Autor: Fredy Villagomez Guzmán, director de CIPCA Altiplano
Fecha: 09/08/2024
Hace 30 años la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto como Dia Internacional de los Pueblos Indígenas para reflexionar sobre el rol histórico y el reconocimiento de su aporte como agentes de cambio, guardianes de los recursos naturales y portadores de visiones del mundo, conocimientos y prácticas tradicionales, también para abogar por el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en los convenios y tratados internacionales.
Esta fecha es oportuna para valorar las acciones de lucha, resistencia, construcción de propuestas y alternativas, no solamente para la defensa de sus territorios y modos de vida sino, ante todo, para forjar una vida global más equitativa, solidaria, justa y sostenible. Sin embargo, también es propicia para denunciar la vulneración recurrente y, en muchos casos, violenta de los derechos humanos de los pueblos indígenas, las amenazas a sus territorios y sus medios de vida por actividades extractivistas (minería, agronegocio, hidrocarburos, ganadería, etc.), economías ilegales (minería ilegal, narcotráfico, crimen organizado, contrabando, etc.) y, en las últimas décadas, sufren los efectos del cambio climático, cada vez con mayor fuerza.
No ha cesado la presión sobre los recursos naturales en territorios indígenas por los Estados, las empresas extractivas transnacionales, grupos de poder y elites locales, en particular sobre la tierra, el agua, bosque y biodiversidad. Las iniciativas implementadas por las empresas extractivas, como la producción de soya, ganadería, minería del oro ilegal, hidrocarburos y otros depredan y erosionan los medios de vida de la población indígena. De ahí que es común escuchar de ríos contaminados, pueblos fumigados, territorios secuestrados por grupos ilegales, territorios incendiados, etc. Todo esto provoca la desposesión de los pueblos indígenas de sus territorios en el orbe entero, muchas veces con las falsas promesas de desarrollo y modernidad, que solamente llevan a escenarios sombríos.
Los pueblos indígenas, históricamente han contribuido con múltiples estrategias que permitan enfrentar a la lucha contra el cambio climático y mostrarse mas resilientes ante tales adversidades, a pesar de ello, son los que experimentan cotidianamente los efectos adversos de manera directa, puesto que muchos ecosistemas y territorios son sensibles y vulnerables. Además, la subsistencia de estos pueblos depende de los recursos naturales amenazados por el cambio climático. A ello, se suma de manera consecutiva y recurrente los incendios forestales en áreas protegidas y territorios indígenas poniendo en riesgo sus medios de subsistencia. Incluso las falsas soluciones a la crisis ambiental, como los mercados de carbono, continuarán vulnerando los derechos y territorios de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas desarrollan e ingenian de forma creativa y colectiva estrategias para enfrentar y resistir las acciones del modelo de desarrollo extractivista, capitalista y patriarcal, basado en la depredación de los recursos naturales y la mano de obra vulnerable. En este sentido, no son simples víctimas, sino que construyen activamente mecanismos para defender sus territorios y sus sistemas de vida, son resilientes a los efectos adversos del cambio climático retomando tradiciones y conocimientos locales, combinando con tecnología y conocimiento moderno. Aunque esta batalla entre pueblos indígenas y el capital ocurre en condiciones desiguales, generalmente la balanza se inclina a favor este último.
Según el informe “Mundo indígena” 2024, los pueblos indígenas constituyen el 6 % de la población mundial y protegen al menos el 28 % de la superficie del planeta, estos son ecosistemas, la biodiversidad, recursos hídricos y el carbono. Es imprescindible reconocer que los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas pueden contribuir positivamente a su superar la crisis climática, alimentaria y sanitaria que vive el planeta.
En el caso boliviano, los pueblos indígenas, a través de acciones de hecho, luchas jurídicas, negociaciones grupos de poder y funcionarios del Estado, prosperan en el ejercicio de sus derechos de libre determinación y autogobierno; estos avances, aunque todavía pequeños, están contribuyendo, en alguna medida, al rediseño institucional del Estado, construcción de la democracia intercultural y a un modo de vida diferente. En el territorio nacional existe siete gobiernos autónomos indígena originario campesinos, constituidos según normas y procedimientos, que con muchas complejidades caminan hacia la construcción de una gestión pública y territorial propia y democrática. En relación a la representación política, 7 pueblos indígenas tienen presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque todavía con intermediación partidaria; en las Asamblea Legislativas Departamentales 25 representantes son elegidos de manera directa, por normas y procedimientos propios; en cuatro Concejos Municipales se eligen de manera directa sin necesidad de pertenecer a algún partido político. La jurisdicción indígena originaria campesina, a pesar de los candados establecidos en el Ley de Deslinde Jurisdiccional, avanza a través de acciones de hecho en los territorios, las sentencias constitucionales en favor de la Jurisdicción indígena rebasaron las limitaciones impuestas por las leyes secundarias. A pesar de ello, hay mucho camino por recorrer para la reivindicación y puesta en vigencia de los derechos sociales y económicos en favor de los pueblos indígenas.
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.