16/10/2026

TIM II y CIPOAP exigen al Estado frenar la minería ilegal y atender la contaminación por mercurio en el río Madre de Dios

Luis Fernando Quispe Calle - CIPCA Regional Norte Amazónico

El Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) y la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) exigieron al Estado una intervención integral para controlar y fiscalizar la actividad minera en el río Madre de Dios, ante las denuncias sobre operaciones mineras sin autorización, contaminación por mercurio y afectaciones a los territorios y la salud de las familias indígenas. Las demandas fueron planteadas durante una Asamblea de Emergencia realizada el 13 de octubre de 2026 en la comunidad indígena Tacana de Exaltación, donde las autoridades también abordaron la situación de la dotación y titulación de tierras para comunidades indígenas de Pando.

La asamblea dio continuidad al mandato adoptado el 12 de septiembre en la comunidad indígena Tacana de Trinidadcito. En este nuevo encuentro, las autoridades del TIM II y la CIPOAP analizaron los resultados de las acciones de seguimiento a la actividad minera, la información disponible sobre contaminación ambiental y las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas dispersas para avanzar en sus procesos de acceso y titulación de tierras.

Entre las principales determinaciones se encuentran la exigencia de controles efectivos a las operaciones mineras, la coordinación entre instituciones estatales y organizaciones indígenas, la atención sanitaria a las familias afectadas por la contaminación y el respaldo a las demandas del sector campesino relacionadas con la dotación y titulación de tierras.

Más de 270 balsas mineras identificadas en el río Madre de Dios

Durante la asamblea, las autoridades del TIM II y la CIPOAP informaron que, como parte de las acciones de inspección y seguimiento realizadas después del encuentro de septiembre, se recorrieron aproximadamente 184 kilómetros del río Madre de Dios dentro de la jurisdicción del TIM II. Según el reporte presentado, en ese tramo se identificó la presencia de más de 270 balsas mineras operando en áreas que las organizaciones consideran no autorizadas.

Asimismo, señalaron que identificaron 28 áreas de actividad minera y que, tras realizar consultas y seguimiento ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en el municipio de El Sena, solamente una de ellas contaría con autorización minera vigente, correspondiente a la cooperativa ASOBAL. De acuerdo con la información expuesta por las organizaciones, las otras 27 áreas no contarían con autorización minera ni licencia ambiental, por lo que demandaron que las entidades competentes verifiquen su situación y actúen conforme a la normativa vigente.

Ante estos hallazgos, las autoridades indígenas insistieron en la necesidad de fortalecer el control y la fiscalización de la actividad minera en el río Madre de Dios, con el propósito de prevenir operaciones irregulares y proteger los territorios, las fuentes de agua y los medios de vida de las comunidades.
Denuncian contaminación por mercurio y otros elementos en el agua

La contaminación asociada a la actividad minera fue otro de los principales puntos de preocupación de la asamblea. Las autoridades del TIM II y la CIPOAP presentaron información sobre estudios realizados en 2023 y 2024 por la Universidad de Cartagena, de Colombia; la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que analizaron la presencia de mercurio en muestras de cabello, sangre y orina de mujeres, hombres y niños de familias indígenas.

Según los resultados expuestos por las organizaciones, las mediciones registraron valores de mercurio de entre 1,90 y 5,10 partes por millón (ppm). Las autoridades señalaron que estos resultados superan los valores de referencia que consideran permisibles y expresaron su preocupación por los posibles riesgos para la salud de las familias indígenas.

También se presentaron resultados de estudios de muestras de agua realizados en 2024 y 2025 por SPECTROLAB y QUEBRACHO SRL. De acuerdo con la información compartida, los análisis identificaron la presencia de elementos contaminantes, entre ellos mercurio, plomo, zinc y arsénico, además de aceites y grasas, en ríos y arroyos vinculados a las comunidades del TIM II.

Las organizaciones advirtieron que esta situación representa una amenaza para los ecosistemas acuáticos, la pesca y la seguridad de las familias que dependen de los recursos del río para su alimentación y subsistencia. En consecuencia, demandaron una respuesta estatal que articule la fiscalización ambiental con medidas de prevención, vigilancia y atención sanitaria.

Las autoridades indígenas insistieron en que la protección de la salud y del territorio debe ser una prioridad, y que las denuncias sobre contaminación requieren respuestas oportunas, coordinación institucional y seguimiento a los resultados de los estudios disponibles.
Comunidades indígenas demandan avances en la dotación y titulación de tierras

La asamblea también analizó la situación de los procesos de dotación y titulación de tierras en Pando, especialmente después de la aprobación del Decreto Supremo N.º 5613, en abril de 2026.

Según las autoridades del TIM II y la CIPOAP, pese a que las comunidades indígenas habrían presentado documentación y cumplido los requisitos correspondientes, los procedimientos no avanzan al ritmo esperado. Asimismo, señalaron que el decreto establece prioridades para los departamentos de Pando y Beni en favor de comunidades indígenas y campesinas, y cuestionaron la falta de avances en el cumplimiento de compromisos atribuidos a las autoridades departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

De acuerdo con la información presentada, once comunidades indígenas dispersas cuentan con resoluciones de asentamiento y se encuentran asentadas en tierras fiscales disponibles. Las comunidades habrían gestionado la presentación de documentación para avanzar en la titulación, pero todavía esperan respuestas y continuidad en los procedimientos correspondientes.

