28/03/2026

Organizaciones campesinas de La Paz se declaran en emergencia y anuncian movilizaciones contra la Ley 157

Rubén Llusco, Juan Condori, Pamela Vizcarra - CIPCA Regional Altiplano

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” (FDUTIOCLP-TK)  y la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz  - Bartolina Sisa (FDUMCIOLP – BS) y sus 20 federaciones provinciales, determinaron rechazar en absoluto a la Ley N° 157 y al proyecto de “Ley Antibloqueo” mediante la Resolución 10/2026, denunciando la vulneración de derechos territoriales y la falta de consenso social participativo en su aprobación. 

Además, tras un masivo ampliado, realizado en la ciudad de El Alto, ambas federaciones departamentales y las 20 provincias del departamento instruyeron el inicio de acciones legales y ratificaron su participación en la marcha nacional del próximo 31 de marzo junto a la Central Obrera Boliviana (COB), ante la amenaza que representan estas normas para la seguridad jurídica de las familias productoras agropecuarios.
El punto crítico de la movilización se concentra en la Ley 157, la cual promueve la conversión "voluntaria" de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad y empresarial para el acceso a créditos. Al respecto, las organizaciones identificaron que esta medida vulnera la protección constitucional de la pequeña propiedad (Art. 394 y 400 de la CPE), pues al cambiar su estatus jurídico, la tierra pierde su carácter de indivisible e inembargable, exponiendo a los campesinos a la pérdida de su patrimonio frente a posibles ejecuciones hipotecarias. 

Las dirigencias lamentan que esta normativa fue aprobada sin consulta previa, ignorando el rol fundamental de la pequeña propiedad en la soberanía alimentaria del país, afectando la función social, la función social económica de las familias y sus normas y procedimientos propios de las comunidades.
Asimismo, las federaciones departamentales y sus organizaciones de base de las provincias expresaron su rechazo al proyecto de “Ley Antibloqueo”, calificándolo como una herramienta de criminalización que busca silenciar las demandas sociales mediante penas desproporcionadas. En un contexto de crisis económica y problemas en el suministro de combustibles de mala calidad, las organizaciones campesinas perciben que estas leyes son como un retroceso en sus derechos fundamentales, advirtiendo que la falta de diálogo efectivo por parte del gobierno nacional solo profundiza el conflicto en el país.

Finalmente, la FDUTIOCLP-TK y la FDUMCIOLP - BS reafirmaron su estado de alerta permanente y la unidad de sus 20 provincias en defensa del territorio. La resolución emitida exige la anulación de las normativas cuestionadas y el respeto a la democracia comunitaria, asegurando que la movilización del 31 de marzo será solo el inicio de una serie de medidas de presión destinadas a garantizar que la tierra permanezca bajo el control social y constitucional de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinas.

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