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La frontera agrícola en Bolivia; transgénicos, deforestación y seguridad alimentaria

Autor: Vincent Vos (*)
Fecha: 08/04/2015

En los últimos años el vicepresidente García Linera y otros voceros del gobierno nacional en diversas ocasiones han anunciado planes de ampliar la frontera agrícola. Con la Agenda Patriótica 2025 y su sucesiva elevación al rango de ley, se ha consolidado esta propuesta para el desarrollo de Bolivia, ya que la misma plantea alcanzar los 13 millones de hectáreas cultivables hasta 2025 y ampliar la producción agrícola a 45 millones de Tn. Tanto en la Agenda Patriótica como los discursos se argumenta que con esta ampliación se busca garantizar  la seguridad alimentaria de la población boliviana (Gutiérrez 2014). No obstante, esta propuesta ha sido criticada ampliamente desde organizaciones sociales y movimientos ambientalistas. Para aportar al debate actual al respecto, en el presente documento resumo algunas de las principales críticas.

El destino de las tierras desmontadas

Para comprender los alcances de la ampliación de la frontera agrícola primeramente es necesario evaluar el destino de las tierras desmontadas. En Bolivia actualmente se pierda aproximadamente 200.000 hectáreas de bosque por año, mayormente en las tierras bajas (Müller et al 2014). Las tres principales causas de la deforestación son la ganadería (aprox. 50% de la superficie deforestada), la agricultura mecanizada (30%) y la agricultura a pequeña escala (20%). En cuanto a las superficies de producción agrícola la Fundación Milenio indica que entre 2006 y 2014 esta superficie agrícola aumentó de 2.8 millones de hectáreas a 3.3 millones, permitiendo un correspondiente incremento en los volúmenes producidos de 12,2 a 15,7 millones de toneladas (Fundación Milenio 2015).

Mientras que en el occidente del país se ha visto un impresionante incremento de la producción de quinua, los incrementos de superficies agrícolas y sobre todo la deforestación están más relacionados a la producción de soya en las tierras bajas del oriente boliviano, en especial en un área conocida como “zona de expansión” en el norte del departamento de Santa Cruz (Müller et al 2014). Esta situación además se ve favorecida por la promulgación de la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques que establece un régimen excepcional para los desmontes (FAN 2014). Considerando estos datos y las tendencias productivas en el país, se espera que una ampliación de la frontera agrícola favorezca principalmente la producción de oleaginosas (Gutiérrez 2014).

En la última década la soya se ha convertido en el producto agrícola más importante del país, y en el año 2013 las exportaciones de soya sumaron a más de $US 1.109 millones (IBCE 2015). Este incremento no solamente ha permitido fortalecer la economía cruceña, las divisas generadas también son muy valoradas por el gobierno boliviano en su búsqueda de diversificar la economía nacional y reducir la dependencia de los hidrocarburos y minería. En este sentido los datos respaldan el supuesto que la ampliación de la frontera agrícola podría permitir un aumento de la producción agrícola y fortalecer la economía nacional.

No obstante, se ha cuestionado el potencial de los planes en cuanto a su contribución a la seguridad alimentaria bajo el argumento que la mayor parte de las áreas convertidas para la producción agrícola serán destinadas a productos para la exportación y por ende no contribuirán al consumo de alimentos en Bolivia. Cabe mencionar que durante 185 años de vida república la población de Bolivia se alimentó con aproximadamente medio millón de hectáreas destinadas a la producción agrícola (Suárez Añez  2011). Según la FAO la agricultura familiar en Bolivia actualmente aporta en un 70% de arroz, 45% de hortalizas, 70% de maíz, 40% de leche, y casi un 100% de papa y yuca (FAO 2014, citado en Alarcón & Camacho 2014).

Aunque tanto el crecimiento poblacional de Bolivia como los cambios en los patrones de consumo podrían justificar cierto aumento de las superficies necesarias para la producción agrícola, es obvio que gran parte de los 20 millones de hectáreas planteadas será destinado a atender demandas externas. En especial la producción de soya busca satisfacer la insaciable demanda internacional de alimentos balanceados y biocombustibles, sin aportes significativos a la seguridad alimentaria nacional. En este sentido incluso es probable que el crecimiento de la producción mecanizada de monocultivos tenga un efecto negativo sobre la seguridad alimentaria, ya que la demanda de tierra para la producción de agro-combustibles está provocando una competencia por tierra con los cultivos alimentarios (Suárez Añez 2011).

