CIPCA Notas

Fortalecer la agricultura familiar para mitigar los impactos del COVID-19

Autor: Heber Araujo Cossío, responsable UOIR de CIPCA Cochabamba
Fecha: 17/04/2020

Todas las noches, con cierto temor y ansiedad, escuchamos el reporte sobre el avance del coronavirus en nuestro país. Los impactos sobre la salud, la economía, la educación, la política y – aunque en menor medida – la producción y consumo de alimentos, se hacen parte de la agenda mediática. En efecto, la prevención del brote del virus requiere de medidas de aislamiento social y paralización del aparato productivo que, de acuerdo a proyecciones del FMI, disminuirían el PIB en un 3,6 % para 2020. Las familias pobres y el sector informal, de acuerdo a escenarios de especialistas, serían los sectores más desfavorecidos (Busso, 2020). Como es sabido, Bolivia concentra índices elevados de pobreza rural; este sector sin embargo, además de sufrir los efectos sociales y económicos de la pandemia, contiene en sus prácticas, alternativas que podrían mitigar sus impactos.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el gasto anual corriente en salud de Bolivia es de 445,8 $ per cápita, cifra inferior a la de nuestros vecinos (Chile, 1.903; Argentina, 1.390 y Perú, 671 $ per cápita). Al 2017 Bolivia reporta 1,3 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, cuando el promedio en la región es de 2,1. Las condiciones de salud en el área rural son aún más paupérrimas. A modo de ejemplo, la región rural occidental del país contaba con menos de una cama por cada 1.000 habitantes (Ledo & Soria, 2011), donde además se carece de servicios de salud especializada. El horizonte se complica si consideramos su demografía, pues los adultos mayores representan el 12% de la población (en el área urbana ese segmento solo es el 8%). Las tendencias mundiales de la pandemia demuestran que los adultos mayores constituyen uno de los grupos de mayor riesgo al coronavirus, por lo que posibles brotes de la enfermedad en el área rural causaría impactos severos.

Además de la vulnerabilidad sobre la salud en el mundo rural, en estos momentos de crisis, los problemas estructurales para la agricultura familiar se estarían intensificado. De acuerdo a información testimonial de productores agropecuarios de los valles y del cono sur de Cochabamba, las restricciones a la libre circulación y el temor a sufrir contagios durante la comercialización estarían provocando la especulación de precios en los mercados mayoristas del departamento, en desmedro de los productores. Este bajón, más aún durante las cosechas anuales, disminuiría los ingresos de las familias campesinas; con la información del Inventario de Sistemas de Riego en Bolivia se puede estimar que el 71% de la producción, controlada por los pequeños productores, es a secano, cuya cosecha anual se la realiza entre los meses de marzo a junio.  

Según el estudio “Ingresos Familiares Anuales de campesinos e indígenas rurales en Bolivia, realizado por CIPCA en seis regiones rurales del país, el ingreso anual promedio de las familias campesinas es de 32.858 bolivianos. Su principal contribución (83%) proviene de sus sistemas productivos agropecuarios (cultivos anuales, multianuales, actividades pecuarias, forestales, piscícolas y artesanía) (Salazar & Jiménez, 2018). Las debilitadas economías campesinas en la coyuntura de la pandemia, también se ven afectadas por el irregular abastecimiento de alimentos no producidos por la agricultura familiar y de insumos agrícolas (sobre todo semillas y fertilizantes), lo que provocaría el incremento en sus costos de producción.

Pese a que la actividad principal del 78% de la población rural es la agropecuaria, en el último tiempo gracias al incremento de los precios de los minerales, muchas familias campesinas combinaron sus ingresos con los provenientes de la actividad minera corporativizada. De acuerdo a información del ex gerente de COMIBOL, Hector Córdova, la cantidad de cooperativistas mineros habría pasado de 50.000 en 2006 a 120.000 el año 2017. Como se sabe, la desaceleración económica provocada por la pandemia ha disminuido la demanda mundial de minerales, generando impactos económicos en las familias agromineras. Un estudio de caso elaborado por el CIPCA Regional Cochabamba en los municipios de Torotoro (Norte de Potosí) y Anzaldo (Cochabamba), establece que prácticamente todas las familias son pluriactivas, es decir que al menos uno de los miembros permanentes del hogar realiza alguna otra actividad extrapredial. El 94% de los trabajadores pluriactivos están en el campo de la informalidad y la reducción de sus ingresos en esta coyuntura, es inminente; así se explica que decenas de miles de residentes campesinos, hayan optado por pasar la cuarentena en sus comunidades de origen.

Los datos presentados líneas arriba son suficientes para prever que la población rural sería severamente afectada por las implicancias sociales, económicas y de salubridad provocadas por la pandemia. Sin embargo, las medidas de contención hasta ahora realizadas por el Estado no promueven acciones directas para la población rural y particularmente para el fomento a la agricultura familiar. De acuerdo a información del Censo Agropecuario 2013, en Bolivia existen 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPAS) de los cuales el 95% corresponde a los productores de la agricultura familiar, cobijando – de acuerdo a nuestras estimaciones – cerca 4 millones de personas.

Ante la inminente desaceleración económica y el impacto de las medidas de distanciamiento social, se hace necesario generar políticas públicas y acciones de emergencia para los sectores más vulnerables de la sociedad. La FAO y la OMS advierten de una penuria alimentaria en el mundo, pues el cierre de fronteras, las cuarentenas e interrupciones del comercio podrían limitar el acceso a fuentes de alimentos suficientes, diversas y nutritivas. Los principales países productores de granos y cereales estarían almacenando su producción como medidas de precaución ante la posibles carencias en los siguientes meses y años (Página Siete, 2020). En ese contexto surge la pregunta si Bolivia está en condiciones de autoabastecerse, más aún si se sabe que en los últimos 10 años la importación de alimentos se ha incrementado en un 54% (Los Tiempos, 2020).

La respuesta está en la capacidad de producción de la agricultura familiar boliviana. Actualmente existe debate sobre el aporte real de la agricultura familiar a la alimentación del país, con información y posiciones contrapuestas. Sin embargo, con la información oficial disponible, si se analiza la cantidad de nutrientes esenciales que contienen los alimentos, estamos en condiciones de afirmar que los pequeños productores estarían produciendo al menos el 67% de las kilocalorías requeridas por los más de 11 millones de habitantes del país, tomando en cuenta solo los alimentos de origen vegetal.

De ahí la importancia de que se generen políticas de impacto orientados a promover enfoques de desarrollo rural sostenible para restablecer y mejorar la calidad de vida de los agricultores familiares. Medidas a favor de este sector, además de promover el bienestar para cerca de 4 millones de personas de manera directa, promovería mayor producción de frutas, legumbres y hortalizas, cuyos contenidos de vitaminas y antioxidantes, de acuerdo a recomendaciones de la FAO (2020), contribuyen en el fortalecimiento del sistema inmunológico de las personas, además de incrementar sus capacidades para enfrentar enfermedades.

Finalmente, como medidas de emergencia, en favor de productores y consumidores, se requieren fortalecer los mecanismos de coordinación intergubernativa, con amplia participación de la sociedad civil y de los productores, para el abastecimiento de alimentos en el área rural y urbano, con las medidas necesarias para el control de precios. 

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