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Dirigencia de la CIDOB pasa por alto la consulta y debilita los mecanismos de toma de decisión

Dirigencia de la CIDOB pasa por alto la consulta y debilita los mecanismos de toma de decisión

Guardia indígena en el recibimiento del título de las exconcesiones forestales, comunidad Monte Grande del Apere, TIM, San Ignacio de Mojos, Beni 15/8/2019. Foto: CIPCA Beni

Autor: Efren Cabrera Barrientos, sociólogo de CIPCA Beni
Fecha: 21/05/2020

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (CIDOB) es la organización matriz que representa a los 34 pueblos y naciones indígenas que habitan en las tierras bajas. Actualmente su dirigencia está liderada por Gregorio Quetty Medina (del pueblo Leco) quien asumió la presidencia en diciembre 2019 luego que las organizaciones regionales suspendieran a Pedro Vare Yujo -elegido en la última Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI) en agosto del 2017-.

La actual dirigencia nacional asumió su mandato posterior a la crisis socio política que se vivió en el país a finales del 2019, y ante el evidente debilitamiento y división del movimiento indígena y sus organizaciones a nivel nacional y regional, debido a la desarticulación orgánica, pérdida de su autonomía y cooptación de líderes y dirigentes. Incluso la actual dirigencia a la cabeza de Quetty se enfrenta a la existencia de una organización paralela denominada CIDOB orgánica liderada por Tomás Candia del pueblo Chiquitano, que aún persiste activa.

Los mandatos de las organizaciones regionales para Quetty fueron marcados para exigir la no vulneración y ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, y articular y cohesionar a las organizaciones con el fin de recuperar la autonomía orgánica y agenda propia. Ante el contexto de la pandemia por Covid-19 muchas organizaciones indígenas demandaron a sus líderes nacionales gestiones necesarias para que los distintos niveles de gobierno consideren y asuman medidas sanitarias según las realidades propias de las naciones y pueblos indígenas, tomando en cuenta su alto grado de alta vulnerabilidad.

A la fecha, ante el evidente riesgo de contagio por el coronavirus en los territorios indígenas de tierras bajas, no son suficientes las medidas sanitarias para la población, en particular del área rural. Además de hacerle frente a las precarias condiciones que caracteriza el sistema de salud -en algunos lugares sin servicio de salud-; hay una ausencia de apoyo de la dirigencia nacional de la CIDOB por la emergencia sanitaria. Aun así, el movimiento indígena continúa librando el frente de lucha en plena pandemia.

La promulgación del Decreto Supremo 4232 de fecha 07 de mayo 2020 que “autoriza al Comité Nacional de Biotecnología (CNB) establecer procedimientos abreviado para la evaluación de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya”, ha provocado la reacción y posicionamiento de muchas organizaciones indígenas del nivel regional e intercomunal, en representación de la amplia base comunitaria.  Ante dicha situación, 6 organizaciones regionales de Pando, Beni y Santa Cruz (CIRABO, CPEM-B, GCCH, CIPOAP, OICH y APG) emitieron votos resolutivos, en los que coinciden que la aprobación de cultivos transgénicos son parte de un modelo económico que atenta en contra de los territorios y su población, a la vez -señalan los votos resolutivos- es un riesgo para su soberanía y seguridad alimentaria.

El DS 4232 impulsado por el sector agroindustrial y respaldado por el actual gobierno transitorio, bajo la premisa de impulsar la reactivación económica del país post pandemia del Covid-19, pasa por alto el análisis de riesgos de carácter social, cultural y ambiental; este último considerando que Bolivia es un país megadiverso. Además, el DS vulnera la Constitución Política del Estado, la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva, Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, y Ley 622 de Alimentación Escolar. 

En este contexto, de rechazo a las medidas asumidas por el gobierno en el tema transgénicos y de rechazo de la sociedad civil, manifiesto en varios votos resolutivos de organizaciones regionales afiliadas a la CIDOB, el líder de la CIDOB, Quetty Medina firmó el pasado 18 de mayo un convenio con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) titulado “Acuerdo de Cooperación Interinstitucional Unidos por el Campo”. El convenio se resume en 4 ejes: unidad, prosperidad, seguridad alimentaria y transferencia de tecnología, propuestos ante la crisis económica del país.

El mencionado convenio fue pactado sin el consenso previo de las organizaciones regionales que componen la CIDOB, y desconociendo los pronunciamientos previamente emitidos de sus bases. Posterior a la firma, las organizaciones regionales APG, CPEM-B, CIRABO y GCCH han rechazado el convenio, así como otras organizaciones de distintos territorios indígenas.

Esta decisión unilateral -no consultada y sin consenso- de la dirigencia nacional ha provocado la observación de parte de algunas regionales y profundizando las fisuras en la estructura orgánica del ente matriz de tierras bajas. Además, pone en entre dicho principalmente la agenda reivindicativa y los mecanismos de análisis y toma de decisión propios de los pueblos y naciones indígenas.

La Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI) es la máxima instancia de toma de decisión de la CIDOB.  En ella se reúnen las 13 organizaciones indígenas regionales: Organización Indígena Chiquitana (OICH), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central Indígena Regional Amazónica de Bolivia (Cirabo), Gran Consejo Chimán (GCCH), Central Indígena de los Pueblos Originarios de Pando (Cipoap), Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), Organización de Capitanes Weenhayek y Tapietés (ORCAWETA), y Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB).

Durante una GANPI se analizan los informes del directorio nacional y de las organizaciones regionales, eligen o ratifican a las autoridades, analizan demandas reivindicativas, posicionamiento orgánico y proyección del movimiento indígena acompañadas de acciones en el corto y mediano plazo. La CIDOB en sus 38 años de existencia, ha reivindicado las demandas de los pueblos indígenas de tierras bajas mediante las marchas como estrategia de lucha definidas en instancias orgánicas.

Las reivindicaciones de mayor trascendencia de la CIDOB fueron desde el reconocimiento de sus territorios ancestrales en la década de los 90; el reconocimiento de su identidad mediante la reforma de la CPE en 1994; las demandas por la asamblea constituyente y aceleración en el proceso de saneamiento en las marchas indígenas del 2002 y 2004; la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en el 2011 y 2012, entre otras. Todas estas luchas han encontrado a una CIDOB con profundos debates internos, propios de la democracia comunitaria; es decir, buscando una solución por la vía del consenso (en lugar de la fórmula de la democracia representativa liberal en donde 1 ciudadano es 1 voto). La democracia comunitaria no está libre de disensos y contradicciones políticas, así que dichos debates han dado paso a la toma de decisiones concertadas. De esta manera, se han asumido decisiones colectivas donde está articulada la decisión de todo el conjunto de pueblos con base en una estructura orgánica representativa.



Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de CIPCA.

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