Transgénicos en Bolivia

En especial este último año el cultivo de soya ha provocado debate adicional acerca de los transgénicos en el territorio boliviano. El sector soyero ha solicitado una mayor apertura para la producción de cultivos genéticamente manipulados, provocando fuertes críticas de ambientalistas y organizaciones sociales en contra de los transgénicos.  Estas organizaciones por lo general no solamente expresan preocupación por los transgénicos en sí, pero también de los impactos ambientales y sociales indirectos de la producción de estos cultivos (ej. Greenpeace 2006, Zegada 2015, ver también los siguientes párrafos).

Parte del debate centra en la situación legal para los productos genéticamente manipulados en Bolivia. La actual constitución política del Estado tiene una definición ambigua al respecto: en artículo 409 indica que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley.” En realidad, este texto fue modificado a última instancia ya que el texto originalmente planteado por diversas organizaciones sociales, yaprobado por la Asamblea Constituyente propuso que “Se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”.

Aunque por la presión de algunos grupos de poder económico el gobierno entonces anuló la prohibición de transgénicos originalmente planteado, en 2010 se logró definir con mayor detalle la situación legal de los transgénicos con la aprobación de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (N° 300). Entre los múltiples objetivos, bases y orientaciones de la ley también incluye un posicionamiento fuerte en cuanto a los transgénicos:se establece el desarrollo de acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad “…prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio de Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, los sistemas de vida y la salud humana.” (Art. 24 numeral 7). Asimismo, se establece que se deben desarrollar acciones “…que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país…”. (Art 24 numeral 8). (Orellana & Pacheco 2013).

Por su parte la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (N° 144, aprobada en 2011) establece que “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamentemodificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atentencontra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.” (Art. 15 numeral 2). Además “Todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derivede organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado eindicar esta condición.” (Art. 15 numeral 3).

Ambas leyes hacen referencia a las especies cuya origen genética está en Bolivia, en reconocimiento que Bolivia alberga una enorme variedad y parientes silvestres de cultivos que originalmente fueron domesticados en los Andes y Amazonía boliviana (ej. Clement 1989). Mientras que ambas leyes establecen importantes restricciones para proteger esta valiosa agrobiodiversidad, las mismas no aplican necesariamente para cultivos cuyo centro de origen se encuentra en otra parte del mundo. Considerando que la soya no es originaria de Bolivia, las restricciones no aplican a este cultivo, y actualmente cuenta con autorización legal para su producción transgénica. De hecho, en 2012 la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) reportó que el cien por ciento de la producción de soya en el país es transgénica (La Razón 2015).

Aunque la soya es el único producto con autorización legal, existen pruebas de la diseminación de otros cultivos transgénicos dentro del territorio boliviano. Según datos de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el 100 por ciento de las muestras de algodón seleccionadas en el Municipio Pailón, en Santa Cruz, para pruebas de detección de organismos genéticamente modificados era producción transgénica.Asimismo, ensayos realizados el 2010 en la región del Chaco –Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija– evidenciaron que cuatro de 187 muestras de maíz eran transgénicas (La Razón 2015).

En todos estos casos no solamente es preocupante constatar que la producción de transgénicos está mucho más avanzada de lo que generalmente se asuma, pero que no se aplica la legislación nacional y, por tanto, no se protege la diversidad genética del país, principal fuente de soberanía alimentaria y base elemental para enfrentar cualquier adversidad generada por el cambio climático. En el caso de soya es por demás evidente que se incumple el decreto de autorización de la soya transgénica (DS 28255) en el que se establecen mecanismos para el control de la segregación, seguimiento ambiental, y destino, incluyendo la determinación que la soya transgénica producida en Bolivia es exclusivamente para la exportación.Además, en desconsideración de los riesgos para la salud humana, y estas restricciones legales, la soya boliviana es utilizada ampliamente en la producción de aceite de cocina, bebidas y otros productos alimenticios y estamos importando muchos otros productos con soya transgénica. En consecuencia los consumidores estamos consumiendo múltiples productos transgénicos sin contar con información sobre su procedencia y posibles riesgos de salud. El Gobierno incluso ha incluido soya en el paquete alimentario del subsidio prenatal y de lactancia.

Este tipo de atropellos a la legislación vigente no son una excepción. En países vecinos como Brasil, Argentina y Paraguay existen múltiples denuncias relacionadas al avance del sector soyero, desde la producción ilegal de cultivos transgénicos y la invasión de tierras indígenas y áreas protegidas, hasta casos de esclavización de trabajadores y violencia con complicidad de empresas soyeras (ej. Greenpeace 2006, Lapegna 2014).

