15/05/2020

Organizaciones indígenas de la Amazonía Sur rechazan la introducción de transgénicos

Efren Cabrera - CIPCA Beni

CIPCA / 15 de mayo de 2020.- Las organizaciones indígenas con mayor base social de la Amazonìa Sur han hecho público su rechazo a la introducción de los transgénicos en el país. El cuestionado Decreto Supremo (DS) 4232 que busca la legalización de los transgénicos ha sido aprobado el 7 de mayo del 2020.

La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) y el Gran Consejo Chimán (GCCH) emitieron un pronunciamiento de 7 puntos en el que exponen su rechazo al proceso abreviado que pretende desarrollar el gobierno para dar curso al uso de semillas transgénicas, y a la vez presentan demandas de fortalecimiento a las economías locales. El pronunciamiento textualmente señala:

“Demandamos a los niveles del estado, la implementación de políticas públicas para el fomento de las economías locales, familiares de indígenas y campesinos que producen alimentos que se consumen en la mesa de las y los bolivianos. Así mismo, denunciamos que la producción de los transgénicos no da seguridad y soberanía alimentaria a los bolivianos, ya que su producción está destinada principalmente a la exportación y producción de biocombustibles…”

El sector agroindustrial ha realizado muchos esfuerzos para legalizar la introducción de eventos transgénicos en Bolivia a pesar que la Constitución Política del Estado y las leyes N° 144 y N° 300 lo prohíben. Han logrado alguna respuesta a su objetivo a través de la promulgación de Decretos Supremos como el 3784 en el 2019 y ahora el DS 4232, mismos que trasgreden las normas citadas en líneas anteriores. También lograron la ampliación del periodo de verificación de la Función Económica Social (FES) -de 2 a 5 años- que se aplica a los predios rurales, la anulación de las sanciones por desmontes ilegales y la ampliación del desmonte de 5 a 20 hectáreas por año, entre otros.

A la fecha, muchas organizaciones sociales de tierras altas y bajas, de las áreas urbanas y rurales se han manifestado en contra del DS4232 y han cuestionado la vulneración de las normas nacionales y las atribuciones del gobierno de transición en un contexto de crisis sanitaria. Estos sectores manifiestan su rechazo por lo impactos que podrá generar el uso de transgénicos en materia ambiental incrementando la deforestación y pérdida de biodiversidad, así como posibles riesgos para la salud humana.

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