Artículos de opinión

Agricultura Familiar: el gran ausente en la agenda agropecuaria electoral

Autor: Cecilia Peñaranda del Carpio - Socióloga Unidad de Acción Política (UAP)
Fecha: 25/06/2025

El día de hoy, 25 de junio del presente, se llevó a cabo el evento “Foro Agropecuario 2025”, organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con algunos de los candidatos presidenciales bolivianos para 2025: Manfred Reyes Villa (SÚMATE), Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre). Las propuestas presentadas por los tres candidatos tienen marcadas coincidencias en su enfoque, que se centran en la modernización agroindustrial, seguridad jurídica y apertura de mercados:

1.Biotecnología y productividad: Los tres promueven la liberalización de transgénicos y el aumento de la producción mediante innovación tecnológica.

2.Seguridad jurídica: Plantean penas severas contra avasallamientos y titulación de tierras, aunque con diferencias en los plazos de fiscalización (2 vs. 10 años para la Función Económico Social).

3.Infraestructura y apertura de mercados: Priorizan Puerto Busch, carreteras y conexiones bioceánicas, además de vincularse con mercados como China o el "Cuadrilátero Estratégico".

Sin embargo, estas propuestas olvidan sistemática y deliberadamente a la agricultura familiar, la que no solo se encarga de la seguridad alimentaria del país, sino que también permite la sostenibilidad de sistemas de vida. La agricultura familiar produce el 98% de los productos frescos consumidos por las familias bolivianas, mientras que la agroindustria aporta tan solo un 2% (Tito y Wanderley, 2021). Si bien se habla de créditos para medianos productores o de la liberación de las exportaciones, no hay medidas concretas para pequeños agricultores, indígenas o sistemas agroecológicos. Tampoco se menciona la soberanía alimentaria, el acceso a agua o la adaptación climática, pese a que el sector agroindustrial es el responsable, en gran medida, de incrementar los impactos del cambio climático por su necesidad imparable de deforestar áreas boscosas.  La agenda electoral, planteada por estos tres candidatos, repite un modelo extractivista que históricamente ha mantenido una visión de explotación sobre nuestro territorio. 

Las propuestas realizadas por los candidatos posicionan al sector agroindustrial como “eje del nuevo ciclo de prosperidad”. Lo llamativo e incongruente de esta visión es que el sector agroindustrial ha dependido históricamente del apoyo estatal para mantener su competitividad. Este respaldo incluye subsidios directos e indirectos, como el de Bs 5,80 por litro de diésel, privilegios fiscales, inversión en infraestructura y ventajas arancelarias. Sin estas medidas, su baja productividad y elevados costos pondrían en duda su lugar en el mercado internacional. Además, durante la dictadura de Banzer (Soruco, 2008), la élite agroindustrial consolidó su posición mediante la dotación clientelar de tierras, créditos privilegiados, acceso a tecnología y mano de obra barata mediante la colonización de occidente. Lejos de ser un modelo de eficiencia, su rentabilidad descansa en un esquema de privilegios sostenido por el Estado.

El discurso que la mayoría de bolivianos hemos escuchado sobre el modelo productivo cruceño es que contribuye de manera significativa a la soberanía alimentaria nacional. El desabastecimiento de aceite en el mercado nacional pone en evidencia que ni siquiera puede cumplir con ese rol mínimo de abastecer un producto básico para el consumo interno, a pesar de ser el principal responsable de su producción.  De acuerdo a Cauthin (2021), de la totalidad de la producción de soya, el 80% se destina a la torta, que es la base de producción industrial de alimentos balanceados, el restante 20% se transforma a aceite, de lo cual solamente la quinta parte es destinada para el consumo de las y  los bolivianos. 

La producción de commodities no solo es insuficiente para garantizar nuestra seguridad alimentaria, sino que el uso indiscriminado de semillas transgénicas y agroquímicos genera graves impactos ambientales y sociales. Este es otro de los puntos en que los tres candidatos concuerdan: el uso indiscriminado de transgénicos, a través de la eliminación de las restricciones e impulso a la biotecnología para elevar la producción. La ingeniería genética, que se erige como una de las nuevas biotecnologías, plantea riesgos significativos debido a su capacidad de alterar procesos biológicos, ecológicos y evolutivos que aún no comprendemos completamente. En países megadiversos, existe el peligro de que los genes modificados contaminen especies silvestres o variedades locales, afectando la biodiversidad. Además, los cultivos y animales transgénicos pueden desequilibrar los ecosistemas, como en el caso del salmón modificado genéticamente. En el ámbito socioeconómico, esta tecnología puede generar dependencia hacia grandes corporaciones, afectando la soberanía alimentaria y poniendo en riesgo las economías de países del Sur al sustituir cultivos tropicales (Tito Atahuachi Mamani et al., 2017). 

Concentrar todos los esfuerzos y medidas estatales en la agroindustria es un riesgo estratégico para Bolivia. Latinoamérica se caracteriza por su agrobiodiversidad única, fuente de resiliencia económica y alimentaria. Sin embargo, las propuestas electorales repiten el error histórico de privilegiar monocultivos industriales, desaprovechando el potencial de productos nativos de alto valor en mercados globales. El asaí, el cacao, la quinua o el café son ejemplos de bienes con demanda creciente en nichos específicos. Esta ceguera deliberada tiene costos concretos como la vulnerabilidad económica que depende de la fluctuación de precios de un producto en específico, la acelerada deforestación de los bosques bolivianos y la degradación sin pausa de nuestros suelos. 

Por último, ¿Cuál es el rol que el Estado Boliviano debería jugar? Tanto Manfred y Tuto hablaron sobre la liberación de exportaciones y fomento a nuevos mercados, es decir, minimizar el papel del Estado. De acuerdo a Laguna (2025), el verdadero problema en Bolivia no es un exceso de intervención estatal, sino la falta de una intervención eficaz y adecuada. En un contexto donde el sector privado controla la mayoría de las divisas generadas por las exportaciones, la ausencia de regulaciones efectivas ha permitido un flujo libre de capital que beneficia a grandes exportadores, entre ellos productores de soya. Frente a esto, Laguna plantea la necesidad de una nueva normativa que limite esta fuga, tomando como ejemplo a países como Brasil, que imponen impuestos o cuotas obligatorias de repatriación de divisas. En este sentido, es imprescindible preguntarse si estas propuestas son verdaderamente beneficiosas para Bolivia.

Bibliografía

Cauthin, M. (2021, 20 de abril). La república consentida de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño. https://fundacionsolon.org/2021/04/20/la-republica-consentida-de-la-soya-promesas-cumplidas-y-pendientes-en-la-agenda-del-agronegocio-cruceno/

Laguna, A. (2025).  La crisis de los dólares en Bolivia: el mito de la subvención y el verdadero problema. Facebook. https://www.facebook.com/share/p/16e69U5Rzy/

Solon, P.y Villalobos, G. (2020, 3 de junio). ¿Quién alimenta a Bolivia? https://fundacionsolon.org/2020/06/03/quien-alimenta-a-bolivia/

Soruco, X. coord. (2008). Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. La Paz: Fundación TIERRA, 2008.

Tito Atahuachi Mamani, W., Buezo Saucedo, B., Guarachi Quispe, M. A., Orihuela Nina, E. B., & Quispe Copa, H. (2017). Los transgénicos y la seguridad alimentaria con soberanía. Revista Estudiantil AGRO-VET, 1(1), 31–35. ISSN 2523-2037.

Tito, C. y Wanderley, F. (2021). Contribución de la agricultura familiar campesina indígena a la producción y consumo de alimentos en Bolivia. La Paz: CIPCA.

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