14/09/2026
CONAIOC y los nueve GAIOC impulsan una agenda nacional para fortalecer las Autonomías Indígenas
Juan Miguel Suárez Augsten - CIPCA Regional Cordillera
La Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (CONAIOC), junto con representantes de los nueve Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOC) consolidados y de organizaciones que se encuentran en proceso de acceso y consolidación de la autonomía, avanzó en la construcción de una posición conjunta frente a los principales desafíos institucionales, normativos y financieros que enfrentan las autonomías indígenas en Bolivia.
El proceso desarrollado durante la reunión técnica del 11 de septiembre en Cochabamba y el encuentro con autoridades nacionales realizado el 12 de septiembre en Vinto permitió consolidar propuestas en torno a la denominada Agenda 50-50, la modificación de la Ley N.º 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, la gestión pública de los GAIOC, el financiamiento de las autonomías y el ejercicio efectivo de derechos colectivos, entre ellos la consulta previa, libre e informada.
La reunión contó con la participación de representantes de Charagua Iyambae, Uru Chipaya, Kereimba Iyambae, Salinas, Raqaypampa, Jatun Ayllu Yura, Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Challa y Lomerío, además de instituciones de apoyo.
Uno de los principales resultados del proceso fue la identificación y priorización de cambios normativos y mecanismos institucionales que, desde la perspectiva de las autonomías indígenas, permitirían superar obstáculos que actualmente dificultan su acceso, consolidación y funcionamiento efectivo.
Modificar la Ley N.º 031 para superar obstáculos
Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de revisar y modificar disposiciones de la Ley N.º 031 que, de acuerdo con el diagnóstico presentado por los GAIOC, generan dificultades para el acceso, la consolidación y el ejercicio efectivo de las autonomías indígenas.
Entre las propuestas se encuentra la revisión de los requisitos relacionados con el territorio, particularmente en aquellos casos en los que los procesos de saneamiento y titulación todavía se encuentran en trámite. La posición planteada sostiene que un proceso autonómico no debería quedar paralizado exclusivamente porque la culminación de determinados procedimientos territoriales depende de instituciones estatales.
Asimismo, se planteó revisar los requisitos poblacionales establecidos para el acceso a la autonomía indígena y analizar mecanismos que respondan de manera más adecuada a la realidad demográfica, territorial y organizativa de los pueblos indígena originarios campesinos.
Estas propuestas forman parte de una agenda más amplia que busca adecuar el marco normativo a las características específicas de las autonomías indígenas y evitar que requisitos administrativos se conviertan en obstáculos para el ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente.
Menos burocracia y revisión del certificado de ancestralidad
Otro de los puntos centrales fue la reducción de la burocracia que enfrentan las organizaciones indígenas durante los procesos de acceso y consolidación de sus autonomías.
Las delegaciones señalaron que los procedimientos actuales requieren la intervención de diferentes órganos e instituciones del Estado, lo que puede generar procesos prolongados y complejos. En ese sentido, propusieron reducir pasos y requisitos, además de revisar la exigencia del certificado de ancestralidad.
La discusión plantea que este requisito debe ser analizado a la luz del reconocimiento constitucional de la preexistencia y ancestralidad de los pueblos indígena originarios campesinos.
Durante el encuentro también se señaló que la documentación emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) constituye un respaldo en materia agraria y no debería determinar, por sí misma, el derecho de acceso a la autonomía.
Una gestión pública acorde con las autonomías indígenas
Las autoridades indígenas también identificaron como un desafío estructural la aplicación de sistemas administrativos que no siempre se corresponden con las estructuras organizativas, denominaciones, normas y procedimientos propios de los GAIOC.
En este contexto, se planteó avanzar en la Ley de Gestión Pública para los GAIOC, iniciativa presentada en 2024 que busca establecer un régimen de gestión compatible con la naturaleza y características de las autonomías indígenas.
El diagnóstico presentado identificó dificultades en ámbitos como las contrataciones públicas, la participación de proveedores comunitarios, la aplicación de sistemas administrativos, la transferencia de bienes y proyectos, la generación de ingresos propios y las limitaciones presupuestarias para el ejercicio de las competencias asumidas.
Frente a esta situación, las delegaciones propusieron establecer un régimen diferenciado de gestión pública, acompañado de mecanismos de financiamiento y posibles medidas de compensación que consideren las condiciones territoriales, económicas y sociales particulares de los GAIOC.
El objetivo es que la autonomía reconocida en el ámbito político y jurídico pueda traducirse también en capacidades reales para administrar recursos, ejercer competencias y responder a las necesidades de la población en sus territorios.
Fondo compensatorio para las autonomías indígenas
Entre los planteamientos de mayor relevancia se encuentra la creación de un fondo compensatorio para los GAIOC en situación de vulnerabilidad, destinado principalmente a fortalecer iniciativas productivas, turísticas y de revalorización cultural.
La propuesta parte del reconocimiento de que las autonomías indígenas han asumido competencias y responsabilidades públicas en territorios con condiciones económicas, geográficas y poblacionales diversas. Por ello, sus representantes consideran necesario establecer mecanismos de financiamiento que permitan garantizar el ejercicio efectivo de las competencias autonómicas.
Durante el encuentro con representantes del Gobierno central también se acordó gestionar la recuperación de recursos destinados a los pueblos indígenas a través del Fondo Indígena, además de explorar mecanismos de acceso a regalías en distintos ámbitos y otras fuentes de financiamiento que contribuyan a fortalecer la capacidad económica de las autonomías indígena originarias campesinas.
