
La Paz, marzo de 2026.
Diversas organizaciones y actores vinculados al desarrollo rural han manifestado su preocupación ante la aprobación del Proyecto de Ley N.º 157 en la Cámara de Diputados, advirtiendo que esta norma representa un retroceso en la protección de la tierra y los derechos de las poblaciones indígena originario campesinas en Bolivia.
El pronunciamiento señala que la aprobación de esta ley vulnera principios fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), particularmente aquellos que garantizan la protección de la pequeña propiedad agraria como patrimonio familiar inembargable y base de la vida rural.
Según el análisis, la norma abre la posibilidad de que pequeñas propiedades puedan ser transformadas en medianas propiedades de forma expedita, mediante procedimientos administrativos simplificados. Esta disposición, advierten, podría facilitar procesos de reconcentración de la tierra, favoreciendo la expansión del latifundio, expresamente prohibido por la CPE.
Asimismo, se cuestiona la suspensión por diez años de la verificación de la Función Económico Social (FES) en determinadas propiedades, lo que debilitaría los mecanismos de control estatal sobre el uso adecuado de la tierra y podría incentivar su acumulación en manos de sectores con mayor poder económico.
Otro de los aspectos observados es la falta de un debate público amplio y de procesos de consulta previa con las organizaciones indígena originario campesinas. El documento advierte que una norma de esta magnitud, con impactos estructurales sobre la tenencia de la tierra, requiere un análisis plural, informado y participativo.
En esa línea, el pronunciamiento alerta que esta iniciativa podría formar parte de un conjunto más amplio de reformas orientadas a modificar el régimen agrario, afectando territorios comunitarios y poniendo en riesgo las bases culturales, sociales y económicas de los pueblos indígenas.
Frente a este escenario, se plantea el rechazo al Proyecto de Ley 157 y se anuncia que, en caso de su promulgación, se impulsarán acciones legales, incluyendo recursos de inconstitucionalidad, por considerar que la norma contraviene disposiciones expresas de la CPE.
Finalmente, se enfatiza la necesidad de impulsar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo rural con equidad, respeten los derechos colectivos y garanticen la sostenibilidad de los territorios, en lugar de promover medidas que debiliten la institucionalidad agraria y la base territorial de la vida en Bolivia.
Acceda al pronunciamiento interinstitucional.

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