La amenaza química

Otra preocupación en cuanto a la ampliación de la frontera agrícola a favor de monocultivos destinados a la exportación está relacionada al amplio uso de agrotóxicos dentro de la agricultura mecanizada. En especial para el cultivo de soya transgénica se aplica grandes cantidades de herbicidas. En efecto la soya transgénica ha sido alterada para que tenga resistencia a la herbicida glifosato, facilitando el control de las “malas hierbas” con la aplicación de altos dosis de este agroquímico. Para el cultivo de soya, anualmente se utiliza unos 4.2 millones de litros de glifosato, y hay adicionales cantidades utilizadas para el cultivo de girasol, chía, sésamo y otros (IARC-OMS, citado en Zegada 2015).

Anteriormente se ha demostrado que estos agroquímicos tienen un impacto irreversible sobre los ecosistemas naturales y la biodiversidad local. Además la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) recientemente incorporó el glifosato en la lista de substancias “probablemente carcinógenas para humanos”.Aparte del glifosato los productores de soya en Bolivia además utilizan Paraquat y 2-4-D productos químicos que han sido prohibidos en grandes partes del mundo por sus riesgos para la salud de los usuarios, los consumidores y el medio ambiente, pero que siguen siendo utilizados en Bolivia por falta de una reglamentación clara y un debido control (Zegada 2015). 

Impactos de la deforestación

Cabe mencionar que existe una preocupación generalizada de los impactos ambientales del avance de la frontera agrícola en sí. La conversión de un bosque en un pastizal o un monocultivo implica la pérdida instantánea de virtualmente toda la biodiversidad del área intervenida, un efecto especialmente preocupante si consideramos que la mayor parte de la deforestación está siendo realizado dentro de la cuenca amazónica, uno de las regiones más biodiversos del mundo. La pérdida de biodiversidad provocada por la deforestación tiene implicancias enormes para las poblaciones locales y el país entero por los beneficios económicos, ambientales y sociales proveídos por los bosques: para muchas poblaciones rurales los bosques constituyen un medio de vida importantísima que en muchos casos contribuye en hasta más de 50% a la economía familiar y regional (ej. Vos et al 2010, Pokorny et al 2010).

Además los bosques proveen múltiples servicios ambientales desde el control del microclima local hasta la mitigación del cambio climático (gracias a la captura de dióxido de carbono) (Ej. Andersen 2009). En los últimos años se ha revelado la enorme importancia de la bosques amazónicos en cuanto a los ciclos de agua a nivel continental y diversos estudios han demostrado que tanto las inundaciones como las grandes sequías sufridas en lugares aparentemente distantes como el Altiplano, el Chaco e incluso el sur de Brasil están íntimamente relacionados a la disminución de la evapotranspiración desde la Amazonía debido a la deforestación (Vos 2015). En especial estos efectos climáticos tienen enormes impactos económicos y sociales, por lo cual se ha argumentado que el estado de los ecosistemas y de sus servicios redunda en la calidad de las condiciones de salud, de integridad física, de seguridad alimentaria y de otros aspectos básicos para la seguridad y el bienestar humano (PNUD 2011).

Los pobres que viven en zonas rurales son particularmente vulnerables a la pérdida de los servicios ambientales como el acceso a tierras aptas para la agricultura, el suministro de agua dulce y la disponibilidad de plantas medicinales tendrán un impacto devastador para los pobres que carecen de otras opciones a su disposición (CDB 2007). Existen múltiples ejemplos donde la pérdida de estos servicios y de los medios de vida basados en los ecosistemas naturales relacionados a la ampliación de la frontera agrícola ha provocado altos niveles de migración hacia los centros urbanos. Estos procesos de desplazamiento no solamente tienen grandes implicaciones sociales, pero también afectan negativamente a la seguridad alimentaria, ya que se reduce la mano de obra productiva en el área rural a tiempo de aumentar las demandas en las ciudades (Pokorny et al. 2010).

Estos procesos son especialmente importante en el caso de la deforestación a favor de la producción agroindustrial, ya que cultivos como la soya implican una degradación rápida de los suelos que ya viene fomentando procesos de desertificación en aproximadamente 500.000 hectáreas. En muchos casos la habilitación de nuevas áreas para la producción de soya entonces solo busca reemplazar los suelos degradados, por lo cual la ampliación de la frontera agrícola frecuentemente no incrementa la capacidad productiva, mucho menos la seguridad  alimentaria.

