
Más de 70 jóvenes de la Amazonía, la Chiquitanía, el Chaco, los Valles y el Altiplano firmaron un pronunciamiento con propuestas sobre medio ambiente, salud y educación, prevención de la violencia y derechos sexuales y reproductivos, participación política y emprendimientos juveniles.
Representantes de organizaciones juveniles indígenas, originarias y campesinas (IOC) de Bolivia presentaron un pronunciamiento conjunto dirigido a los gobiernos nacional, departamentales y municipales, así como a las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC). En el documento, demandan respuestas ante la crisis ambiental, la violencia de género y la falta de oportunidades, factores que contribuyen a la migración de jóvenes rurales del campo a la ciudad.
El pronunciamiento se aprobó al cierre del Encuentro Nacional Intercultural de la Juventud Indígena Originaria Campesina, realizado los días 9 y 10 de octubre en Santa Cruz. El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) organizó el encuentro en el marco del proyecto LIDERA, con el apoyo de Oxfam y AECID.
El documento señala la falta de políticas públicas que garanticen los derechos sociales, económicos, políticos y ambientales de la juventud rural. También advierte que las crisis ambiental y económica agravan la vulneración de sus derechos colectivos y territoriales. Asimismo, las y los jóvenes denuncian violencias estructurales en sus territorios, vinculadas —según el pronunciamiento— a un modelo económico extractivista que atenta contra la vida de las naciones y los pueblos indígenas.
Cinco ejes de demandas
Las propuestas se organizaron en cinco ejes, trabajados en mesas durante la segunda jornada del encuentro:
- Medio ambiente y gobernanza ambiental: crear brigadas juveniles contra la contaminación con apoyo de las autoridades; capacitar a jóvenes en crisis climática y fuentes de agua; y garantizar que la información esté disponible en idiomas originarios. El eje concluye con una consigna: avanzar “de la mesa a la acción”.
- Derechos, salud y educación: incorporar en la malla curricular la asignatura “Educación Sexual Integral y Conocimiento de Nuestro Cuerpo”; garantizar servicios confidenciales de salud sexual y reproductiva; ofrecer atención en salud mental y prevención del suicidio; y ampliar las becas y el acceso a internet en áreas rurales.
- Prevención de la violencia y derechos sexuales y reproductivos (DSDR): contar con especialistas en DSDR en los municipios; establecer una ruta de seguimiento de los casos ante la justicia; articular el trabajo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); y formar promotoras y promotores que puedan traducir las denuncias a idiomas originarios.
- Participación política e incidencia: crear instancias territoriales de representación juvenil con voz y voto, y visibilizar a las juventudes en los estatutos y reglamentos de sus organizaciones.
- Emprendimientos juveniles: facilitar el acceso a capital semilla municipal y a créditos con intereses blandos mediante una ley específica; establecer un presupuesto público identificable para la juventud; impulsar programas de primer empleo; y abrir oportunidades de acceso a mercados, como el del desayuno escolar.
Las organizaciones acordaron conformar un equipo de monitoreo, con una persona representante por cada regional, para dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas.
Dos días de formación y diálogo
La primera jornada abordó los derechos de las juventudes y las políticas públicas, con la participación de la Dirección Plurinacional de la Juventud. Ruddy Cabello, líder guarayo, guio una reflexión sobre la identidad de las juventudes indígenas como sujetos de derecho y guardianes del territorio.
Por su parte, la hidróloga Mónica Guzmán, investigadora de la Universidad Católica Boliviana, presentó un estudio sobre el impacto de los incendios forestales en la recarga hídrica de la Chiquitanía. La Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación (Direna) explicó los fundamentos de la gestión de riesgos. Al cierre de la jornada, cada delegación expuso las acciones que ya impulsa en su territorio.
La segunda jornada comenzó con una ponencia sobre las violencias, las relaciones de género y los DSDR, y su vínculo con el cambio climático. A continuación, se desarrollaron las mesas de trabajo que dieron forma al pronunciamiento. El encuentro concluyó con el rally “Por nuestro territorio”, una evaluación lúdica en cinco estaciones sobre medio ambiente, gestión de riesgos, incidencia y los territorios que sueñan las juventudes.
Delegaciones de todo el país
El encuentro reunió a jóvenes de municipios y territorios como San Ignacio de Moxos, Trinidad, San Joaquín, Santa Rosa del Yacuma, San Andrés de Machaca, San Pedro de Totora, Puerto Rico, Porvenir, Anzaldo, Toro Toro, Ascensión de Guarayos, Urubichá, Concepción, San Ignacio de Velasco, Monteagudo, Huacareta y Macharetí.
También participaron delegaciones de los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos (GAIOC) de Charagua Iyambae, Kereimba Iyaambae y Huacaya, así como del Gobierno Indígena Autónomo del TIM. Entre las organizaciones firmantes figuran OJIAP (Pando), OJIM (Beni), el Consejo Departamental de la Juventud del Beni, las Patrullas Ecológicas del Chaco, los equipos técnicos juveniles de Urubichá y la Juventud Indígena de Yaguarú.
Contexto
El encuentro forma parte del proceso “Construyendo agenda desde las miradas de la juventud rural, para una convivencia social y con el medio ambiente”, que el CIPCA impulsa rumbo al Bicentenario. Su propósito es fortalecer liderazgos juveniles capaces de incidir en las políticas públicas desde una perspectiva ambiental y de género.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la acción: “Juventudes indígena originario campesinas de Bolivia: articulemos y fortalezcamos nuestras alianzas. ¡Sigamos luchando por nuestros derechos!”.
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