Consulta previa: un derecho, no una formalidad
La reunión también reafirmó la importancia de avanzar hacia una Ley Nacional de Consulta Previa, Libre e Informada que reconozca y respete los procedimientos propios de cada pueblo indígena.
Las delegaciones coincidieron en que la consulta debe garantizar información previa sobre las características, posibles impactos, beneficios y medidas de prevención, mitigación o reparación relacionadas con proyectos que puedan afectar territorios y derechos indígenas.
La propuesta sostiene que una legislación nacional no debe sustituir ni uniformar los procedimientos propios de los pueblos, sino reconocerlos y establecer garantías mínimas para aquellos que todavía no cuentan con protocolos específicos.
Este planteamiento cobra especial relevancia ante el avance de actividades extractivas, obras de infraestructura, mecanismos de financiamiento climático —como los mercados y bonos de carbono— y otros proyectos que pueden generar impactos ambientales, sociales, culturales y territoriales.
Desde la perspectiva planteada por las organizaciones, fortalecer la consulta previa implica garantizar que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada en las decisiones que puedan afectar sus territorios, formas de vida y derechos colectivos.
Gobierno central y autonomías acuerdan continuar el diálogo
El 12 de septiembre, la CONAIOC y representantes de los nueve GAIOC presentaron sus propuestas ante el Viceministerio de Autonomías y Tierras, el Servicio Estatal de Autonomías y representantes del Ministerio de la Presidencia.
Como resultado del encuentro, se acordó realizar una reunión ampliada entre el Gobierno central, la CONAIOC y los nueve GAIOC en Charagua, Santa Cruz, durante octubre de 2026. La reunión tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar en acuerdos sobre proyectos concretos y las propuestas de modificación de la Ley N.º 031.
Asimismo, se acordó conformar un Consejo Asesor Permanente, integrado por representantes de la CONAIOC, los nueve GAIOC, autonomías en proceso de consolidación, instituciones del Gobierno central e instituciones de apoyo.
Este espacio tendrá la función de realizar seguimiento permanente a las propuestas, facilitar la coordinación interinstitucional y contribuir a agilizar los procesos relacionados con la consolidación de las autonomías indígenas.
Otro resultado inmediato fue el acuerdo para desarrollar asistencia técnica y capacitación a los equipos administrativos de los nueve GAIOC, mediante una coordinación entre el Servicio Estatal de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Esta medida busca contribuir a resolver dificultades administrativas y fortalecer las capacidades de los gobiernos indígenas para el ejercicio de sus competencias.
Charagua será escenario de una nueva etapa de diálogo
La reunión técnica de Cochabamba y el encuentro de Vinto representan un nuevo paso en la articulación nacional de las autonomías indígenas y en la construcción de una agenda común frente a los desafíos que enfrentan.
Más allá de la modificación de una ley, las propuestas planteadas buscan adecuar la institucionalidad estatal a la realidad de los pueblos indígena originarios campesinos, reconociendo sus formas propias de organización, sus territorios, sus sistemas de decisión y sus derechos colectivos.
El desafío inmediato será convertir las propuestas técnicas en acuerdos políticos, jurídicos e institucionales concretos. Para ello, la CONAIOC y los GAIOC plantean mantener una posición conjunta y profundizar el diálogo con las diferentes instancias del Estado.
La próxima reunión ampliada prevista en Charagua puede convertirse en un espacio decisivo para definir una agenda común y avanzar hacia una normativa que permita que las autonomías indígenas no solamente estén reconocidas constitucionalmente, sino que cuenten con las condiciones institucionales, financieras y normativas necesarias para ejercer plenamente su autogobierno.
En este proceso, la agenda construida por la CONAIOC y los nueve GAIOC coloca sobre la mesa demandas vinculadas con la desburocratización, la adecuación normativa, el financiamiento, la gestión pública y la garantía de derechos colectivos.
La autonomía indígena, desde esta perspectiva, no se plantea como una concesión administrativa, sino como el ejercicio efectivo de derechos colectivos construidos a través de procesos históricos de organización, participación y defensa territorial. Esta visión fue recogida en las conclusiones del trabajo técnico desarrollado por la CONAIOC y constituye uno de los principales fundamentos de la agenda que será llevada a la próxima etapa de diálogo con el Estado.
Otras noticias:
-
16/10/2026
Territorios de San Ignacio de Moxos y del GIA TIM fortalecen la diversidad genética del maíz mediante la selección participativa
-
13/10/2026
Foro Departamental de Oruro fortalece los lineamientos para la gestión sostenible de los recursos hídricos frente a la crisis climática
-
13/10/2026
San Pedro de Totora presenta el primer Plan Integral Municipal de las Mujeres del área rural
-
12/10/2026
Alfareras de la TCO Tentayapi amplían la comercialización de sus artesanías en arcilla mediante mercados alternativos
Plan Estratégico 2022 - 2027
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.
-
Desafío 1
Organizaciones indígena originaria campesinas democráticas, autogestionarias e interculturales con ejercicio efectivo de derechos
-
Desafío 2
Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial y agroecológico
-
Desafío 3
Territorios Indígena originario Campesinos con gobernanza ambiental y resiliencia
-
Desafío 4
Institución con capacidad de propuesta e incidencia sobre desarrollo sostenible