Quienes se beneficiarán

Con tantos efectos negativos de la producción agrícola mecanizada, no nos debe sorprender que muchas organizaciones sociales han cuestionada este tipo de producción. De hecho existe una larga historia de lucha social a favor de formas más tradicionales y sostenibles de producción (Zegada 2015). A pesar de esta lucha, cada vez parece existir mayor espacio para la producción mecanizada, los agrotóxicos y los transgénicos. Estas tendencias revelan la existencia de un grupo de alto poder económico y político que continuamente realiza esfuerzos a favor de este tipo de producción agrícola. Un estudio de la Fundación Tierra demostró que los principales beneficiarios de la ampliación de la frontera agrícola en Bolivia son los miembros de cinco grandes empresas que se dedican al negocio soyero. Aunque este grupo oligopólico también incluye dos empresas bolivianas, el negocio principalmente favorece las transnacionales que ponen el capital y controlan el 90% del acopio y la exportación del grano de soya (Gutiérrez 2014).

Los extranjeros no solo dominan el negocio de la soya. También los procesos de deforestación están directamente vinculados a actores extranjeros y gran parte de la tierra deforestada está en manos de menonitas, brasileros y otros extranjeros (Martínez 2010). En este sentido la apertura de la frontera agrícola en Bolivia viene favoreciendo una extranjerización y especulación de tierras que sigue patrones internacionales ampliamente descritos en la literatura y ampliamente criticados por los efectos negativos ambientales y sociales que implican (ej. Pokorny et al 2010).

Conclusiones

Lo anteriormente mencionado revela que la ampliación de la frontera agrícola favorecería principalmente la producción agrícola mecanizada de oleaginosas. Es probable que un aumento de esta producción agrícola efectivamente genere beneficios económicos para el país, en especial en términos de devisas generadas por las exportaciones. No obstante, gran parte de estos beneficios son capitalizados por pequeños grupos de la agroindustria vinculados a capitales extranjeros, con limitados beneficios económicos concretos para la población boliviana. Además esta producción en gran medida es destinada para la exportación, por lo cual el aporte a la seguridad es casi nulo. Es más, la demanda, la degradación y la especulación de tierras al largo plazo más bien implican una reducción de tierras disponibles para los cultivos para el consumo en el mercado nacional con un resultado final negativo para la seguridad alimentaria.

Adicionalmente, la producción agroindustrial genera enormes impactos ambientales por el uso desmedida y descontrolado de transgénicos y agrotóxicos, y la pérdida de servicios ambientales relacionada a la mayor deforestación. Es especialmente preocupante el caso de los transgénicos que vienen invadiendo la producción agrícola nacional, en desconsideración de sus efectos ambientales y sociales negativos, y los potenciales riesgos para la salud, y con claro atropello de la legislación vigente. Estas tendencias muestran una agenda escondida atrás de los planes de ampliación de la frontera agrícola, que en vez de fortalecer el sector agrícola de Bolivia a favor de la seguridad alimentaria nacional, tendrá impactos negativos, no solo para la seguridad alimentaria, pero también para el bienestar de la población en general. El sector campesino e indígena es especialmente vulnerable a estos impactos sociales, y peor aún existen múltiples ejemplos a nivel internacional de serios atropellos a sus derechos con complicidad de las grandes empresas transnacionales que dominan el sector soyero.Finalmente debemos preguntarnos si el sector empresarial realmente tiene la posibilidad de ampliar las superficies agrícolas en la escala propuesta. Y dónde se encontrarían estas tierras.

En resumen, no solamente es muy improbable que la propuesta de ampliación de la frontera agrícola efectivamente pueda garantizar la seguridad alimentaria de la población boliviana, pero además las tendencias actuales de incremento de la producción agroindustrial implican grandes riesgos sociales y ambientales que más bien ponen en riesgo esta misma seguridad alimentaria. En otras palabras, es necesario y urgente que se revise los planes de ampliación de la frontera agrícola y que se evalúa críticamente las restricciones y mecanismos de control en cuanto al uso de transgénicos y agrotóxicos en Bolivia si realmente se quiere alcanzar los objetivos planteados en la Agenda Patriotica. De hecho la ampliación de frontera agrícola podría tener efectos contraproducentes a varios de los pilares de esta agenda: no sólo la soberanía alimentaria a través del vivir bien (pilar 8), pero también la soberanía científica y tecnológica (pilar 4), la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral lejos de la dictadura del mercado capitalista (pilar6) y la soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la madre Tierra (pilar 9).

Para poder asegurar estas metas para el desarrollo del país será necesario revalorar las diversas propuestas productivas con una visión integral, que aparte de considerar los potenciales productivos y económicos, toma en cuenta los impactos ambientales y sociales de los diversos sistemas productivos. La Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (Ley 144) y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (N° 300) establecen algunos mecanismos al respecto, pero lastimosamente su implementación hasta la fecha ha sido dificultosa y lenta. 

 

(*) Vincent Vos es técnico investigador de CIPCA Norte Amazónico.

 
 

 

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