17/04/2026

Pueblos indígenas del Beni se declaran en emergencia y movilización: exigen abrogación de la Ley 1720 y defensa de sus territorios colectivos

Álvaro Céspedes Quiroz - CIPCA Regional Beni

Este 16 de abril de 2026, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) convocó una Reunión de Emergencia en la ciudad de Trinidad. Al encuentro se sumaron sus organizaciones afiliadas: la Subcentral de Cabildos Indígenas Multiétnico del TIM, la Subcentral de Mujeres del TIM, la Subcentral Indígena Mojeño Ignaciano del TIMI, la Subcentral de Mujeres del TIMI, la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), la Subcentral de Mujeres del TIPNIS, la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), la Subcentral de Mujeres Indígena Movima, la Subcentral Río Isiboro, la Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM), el Cabildo Indígena Bella Selva y líderes históricos del movimiento indígena mojeño.

El resultado de esta reunión es una Plataforma de Demandas por la Tierra y el Territorio, aprobada con trece puntos dirigidos al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las organizaciones otorgaron al gobierno un plazo improrrogable de siete días para responder favorablemente. De no hacerlo, se declaran en estado de movilización permanente, con una eventual marcha hacia la ciudad de La Paz.
¿POR QUÉ SE MOVILIZAN?

En este evento la CPEM-B ha realizado un profundo análisis de la situación actual, dando como resultado una reflexión desde la óptica de los territorios en torno a: 

1. La Ley 1720 y el ataque a la pequeña propiedad indígena campesina

En los últimos meses, el gobierno nacional y sectores del Legislativo impulsaron la Ley 1720, que autoriza la conversión de la pequeña propiedad agraria, definida por la Constitución como patrimonio familiar inembargable, indivisible y no sujeto a impuestos, en mediana propiedad susceptible de ser hipotecada, embargada y vendida. Esta ley fue aprobada sin ninguna consulta a las organizaciones de base, en abierta violación del artículo 30 de la Constitución Política del Estado. Además, posterga por diez años la verificación de la Función Económico-Social (FES), creando un vacío de control que facilita el acaparamiento y la especulación de tierras.

2. La amenaza de individualización de las Tierras Comunitarias de Origen

La CPEM-B advierte que la Ley 1720 es el primer eslabón de un proceso mayor: la fragmentación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en parcelas privadas. Una vez individualizadas, esas parcelas podrían ser convertidas en medianas propiedades, hipotecables y vendibles, destruyendo la base de la identidad, la gobernanza territorial y la pervivencia colectiva de los pueblos indígenas. La Constitución boliviana establece que las TCO son inalienables, indivisibles, inembargables e imprescriptibles; cualquier intento de individualización constituye, por tanto, un acto ilegítimo.

3. Un paquete de leyes extractivistas

La Ley 1720 no es un hecho aislado. Las organizaciones denuncian que forma parte de una ofensiva legislativa sistemática que incluye, entre otras, las siguientes normas:

El Proyecto de Ley Antibloqueos, que criminaliza la protesta social y restringe el derecho a la manifestación pública.
La autorización estatal al evento HB40 y procedimientos abreviados para la liberación de transgénicos, que amenazan la soberanía alimentaria y la biodiversidad.
El Proyecto de Ley de Mercados de Carbono 060/2025, que pretende mercantilizar los bosques y territorios indígenas mediante la venta de bonos de carbono, beneficiando a empresas contaminantes.
El paquete de leyes incendiarias que ha facilitado la deforestación y los incendios forestales, afectando más de diez millones de hectáreas en los últimos años.

4. La deuda territorial y la crisis ambiental

Treinta y cuatro pueblos indígenas reconocidos por la Constitución aún esperan la titulación efectiva de sus territorios. Esta falta de titulación los expone al avance de la frontera agrícola y los proyectos extractivistas. Al mismo tiempo, la crisis climática golpea con fuerza sus territorios: sequías prolongadas, incendios forestales de creciente intensidad, contaminación de fuentes de agua por minería y monocultivo. Las organizaciones subrayan que no han causado esta crisis, que han sido guardianes de los bosques durante siglos, y que sin embargo son los primeros en sufrir sus consecuencias.
LAS TRECE DEMANDAS AL GOBIERNO

Por la defensa de la tierra, el territorio y los derechos colectivos, la CPEM-B presenta las siguientes demandas:

1.  Abrogación inmediata de la Ley 1720, por ser contraria a la Constitución, por no haber sido consultada con los pueblos indígenas y por representar una amenaza directa a la pequeña propiedad como patrimonio familiar inembargable.
2.  Rechazo a cualquier proyecto de ley o acción gubernamental que impulse la individualización de las TCO, y reconocimiento expreso del Estado de que son inalienables, indivisibles, inembargables e imprescriptibles.
3.  Desestimación inmediata del proyecto de ley 060/2025 de mercados de carbono, por mercantilizar bosques y territorios sin consulta previa y en beneficio de empresas contaminantes.
4.  Desestimación de la iniciativa del proyecto de ley antibloqueos, y fortalecimiento de mecanismos de diálogo, mediación intercultural y prevención de conflictos con participación efectiva de las organizaciones sociales.
5.  Derogación del paquete de leyes incendiarias que habilitan la deforestación y la expansión de la frontera agrícola.
6.  Revocación de la autorización estatal al evento HB40 y de todo procedimiento abreviado para la liberación de transgénicos.
7.  Titulación colectiva efectiva de todos los territorios indígenas en proceso y pendientes, conforme a los Estudios de Necesidades Espaciales.
8.  Consulta previa, libre, informada y vinculante para toda medida legislativa, administrativa o de infraestructura que afecte a los pueblos indígenas, conforme al artículo 30.II.15 de la Constitución y al Convenio 169 de la OIT.
9.  Aprobación de leyes postergadas que favorezcan a los pueblos indígenas: Ley de la Amazonía Bruno Racqua, Ley de Bosques y Otros Sistemas de Vida, Ley del Agua y Ley de Gestión Pública para las Autonomías Indígenas Originarias.
10.  Revisión e intervención de todos los contratos de carbono firmados en territorios indígenas sin consulta previa, y suspensión de nuevos acuerdos de esta naturaleza.
11.  Fortalecimiento del INRA con recursos técnicos y humanos para que cumpla su función de control y verificación de la FES, sin actuar como mero tramitador al servicio de grandes intereses.
12.  Política nacional de soberanía alimentaria que priorice la producción campesina e indígena diversificada para el mercado interno, frenando el monocultivo, la deforestación y el modelo agroexportador dependiente.
13.  Respeto al pluralismo jurídico y a las decisiones de la justicia indígena, incluyendo el derecho a emitir sentencias indígenas contra toda norma que atente contra sus territorios y derechos colectivos.

CONTEXTO Y CLAVES DEL CONFLICTO

Las determinaciones adoptadas hoy por la CPEM-B son el resultado de un proceso de deliberación orgánica sostenido en los territorios: encuentros de corregidores y reuniones de las subcentrales, que en las últimas semanas construyeron una lectura común sobre lo que está en juego. La plataforma aprobada es, en ese sentido, una decisión construida de abajo hacia arriba, con legitimidad orgánica plena. Que las organizaciones otorguen un plazo de siete días al gobierno y anuncien movilización en caso de incumplimiento no es un gesto retórico, es la expresión de mandatos recibidos desde las comunidades en esos espacios colectivos de deliberación.

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