Foto: CIPCA Santa Cruz
Autor: Isabel Mamani Subirana, socióloga de CIPCA Santa Cruz
Fecha: 15/06/2020
En plena cuarentena por la pandemia, el gobierno de Jeanine Añez aprobó un decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer mecanismos abreviados para la evaluación de semillas transgénicas en Bolivia. Ante ese acontecimiento trescientas organizaciones de productores, organizaciones civiles, asociaciones, colegios de profesionales y colectivos urbanos, entre otros, enviaron una carta abierta a la presidente Añez, rechazando los Decretos Supremos 4232 y 4238, firmados durante su gobierno; y el 3874, firmado por Evo Morales. El documento, con fecha de recibido el 18 de mayo en Palacio de Gobierno, refleja también el sentir de 14 mil ciudadanos, quienes con sus firmas digitales se sumaron a la demanda de los organismos citados. Asimismo, en la misiva se exige la abrogación del decreto 3973 y la Ley 741, que permiten el chaqueo y desmonte, “con el fin de ampliar la frontera agrícola”.
Ante la situación, la denominada CIDOB orgánica del país, emitió un comunicado en el que lamenta dicha alianza. “La CIDOB del ex Gobierno del MAS a la cabeza de Pedro Bare y que hoy está a la cabeza de Gregorio Alexander Quetty Medina, ha suscrito una alianza de cultivo de semilla transgénico con la CAO, con el objetivo de destruir los bosques de los territorios indígenas ancestrales, sin consultar a las bases. En ese contexto, se declaró en estado de alerta y desconoció el convenio.
Frente a este escenario, el 19 de mayo del presente año se llevó adelante el conversatorio virtual denominado “Pueblos indígenas de tierras bajas y el modelo agroindustrial ¿es posible una coexistencia?”, enmarcados en puntos críticos fundamentales en las dimensiones política institucional, sociocultural y económica productiva para generar medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas de tierras bajas a partir de la reflexión crítica sobre los efectos del modelo productivo agroindustrial, pero desde una perspectiva de coexistencia. Para dicho evento se contó con la participación de especialistas en el tema: Dr. Leonardo Tamburini (Abogado), Dra. Mercedes Nostas (Antropóloga) y la Ing. Ana Rosa Angulo (Agrónoma).
Los panelistas direccionaron sus exposiciones basados en dos preguntas orientadoras:
Sin embargo, es importante analizar las preguntas realizando una contextualización de la situación de los Pueblos Indígenas en las Tierras Bajas de Bolivia. Desde hace algunos años, el escenario donde se manifiestan los conflictos sociales, ambientales y movimientos socioterritoriales es precisamente en las regiones de las tierras bajas del país, donde movimientos de matriz indígena y comunitaria se organizan y movilizan en torno, principalmente, a la defensa de sus territorialidades y sus derechos colectivos. Algunos de estos conflictos y movimientos expresan acciones de defensa, movilización y disputas socioterritoriales frente a políticas de expansión e intensificación extractivista del modelo agroindustrial y las políticas implementadas por el anterior y actual gobierno. Y no es casual, dado que muchas de los espacios geográficos que habitan los pueblos indígenas en Tierras Bajas, concentran una alta biodiversidad (ríos, bosques, fauna) y sobre todo cultura y cosmovisión.
Desde el ámbito sociocultural Mercedes Nostas, declara ¿qué de la coexistencia? Y menciona que existe una invasión de los espacios de vida “cerrados” hasta casi 1950. Transformación relacionada con la ocupación- expansión y mercantilización de los recursos naturales; el territorio y cultura como ocupación que transforma con los dueños del bosque; y un modelo agroindustrial que percibe la tierra como negocio, a corto plazo, lucro y usufructo personal, cuando para los pueblos indígenas el territorio es una parte esencial para la vida.
Los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, siempre han estado en una lucha constante por el reconocimiento de sus territorios y la seguridad jurídica. Según los datos del INRA (2018), se ha avanzado en el saneamiento y titulación de 85,5 millones de ha. Donde se desprende la siguiente distribución: Empresarios y Propietarios medianos 14% - 11,8 Millones; Campesinos e Interculturales 27% - 23,2 Millones; Tierras Fiscales 31% - 26,6%; y Territorios Indigenas Originarios Campesinos 28% - 23,9 Millones. En caso particular de los Pueblos Indigenas de las Tierras Bajas, concentra 13 millones de ha, es decir 55 TIOC titulados y 162.000 beneficiados.
Sin embargo, en este sentido Tamburini manifiesta que uno de los grandes problemas en Bolivia, es que los organismos de regularización y distribución de tenencia de la tierra, siguen estando manejados por criterios políticos y en este momento están complemente desinstitucionalizado y no gozan de credibilidad. Por lo tanto, tenemos en el Estado los órganos que no dan la talla para encarar un relanzamiento del modelo agrario que está en la Constitución Política del Estado y enfatiza que tenemos un modelo agrario que es el agroindustrial, como un nuevo tipo de latifundio, porque no solo concentra y domina la tierra, sino también las tecnologías de producción y las políticas de desarrollo.
A esto se suma el análisis expuesto por Ana Rosa Angulo, desde el ámbito económico productivo nos plantea que existen grupos societarios extranjeros que están adquiriendo tierras, así también grupos nacionales que se autodenominan “comunidades” para adquirir tierras de mayor superficie; se tiende a copiar prácticas agrícolas en condiciones no adecuadas (agroquímicos, uso y manejo, capital para semilla); y se están desarrollando otro tipo de relaciones no tradicionales, menonitas, comerciales y campesinos.
Entonces queda decir, ¿Cuáles son los puntos críticos estructurales a tomar en cuenta desde una verdadera coexistencia que de sostenibilidad a los medios de vida indígenas? ¿Cuál la ruta crítica a seguir? Los panelistas bosquejaron lineamientos que permitan avanzar hacia una coexistencia sostenible:
En el ámbito sociocultural:
En lo económico Productivo:
En lo político Institucional:
En ese marco, el gobierno boliviano,debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores y comunidades indígenas que producen alimentos sanos mediante un buen manejo sustentable de sus recursos naturales y en armonía con la naturaleza.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de CIPCA.
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