Escasa agenda de las mujeres en los programas

El proceso electoral afortunadamente en las últimas semanas se ha ido tornando de alguna manera en espacio propicio para el análisis y el debate, tanto de políticas actuales como de propuestas de los partidos, que poco a poco van contrarrestando las campañas sin contenido, de insulto y descalificación recíproca, que en nada contribuyen a la democracia, a la confrontación de ideas y de propuestas. Algunos medios de comunicación y diversas iniciativas desde la sociedad civil están contribuyendo a ese debate democrático. En ese marco, queremos aportar con algunos elementos de análisis y sobre todo de interpelación a los partidos políticos por su escasa atención a la problemática, propuestas y agenda de las mujeres en la perspectiva de las elecciones nacionales venideras.

De los 10.059.856 habitantes del país —dato ajustado a junio del presente año— más de la mitad son mujeres. De ese total, algo más de 6.454.000 hombres y mujeres están en edad de votar, tomando en cuenta a quienes en el momento de la realización del Censo tenían 17 años y que hoy tienen más de 18, edad a partir de la cual se obtiene la ciudadanía. De este total, algo más de 3.269.000 (50,66%) serían mujeres en edad de votar en las elecciones de octubre (2,3 millones en área urbana y 960.000 en el área rural). No obstante, habrá que corroborar en el padrón electoral cuántas de ellas se han registrado y cuántas quedan habilitadas finalmente; luego, cuántas de ellas llegan a ejercer su derecho a votar.

Pese a que las mujeres se constituyen en fuerza electoral y ante los avances que hay en la normativa con respecto a ellas, siguen enfrentando diversas barreras para el ejercicio y vigencia plena de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales. En cuanto a la participación política, la mayoría de los partidos han evidenciado sus debilidades para cumplir con la norma de paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos, lo que, a su vez, evidencia la gran distancia que hay entre el discurso y la práctica cotidiana. Una vez completada la lista de candidatas, habrá que ver cuántas de ellas llegan a ser electas para ejercer funciones legislativas, y cuántas concluyen su mandato como establece la ley, sin presiones ni acosos.

DERECHOS. Los movimientos y organizaciones de mujeres, urbanas y rurales, desde hace años han formulado demandas y planteamientos estratégicos en el campo social, político, cultural y económico que les permita un efectivo ejercicio de sus derechos.

En el campo político, después de décadas, se han logrado avances en la normativa y algo de práctica en cuanto a la participación social y política: paridad y alternancia; titularidad en las candidaturas y en franjas de seguridad; ejercicio de los derechos políticos, no sin violencia y acoso. Se ha promulgado la Ley 348, que es la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y otras conexas, cuya implementación en rigor aún no ha empezado.

Los movimientos de mujeres no solo elevan sus planteamientos al Estado, sino también a la sociedad civil para la profundización de la cultura democrática y de respeto a sus derechos. Igualmente en el campo laboral demandan la protección y generación de condiciones para el ejercicio de los derechos laborales; una compatibilización de la actividad laboral con el  trabajo reproductivo (o dentro del hogar) y corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Garantizar el trabajo digno y sin discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo; derecho de las mujeres al acceso, tenencia, herencia y titularidad de la tierra, privada y colectiva. Igualmente al acceso de las mujeres a recursos para la producción, a la titularidad de los medios de producción, a crédito, tecnología y al mercado laboral.

Los planes de gobierno de los partidos políticos que participan en las elecciones nacionales no solo no reflejan ni analizan la problemática y realidad de las mujeres, lo que hay que cambiar o mejorar; ni siquiera plantean cómo aprovechar y consolidar los avances y cambios que se han registrado en algunos aspectos, menos aún cómo cumplir y hacer cumplir las normas que ya están promulgadas.

Prácticamente todos los partidos plantean, como tradicionalmente los han hecho, mejorar los servicios de salud y educación; mantener o mejorar las transferencias directas mediante bonos. Incluso algunos (Movimiento Sin Miedo, Unidad Demócrata, Partido Demócrata Cristiano) no parecen conocer que ya hay leyes que estipulan la lucha contra todas las formas de discriminación, de violencia contra las mujeres, incluso de paridad y alternancia (!); deberían plantear más bien cómo implementarlas.

NORMATIVA. El partido en función de gobierno plantea la despatriarcalización en el ámbito social, político, jurídico y económico, a través de la educación solamente. No menciona cómo se dará cumplimiento a las leyes ya mencionadas, leyes 348 y 243.

En el campo económico, el MAS propone para el periodo 2015-2020 priorizar “la aprobación de normas y aplicación de programas que permitan a las mujeres desarrollar plenamente su potencial económico productivo como miembros de la sociedad y de su comunidad”. En línea similar, la UD plantea apoyar emprendimientos económicos de las mujeres mediante capacitación a productoras y fortalecimiento de sus organizaciones, el acceso a la tierra y otros medios de producción; este último aspecto es concordante a lo propuesto por el PVB (Partido Verde de Bolivia).

Desde nuestra perspectiva esto es un desconocimiento, desvalorización y desatención total al rol histórico y actual de las mujeres en la producción de todo tipo —en el caso de las mujeres rurales, en la producción de alimentos— en la economía del país, en actividades económicas no remuneradas o ni siquiera consideradas actividades económicas. Este, el de la economía, es el campo más limitado o carente en las propuestas de los partidos políticos.

Como se pudo evidenciar, la agenda de las mujeres no ha sido tomada debidamente en cuenta por los partidos políticos. Es por ello que los movimientos de mujeres tienen al frente la dura tarea de seguir luchando, reivindicando, interpelando y logrando a pulso avances y cambios sustantivos en las diferentes dimensiones de la vida, pues aún son muy rígidas las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que dificultan la concreción de sus agendas y ejercicio pleno de sus derechos. Deberán lograr cambios en el resto de la sociedad, en los sistemas educativos, la institucionalidad estatal, los programas comunicacionales, las prácticas organizativas, los valores inherentes que sustentan las diversas formas de inequidad con relación a las mujeres, etcétera.

No es novedad que las mujeres deban luchar por la vigencia de sus derechos; siempre lo han hecho, pero en esta etapa de transformaciones se pudo haber marcado la diferencia con el pasado.

(*) Lorenzo Soliz Tito