CIPCA Notas

El seguro agrario y los pequeños productores

Autor: Eufronio Toro Vaca (*)
Fecha: 22/07/2013

El 27 de junio de 2011, en aplicación de la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, se creó el Seguro Agrario Universal Pachamama.

En su segundo capítulo, la norma crea el Instituto Nacional de Seguro Agrario (INSA) como una institución pública descentralizada, con patrimonio propio y autonomía de gestión que estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Este organismo registrará a las y  los productores y se constituirá en uno de los instrumentos para el desarrollo de la agricultura, especialmente la practicada por los pequeños productores más vulnerables del país.

El Seguro Agrario cuenta con dos modalidades, una orientada a los municipios con mayores niveles de extrema pobreza (SAMEP) y otra de cobertura universal.

Según el artículo 4 del Decreto Supremo 942, que reglamenta este seguro, éste cubrirá pérdidas derivadas de daños causados por “heladas, inundaciones, sequías y granizos que afecten a la producción agrícola de las y los productores de municipios con niveles de extrema pobreza”.

Los criterios para la elección de los municipios fueron: necesidades básicas insatisfechas, vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, vocación productiva y presencia de eventos climáticos adversos o desastres naturales.

En ese sentido, en esta gestión accederán al pago de la indemnización 17 municipios de Chuquisaca, 17 de Cochabamba, 14 de Potosí, diez de La Paz, tres de Santa Cruz y dos de Oruro.

El INSA tiene registradas 91.000 hectáreas en los 63 municipios seleccionados, de las cuales más de 7.000 habrían sido afectadas y después de haber hecho el peritaje, 4.800 hectáreas estarían realmente afectadas y serían sujetas de indemnización con el seguro agrario.

El Gobierno estima que este año serán desembolsados 4,5 millones de bolivianos para los damnificados por fenómenos naturales durante la campaña agrícola 2012-2013.

El seguro agrario para pequeños productores cubre mil bolivianos por hectárea hasta un máximo de cinco hectáreas por familia productora de cultivos de papa, cebada, quinua, maíz y trigo.

El Presidente explicó que las y los pequeños productores que sufran los efectos climáticos serán compensados por el seguro hasta el 70% de lo perdido, los productores medianos recibirán 50% y los grandes productores, 30%.

El agricultor no pagará nada, pero en la modalidad del seguro comercial que se implementará a futuro se pondrá a consideración cuáles serán los aportes del Gobierno nacional, departamental, municipal y del productor.

El seguro empezó a implementarse el 20 de abril en los municipios de Puna, Potosí; Tarabuco, Presto y Yamparáez, en el departamento de Chuquisaca; continuando en San Pedro de Totora y Turco, en Oruro; Mizque, en Cochabamba; Chuma, en La Paz, y Gutiérrez, en Santa Cruz.

Como ejemplo, en Gutiérrez 490 productores de 11 comunidades afectadas por la sequía fueron indemnizados con más de 800 bolivianos por la pérdida de cultivos de maíz; debido al tamaño de las parcelas sembradas y perdidas, el pago máximo por familia alcanzará a 3.000 bolivianos y el pago mínimo, 500 bolivianos, en promedio se indemnizará con 1.690 bolivianos por familia.

Es destacable la decisión del Gobierno por la aplicación de esta política pública a favor de las y los pequeños productores, también que el financiamiento provenga del Tesoro General del Estado.

Ambas son señales de la orientación de los recursos públicos hacia la protección de la producción y de los sujetos que la sostienen, y que a corto plazo darán mayor seguridad y frutos a la economía.

Esta política responde a las condiciones de las y los pequeños y medianos productores, pero aún se encuentra en el marco de la atención a desastres y no así en un marco de gestión de riesgos, que significaría un manejo de desastres que considere todas las fases del proceso de desarrollo.

Sin duda, la información que ofrecerá el censo agropecuario que se realizará este año sobre los sistemas productivos, tecnologías empleadas en la producción agropecuaria, superficies producidas a secano y bajo riego, entre otros temas, nos permitirá reconocer la diferenciación entre tipo de productores: pequeños, medianos, grandes; y tipo de producción: monocultivos, cultivos asociados y sistemas multiestratos como los sistemas agroforestales (SAF).

Para estos últimos, el criterio más adecuado sería asegurar una determinada superficie con diversidad de cultivos y no asegurar un sector en específico.

Con la información generada por el censo, el seguro agrícola deberá estar ligado a un sistema de alerta temprana implementado en los municipios y/o provincias.

El Estado debe fortalecer el papel de las instituciones responsables del monitoreo y proyección hidrológica y meteorológica como parte de un programa de adaptación y respuesta preventiva a las alteraciones climáticas en coordinación con los gobiernos subnacionales para aminorar los efectos del cambio climático y disminuir los riesgos y la incertidumbre de los productores.

Para el éxito en la implementación del seguro quedan desafíos como la creación de un sistema de información agropecuaria y forestal que brinde información sólida y oportuna del clima en las regiones y municipios, la creación de una base de datos sobre superficies cultivadas, que los municipios fortalezcan la gestión de riesgos y difundan información a sus productores con la finalidad de ampliar y masificar el seguro.

El Gobierno, en sus diferentes niveles, deberá coordinar para formular modalidades acordes a cada ecosistema, y facilitar la formación de recursos humanos para la aplicación eficiente de la política.

Además de esta política, es necesario fortalecer los sistemas de producción campesina indígena incentivando la diversificación productiva y el uso de riego en la producción para hacer frente a los efectos negativos del cambio climático que ponen en riesgo la producción.

Se hace necesario y urgente diseñar y consensuar un programa de transformación de la producción de secano a riego en todo el país, con riego tecnificado (aspersión y goteo sobre todo), implementar invernaderos de segunda generación especialmente en el altiplano, establecer prácticas de manejo de suelos y de los diversos recursos naturales, diversificar la producción con semilla mejorada, aprovechando la diversidad varietal local.

Todo ello con un enfoque integral de cuenca y con criterios agroecológicos, que incluye el manejo de los diversos recursos naturales. Con estas políticas adicionales será posible lograr una producción más segura y atacar los problemas estructurales como la sequía y otros fenómenos naturales agudizados por el cambio climático.

 

(*) Eufronio Toro Vaca es miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA.

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Artículo publicado el domingo 21 de julio de 2013 en Página Siete.

 

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