.
• Por último, los gobiernos autónomos municipales deberán priorizar la adquisición de alimentos para hospitales, penitenciarias y centros de acogida; alimentos y bebidas para la atención de emergencias y desastres naturales, en el marco de sus competencias y las normativas presupuestarias de la Gestión 2020. Así como la conformación de Banco de alimentos y centros de acopio productivo.

De una forma organizada entre la institucionalidad pública y privada, se evitará el agio y la especulación de precios, se dinamizará la economía del pequeño productor indígena originario campesino, se amplificará el poder adquisitivo de los beneficiarios de los bonos e iniciativas gubernamentales, departamentales y municipales, ya que los beneficiarios podrán comprar más víveres con los recursos que les son asignados. De esta forma el Estado y las instituciones cumplen con derechos fundamentales como la salud y la alimentación como parte del derecho a una vida digna.

Recomendar al Nivel Central, las siguientes políticas:

• Adoptar procedimientos ágiles, que permitan a las familias productoras indígena originario campesinas, como al sector agropecuario mediano y grande, contar con el transporte y medios para el acopio, transporte y comercialización de sus productos.
• Realizar campañas comunicacionales en idiomas originarios, así como adoptar acciones que permitan garantizar el acceso a los Bonos y Beneficios Gubernamentales de todos los ciudadanos, en especial de las comunidades indígena originario campesinas que se encuentran alejadas del eje troncal y las ciudades intermedias.
• Elaborar normativas y procedimientos ágiles, que permitan la contratación directa de los productos de los productores indígena originario campesinas de acuerdo a un “precio justo para los productores”.

Por último, debe comprenderse que, sin salud, sin alimentación/producción y sin educación, la situación de los más vulnerables se verá comprometida, por ello la importancia de organizarnos y activar medidas creativas a favor de la población boliviana. 

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