15/04/2026

Pueblos indígenas y campesinos se declaran en emergencia nacional y otorgan 48 horas al gobierno para abrogar la ley 1720

Liliana Espinoza, Claudia Camacho, Alvaro Céspedes - CIPCA Regionales Norte Amazónico, Cordillera, Beni

Foto: Liliana Espinoza

El Encuentro Nacional por la Tierra y el Territorio, convocado por la CNAMIB en Santa Cruz los días 13 y 14 de abril de 2026, aprobó un Manifiesto y una Agenda Política que articulan la respuesta orgánica del movimiento indígena originario campesino frente a las políticas regresivas del gobierno nacional.

Contexto

La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), junto a organizaciones indígena originario y campesinas (IOC) de los nueve departamentos del país, convocó el Encuentro Nacional por la Tierra y el Territorio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las jornadas del 13 y 14 de abril de 2026 reunieron a autoridades comunales, dirigencias y líderes/as históricos/as con el propósito de analizar y adoptar determinaciones frente a la crítica situación que enfrentan los territorios y comunidades IOC.
El encuentro se realizó en un momento de especial urgencia política: la promulgación de la Ley 1720, conocida durante su trámite legislativo como Proyecto de Ley 157, por el presidente Rodrigo Paz, sin haberse desarrollado una consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, directamente afectados. Las organizaciones reunidas ven en esta norma una amenaza directa a la integralidad territorial, un antecedente regresivo que abre la puerta a la individualización de la propiedad colectiva y a su inserción en el circuito del mercado financiero, en flagrante contradicción con la Constitución Política del Estado.

El encuentro generó dos documentos con respaldo político y orgánico de las organizaciones presentes: el Manifiesto por la Defensa de la Vida, los Territorios y los Derechos Indígenas y la Agenda Política del Encuentro Nacional por la Tierra y el Territorio.
Manifiesto por la defensa de la vida, los territorios y los derechos indígenas

El Manifiesto, suscrito y respaldado con sellos y firmas por decenas de organizaciones indígenas originarias campesinas de tierras bajas y altas, establece cinco puntos de posición política frente al gobierno nacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional:

1. Exigir la titulación colectiva de los territorios indígenas en proceso y pendientes, en función de la demanda histórica y los Estudios de Necesidades Espaciales que determinaron la cantidad de tierra necesaria para la pervivencia de los pueblos indígenas, deuda que el Estado aún no ha saldado.

2. Exigir la inmediata abrogación de la Ley 1720 por ser contraria a la Constitución Política del Estado y por representar una amenaza para la integridad y sostenibilidad de los territorios indígenas, al haber sido sancionada sin consulta con los actores indígenas y campesinos afectados. Las organizaciones otorgan un plazo de 48 horas al gobierno nacional para atender esta demanda; en caso de no obtener respuesta, adoptan el compromiso de tomar medidas de hecho para hacer respetar sus derechos.

3. Respaldar y reconocer la movilización de los compañeros y compañeras indígenas y campesinos del departamento de Pando y la provincia Vaca Diez del Beni, que se movilizan en defensa del derecho a la tierra en contra de una norma que viola la Constitución, exigiendo al gobierno nacional atender su demanda.

4. Demandar al gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional el respeto de los derechos reconocidos a favor de los pueblos indígenas en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales al momento de elaborar, debatir y sancionar leyes que puedan atentar, directa o indirectamente, contra la integridad de los territorios indígenas originarios campesinos, con especial atención a las leyes de minería, hidrocarburos e inversiones.

5. Denunciar ante la Cámara de Diputados que el proyecto de ley que pretende mercantilizar los territorios indígenas mediante la comercialización de bonos de carbono no representa los intereses legítimos de los dueños de los 352 Territorios Indígenas Originarios Campesinos del país, por lo que su tramitación carece de legitimidad y debe ser cancelada.
Agenda política: ruta orgánica y legislativa

Para materializar el Manifiesto, el encuentro aprobó una Agenda Política que traza la ruta de acción del movimiento en tres ejes temáticos:Derechos colectivos

–Convocar a las organizaciones nacionales, CIDOB, CONAMAQ, CNAMIB, CONAIOC, CSUTCB y otras, a construir una plataforma unificada de demandas para enfrentar las amenazas de las políticas normativas regresivas.

–Emitir una sentencia indígena, en el marco del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente, contra la Ley 1720 y toda norma que atente contra los territorios de los pueblos indígenas.

–Llamar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a hacerse presente en los territorios indígenas bolivianos para verificar la vulneración de derechos, en particular el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada.
Tierra y territorio

–Conformar una Comisión Interterritorial Indígena representativa con mandato firme para enfrentar la Ley 1720 y otras normativas que afectan los derechos territoriales.

–Conformar una comisión que dialogue con la marcha liderada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) para construir una plataforma mínima común de defensa de la tierra, rechazo a la mercantilización y protección de la pequeña propiedad.

–Exhortar a los diputados indígenas a presentar acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1720 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

–Gestionar una audiencia con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua para rechazar la autorización estatal del evento HB40 y toda norma que habilite procedimientos abreviados para la liberación de transgénicos.
Cambio climático y medio ambiente

–Solicitar a la Comisión de Tierra, Territorio, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que rechace el Proyecto de Ley 060/2025 sobre regulación del mercado de créditos de carbono.

–Solicitar a las instituciones de apoyo información técnica sobre mercados de carbono y mecanismos de compensación, para evitar decisiones que comprometan el control territorial de los pueblos.

–Solicitar a la representación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional que impulse la aprobación de leyes favorables a los pueblos indígenas: la Ley de la Amazonía Bruno Racua, la Ley de Bosques y Otros Sistemas de Vida, la Ley del Agua y la Ley de Gestión Pública para las Autonomías Indígenas Originarias.

–Retomar, a través de la representación indígena en la Asamblea, la abrogación del paquete de normas incendiarias que habilita la deforestación, los incendios forestales y la expansión de la frontera agrícola.

–Solicitar a las instituciones de apoyo la revisión e intervención de todos los contratos de carbono firmados en territorios indígenas sin consulta previa libre e informada.
Significado político del encuentro

El Encuentro Nacional por la Tierra y el Territorio marca un punto de inflexión en la respuesta organizada del movimiento indígena originario campesino ante lo que las organizaciones caracterizan como una ofensiva legislativa coordinada: la Ley 1720, los transgénicos, los bonos de carbono, la criminalización de la protesta y las normas que habilitan la deforestación constituyen, en conjunto, un proyecto de reorientación estructural del régimen agrario y territorial en favor del capital agroindustrial y financiero.

La declaratoria de emergencia nacional, la fijación de un plazo de 48 horas al gobierno y el compromiso de movilización en caso de no obtener respuesta expresan la voluntad política de las organizaciones de pasar de la denuncia a la acción articulada. La unidad entre tierras bajas y tierras altas, entre organizaciones de mujeres y mixtas, y entre dirigencias nacionales y territoriales es la condición política que el propio encuentro identificó como determinante para que esta agenda se materialice.
El encuentro cerró con la consigna que resume el espíritu de sus resoluciones: Nuestra voz no será silenciada: defendemos el presente y el futuro de nuestra casa común y de la vida en el país".