Artículos de opinión

Más allá del crédito: la oportunidad de fortalecer la gobernanza de la tierra en Bolivia

Cosecha de papa miska para la generación de ingresos económicos por mujeres de la comunidad de Tholar, mediante el uso de sistemas de riego

Autor: Marco Antonio Albornoz - Director General del CIPCA
Fecha: 23/07/2026

La aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que autoriza el contrato de préstamo entre el Estado boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable marca un nuevo capítulo en la política agraria del país. Después de más de dos años de postergación legislativa, el financiamiento de 40 millones de dólares permitirá avanzar en la etapa final del saneamiento de tierras, fortalecer la gestión catastral y modernizar las capacidades institucionales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Sin embargo, reducir esta decisión a la aprobación de un crédito sería perder de vista su verdadera dimensión. La conclusión del saneamiento de tierras representa una oportunidad para plantear la gobernanza territorial en Bolivia y fortalecer la seguridad jurídica, la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para administrar uno de los recursos más estratégicos del país.
Cuando hablamos de tierra no nos referimos únicamente a parcelas, número de hectáreas, catastros o títulos de propiedad. Más bien nos referimos al territorio donde miles de familias producen alimentos, sostienen su economía, preservan su identidad cultural y ejercen derechos colectivos. En Bolivia, la tierra posee un significado mucho más profundo que el de un simple bien económico: constituye un elemento central para la seguridad alimentaria, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.

En este contexto, culminar el saneamiento es una noticia alentadora. La seguridad jurídica brinda mayor certidumbre a quienes trabajan la tierra, reduce la conflictividad y crea mejores condiciones para planificar inversiones y promover el desarrollo rural. Asimismo, el fortalecimiento del INRA y la modernización del catastro pueden contribuir a una administración territorial más eficiente, transparente y confiable.

No obstante, también es importante reconocer los límites de este proceso. El saneamiento, por sí solo, no resolverá los problemas estructurales del campo en Bolivia.

Persisten importantes desafíos relacionados con las brechas de productividad, la vulnerabilidad frente al cambio climático, la presión sobre los bosques, el acceso desigual al agua, las limitaciones de la agricultura familiar y la falta de oportunidades económicas para la población rural. La regularización de la propiedad constituye una condición necesaria para avanzar, pero debe complementarse con políticas públicas que impulsen la producción sostenible, la innovación tecnológica, el acceso a mercados y el fortalecimiento de las capacidades locales.

La experiencia reciente deja, además, una lección que conviene no olvidar. El debate en torno a la Ley 1720 evidenció que las decisiones sobre la tierra generan legitimidad cuando se construyen mediante el diálogo y la búsqueda de consensos, pero también pueden profundizar la desconfianza cuando los distintos actores sienten que no participan en ellas, Esta nueva etapa ofrece la oportunidad de fortalecer una gestión pública más abierta, participativa y basada en criterios técnicos.
El éxito del programa dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para actuar con transparencia, respetar el marco constitucional y consolidar instituciones sólidas. Del mismo modo, será indispensable incorporar la participación activa de pueblos indígenas, comunidades campesinas, pequeños productores, gobiernos autónomos, universidades, organizaciones sociales, instituciones técnicas y sector privado. La construcción de una política de tierras sostenible exige la corresponsabilidad de todos los actores involucrados.

Mirando hacia adelante, el desafío es aún mayor. La culminación del saneamiento debería convertirse en el punto de partida de una política integral de desarrollo rural que articule seguridad jurídica, productividad, sostenibilidad ambiental y equidad social. Bolivia necesita producir más y mejor, pero también conservar sus bosques, proteger sus fuentes de agua, fortalecer la agricultura familiar y generar oportunidades para que las nuevas generaciones encuentren un futuro digno en el campo.

El crédito del BID representa, por tanto, mucho más que un mecanismo de financiamiento. Constituye la posibilidad de cerrar una etapa histórica e iniciar otra basada en instituciones más sólidas, mayor transparencia y una visión estratégica del desarrollo integral del territorio. El verdadero éxito no se medirá únicamente por la cantidad de hectáreas saneadas o de títulos entregados, sino por la capacidad de reducir los conflictos, fortalecer la confianza entre el Estado y la sociedad y sentar las bases de un desarrollo rural inclusivo, sostenible y equitativo para todas y todos los bolivianos.