Artículos de opinión

“La tormenta perfecta” profundiza nuestra vulnerabilidad ambiental como país.

Autor: José Marcelo Arandia Alarcon(*)
Fecha: 16/08/2021

Bolivia durante los últimos años ha experimentado recurrentes eventos climáticos adversos, de los cuales, los incendios forestales son un efecto inmediato. Mas de 4 millones de hectáreas en zonas ambientalmente vulnerables como la Chiquitanía, Pantanal y Chaco en el departamento de Santa Cruz han sido dañadas en su biodiversidad, provocando impactos severos y afectando sustancialmente sus funciones ambientales, productivas y forestales, que al final de cuentas afectan seriamente los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas. Los datos relacionados con la perdida de áreas boscosas se han duplicado de 150,000 hectáreas en el año 2000 a 300,000 hectáreas para el 2018**, o las cifras relacionadas con las pérdidas forestales anuales del país que nos demuestran una perdida entre 290,000 hectáreas a 450,000 de hectáreas en los últimos años.

Las condiciones meteorológicas actuales, compuestas por sequías y heladas inusuales en la región, están favoreciendo la presencia de abundante materia seca que genera un escenario propicio para los incendios forestales, que si no se toman las medidas adecuadas este año, pueden llegar a la magnitud de las catástrofes sufridas el 2019 y 2020. A este panorama se le deben sumar las causales subyacentes de varias decisiones políticas***; cuyo direccionamiento estratégico es precisamente posicionar e impulsar el modelo agroexportador bajo el pretexto de diversificar la estructura productiva del país que genere renta.

Lamentablemente todos estos factores asociados entre sí, han contribuido a generar un escenario apropiado para que se produzca la “tormenta perfecta”, en el sentido de generar condiciones  que permitan acrecentar la vulnerabilidad ambiental, ecológica y económica especialmente para las comunidades indígenas que habitan  el Bosque Seco Chiquitano, el Chaco y la Amazonía,  provocando que en estos territorios se agudice las condiciones de desigualdad territorial que sumada a los efectos multidimensionales de la pandemia, entramos en un “círculo perverso”  de mayor conflictividad social, mayor pobreza rural y mayor deterioro del medio ambiente.

Desde CIPCA consideramos fundamental avanzar en el análisis, reflexión y propuestas en torno al enfoque de desarrollo del país, necesitamos avanzar hacia un desarrollo resiliente y sostenible; consideramos pertinente poner en el debate político y técnico la pertinencia de algunos sistemas productivos de carácter agro extractivo midiendo sus impactos socio ambientales, necesitamos avanzar y valorar otras propuestas de modelos productivos alternativos desarrollados por organizaciones indígenas y campesinas en diferentes regiones del país, que rescatan estrategias de resiliencia y son más sostenibles.

Hacemos un llamado a las instancias del estado a tomar las previsiones necesarias, y trabajar de manera coordinada y concertada con los actores diversos en los territorios hoy en riesgo, sólo así evitaremos una nueva catástrofe ambiental como departamento y como país.

(*) Es Director Regional de CIPCA Santa Cruz.

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**    Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible https://www.sdsnbolivia.org/nuevos-datos-sobre-la-deforestacion-en-bolivia/
***  Ley 337/13, 502/14 y 739/15 autorizan “perdonazos” a la deforestación ilegal y extienden el plazo para subsanar cualquier delito; Ley 741/15,  expande el área permitida de desmonte de 5 a 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a actividades agropecuarias; Ley 1098/18,  permite un incremento en la producción de aditivos de origen vegetal, biocombustibles y la expansión de tierras para este propósito; y la Resolución Administrativa ABT 104/2021 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que permitía ampliar el plazo de quemas controladas de desmonte y de pastizales, hasta el 31 de julio del 2021

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