CIPCA Notas

¿Es sostenible el modelo agroexportador soyero?

Autor: Sheyla Martinez, directora CIPCA Santa Cruz
Fecha: 17/07/2019

De las 4.495.000 toneladas de soya producidas el año 2018 en Bolivia (Anapo, 2018), el 75% es  destinado para la exportación en torta de soya, aceite en bruto, aceite refinado, harina de soya y grano, alcanzando un valor de 800,3 millones de dólares según el INE (2018). Después del gas natural y el zinc, la soya constituye el tercer producto más exportado del país aportando con el 8% al PIB nacional. El 25% restante de soya se queda en el mercado interno para abastecer a la industria aceitera y también como suplemento proteínico en alimento balanceado para animales.

Desde  2019 se espera que la producción de la soya también sea destinada para la producción de 100 millones de litros de biodiésel, que sustituirá menos del 10% del diésel importado en Bolivia. Según el Centro de Estudios Económicos y Desarrollo (CEED, 2019) será necesario utilizar anualmente entre el 60% y 70% del volumen de aceite crudo exportable, equivalente a 1,5 millones de toneladas de grano.

Sin embargo, el complejo agroexportador soyero se enfrenta a retos estructurales para lograr una sostenibilidad económica tomando en cuenta que el destino comercial principal de la soya boliviana lo constituye la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y este complejo se beneficiaba de una protección arancelaria. 

Según el IBCE (2018), los principales mercados de Bolivia son Colombia, donde se exporta el 48% de la producción de soya, y Perú, con el 30% (IBCE, 2018), pero desde el año 2018 estos países conjuntamente con Ecuador, prácticamente deberían abrir sus mercados al Mercosur, donde Bolivia tendría que competir con la soya de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Además, Perú y Colombia también cuentan con un Tratado de Libre Comercio con EEUU quedando los mercados tradicionales bolivianos abiertos también a competir con la producción agrícola del Norte. 

A este nuevo escenario competitivo internacional se suma la suspensión de la compra de granos por parte de China a Estados Unidos hasta resolver conflictos bilaterales (Cadex, 2019), ocasionando una baja en los precios internacionales de la soya, maíz y trigo. 

Por otro lado, la demanda de China de subproductos de soya a sus proveedores tradicionales se ha reducido debido a la fiebre porcina que ha mermado la cantidad de animales en ese país, derivando en altos niveles de stock del grano en la oferta internacional.

Varios expertos en el tema coinciden en señalar que la caída de los precios internacionales de la soya es una tendencia que continuará por un largo período. Actualmente el precio del grano de soya en la bolsa de Chicago está en 298 $us/TM, por lo que, descontando los costos logísticos, el precio de este producto puesto en Bolivia estaría oscilando en 210 $us/TM. El promedio del precio de la soya en  2018 fue de 347 $us/TM.

Para profundizar más la complejidad económica soyera, según la Fundación Tierra (2017) el control efectivo de la cadena productiva de este sector es ejercido por cuatro principales empresas transnacionales: ArcherDaniels Midlan-Sociedad Aceitera Boliviana (ADM-SAO), Cargill, Industrias de Aceite Fino y Gravetal. Existiendo sólo  dos empresas (Granos y Rico) que están operadas por capitales bolivianos. 

Estas seis empresas tienen bajo control el 95% de la exportación de la soya boliviana constituyendo un oligopolio que controla la oferta del mercado y proveen a los productores de paquetes tecnológicos con pago a la cosecha, donde según el mercado volátil se define el precio de la tonelada de soya.

Desde junio del presente año las movilizaciones de los pequeños y medianos productores soyeros de Santa Cruz revelaron la problemática económica de este grupo de productores frente a la dependencia de inversiones de capitales transnacionales y del mercado internacional.

En este contexto se pudo observar un cambio en la orientación de la agricultura familiar atraída por el boom del cultivo de la soya en las décadas pasadas, apostando por el monocultivo soyero altamente dependiente capitales externos.

El pequeño productor soyero debe trabajar bajo la modalidad de “agricultura por contrato” con las empresas acopiadora y exportadoras de soya, estableciéndose la compra del grano con anterioridad a la producción y otorgando semillas, agroquímicos y otros a crédito, además, cada productor debe pagar por el servicio de almacenamiento y limpieza del grano acopiado. 

De igual manera, el productor asume los riesgos climáticos y de mercado, que ha llevado a los productores a solicitar al Gobierno un monto de 200 millones de dólares para cubrir la mora pidiendo una reprogramación de hasta de siete años.

En este contexto, la sostenibilidad del complejo soyero levanta múltiples interrogantes, una de ellas es la dependencia de los procesos de liberación comercial y la inversión extranjera que ponen por encima de los recursosy ecosistemas naturales (léase Madre Tierra o Pachamama), el interés de los mercados. Además, las recientes movilizaciones de productores en Santa Cruz cuestionan la rentabilidad de este modelo de producción para los pequeños productores, quienes, pese a la subvención del diésel y el acceso a créditos públicos, están movilizados pidiendo mejores precios.

Existen además las múltiples concesiones que se dan desde el Estado a este modelo, como  el hecho de que Bolivia cuenta con el régimen impositivo más bajo en comparación con otros países soyeros, subvenciones al diésel y otros carburantes, bajos precios de la mano de obra y flexibilización de los aspectos de control ambiental. 

¿Qué pasaría si a los bajos precios del grano, le añadimos el costo ambiental de la deforestación, el uso intensivo de agroquímicos y los problemas de salud asociados con la utilización de estos? Son varias preguntas que vale la pena analizarlas con una mirada crítica a las políticas públicas de fomento, a este modelo agroexportador.

Artículo publicado en Página Siete el domingo 14 de julio de 2019.

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