En este contexto, las autoridades indígenas expresaron su preocupación por la movilización del sector campesino, que se declaró en estado de emergencia y adoptó medidas de presión en la ruta nacional 13 ante la falta de respuestas a sus demandas. El TIM II y la CIPOAP manifestaron su respaldo a las reivindicaciones campesinas y anunciaron su disposición a sumarse a las medidas de presión en el departamento.

Las organizaciones demandaron que las instancias responsables atiendan las solicitudes pendientes y garanticen el cumplimiento de los procedimientos establecidos, con el fin de brindar seguridad jurídica a las comunidades y evitar que la falta de respuestas profundice los conflictos territoriales.

Proponen control conjunto de las operaciones mineras y coordinación entre instituciones

Frente a las denuncias sobre minería irregular y contaminación, la Asamblea de Emergencia reafirmó la exigencia de respeto a la vida, al territorio y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, respaldados —según señalaron las organizaciones— por los títulos ejecutoriales TCO-NAL-000015, de fecha 23 de febrero de 2001, y TCO-NAL-000094, de fecha 19 de agosto de 2005.

Como parte de las determinaciones, las autoridades elaboraron una propuesta de entendimiento con las empresas y operadoras mineras legalmente establecidas, con el objetivo de prevenir confrontaciones y establecer mecanismos permanentes de control y fiscalización conjunta.

La propuesta plantea que las operaciones mineras legalmente constituidas sean objeto de verificaciones periódicas con participación de las autoridades del TIM II, la CIPOAP y las capitanías de las tres naciones indígenas presentes en el territorio: Tacana, Kabineña y Ese Ejja. Estas acciones se desarrollarían en coordinación con la AJAM, las autoridades ambientales del nivel central del Estado, los gobiernos autónomos departamentales de Beni y Pando, el Ministerio Público, la Policía y otras instancias competentes.

La iniciativa busca fortalecer la participación indígena en el seguimiento de las actividades mineras y promover una coordinación efectiva entre las organizaciones territoriales y las entidades responsables de verificar el cumplimiento de las normas ambientales y mineras.

Demandan coordinación entre Bolivia y Perú ante una problemática transfronteriza

Las autoridades indígenas señalaron que la contaminación del río Madre de Dios no puede abordarse únicamente desde una perspectiva local o nacional, debido a que la cuenca conecta territorios de Perú, Bolivia y Brasil.

Durante la asamblea, manifestaron su preocupación por el ingreso de mercurio, sedimentos y otros contaminantes desde el territorio peruano hacia Bolivia y su posterior desplazamiento hacia Brasil. En ese sentido, exigieron al Gobierno nacional activar mecanismos de coordinación entre Bolivia y Perú para combatir la minería ilegal a lo largo del río Madre de Dios y fortalecer las acciones de prevención, control y fiscalización.

Las organizaciones consideran que la dimensión transfronteriza del problema requiere respuestas articuladas entre los Estados, con participación de las comunidades indígenas que habitan la cuenca y dependen de sus recursos naturales.
Exigen atención sanitaria para las familias indígenas afectadas

Otra de las determinaciones de la asamblea fue exigir al Ministerio de Salud atención inmediata para las familias indígenas que presentan niveles elevados de mercurio, de acuerdo con los estudios mencionados por las organizaciones.

Entre los casos señalados se encuentran familias de la comunidad Eyiyokivo, perteneciente al pueblo Ese Ejja, en el municipio de San Buenaventura, departamento de La Paz. Esta demanda refleja la solidaridad entre pueblos indígenas frente a una problemática ambiental y sanitaria que afecta a distintas comunidades de la Amazonía.

Las autoridades plantearon la necesidad de que las instancias de salud correspondientes evalúen los casos, brinden atención oportuna y adopten medidas de seguimiento, considerando los resultados de los estudios disponibles y los riesgos asociados a la exposición al mercurio.

La defensa de la vida y los derechos colectivos, por encima de la contaminación

Como conclusión, el TIM II y la CIPOAP rechazaron que la generación de empleo o los beneficios económicos de la actividad minera se utilicen para justificar prácticas que vulneren los derechos colectivos, afecten la salud de las familias o deterioren el medio ambiente.

Las organizaciones sostuvieron que el derecho al trabajo no puede servir de argumento para legitimar actividades mineras ilegales o desreguladas que comprometan la vida, el agua y los territorios indígenas. Por ello, reiteraron su demanda de intervención estatal, cumplimiento de la normativa vigente y participación de las autoridades indígenas en los mecanismos de control y fiscalización.

El CIPCA Regional Norte Amazónico acompaña estos espacios orgánicos y promueve el diálogo, el análisis y la participación informada de hombres, mujeres y jóvenes del TIM II, contribuyendo a fortalecer las capacidades de las organizaciones indígenas para deliberar y tomar decisiones colectivas frente a las problemáticas que afectan sus territorios.

La Asamblea de Emergencia reafirmó así la necesidad de respuestas integrales que articulen la protección ambiental, la atención sanitaria, la seguridad jurídica territorial y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía.

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