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Bioseguridad para el maíz, no perdamos nuestra riqueza genética

Bioseguridad para el maíz, no perdamos nuestra riqueza genética

Variedad de maíces en Bolivia. Foto: RTP

Autor: Pamela Cartagena, directora general de CIPCA
Fecha: 08/05/2020

En el actual contexto de crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del COVID-19, una serie de demandas sectoriales van surgiendo, algunas de carácter social y otras de carácter económico. Los productores agropecuarios de Santa Cruz han estado presionando al gobierno nacional para la apertura de nuevos eventos transgénicos en el país, entre ellos soya, maíz, trigo y algodón, según reunión sostenida hace algunos días por representantes de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) con el ministro de gobierno Arturo Murillo, habiéndose comprometido tratar el tema en gabinete.

En 2019 el sector avanzó sustancialmente, ANAPO, la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO) y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz, alegando la baja productividad y problemas ocasionados por la sequía, lograron que el gobierno de Morales emitiera el Decreto Supremo N°3874 de 19 de abril que en su único artículo autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados  para la evaluación de la soya evento HB4 y la soya evento intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal-biodiesel. Hace algunas semanas el Comité Nacional de Bioseguridad admitió de manera abreviada la solicitud de evaluación de producción de soya HB4.

Tristemente hoy 07 de mayo se aprobó el Decreto supremo N°4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento de consumo interno y de comercialización externa.

En una reciente entrevista, Naomi Klein periodista y escritora canadiense ampliamente reconocida por su activismo en materia ambiental, analiza con varios ejemplos cómo “las élites utilizan la crisis del COVID-19 para avanzar en su excluyente hoja de ruta”, y es precisamente eso lo que está pasando en nuestro país.

Los agroindustriales señalan que la pandemia y los efectos económicos posteriores generarán una invasión de productos al mercado local, para lo cual es imperativo acceder a la biotecnología con nuevos eventos transgénicos y ser más competitivos, exigiendo la aplicación de procesos abreviados para la apertura a nuevos eventos transgénicos. En años anteriores, la sequía de 2014 y caída de precios de la minería y los hidrocarburos, fueron pretexto para lograr en 2015 durante la Cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” una decisión gubernamental histórica de ampliar la frontera agropecuaria al 2025 de cinco a 13 millones de hectáreas, y cambiar la periodicidad del control de la Función Económica Social de la tierra (FES) de dos a cinco años, entre los principales.

Ahora bien ¿cuál es el problema con los transgénicos? Hay muchas transgresiones legales: el país es parte del Convenio de Diversidad Biológica y  ha suscrito el Protocolo de Cartagena, aspecto que deriva en un Decreto supremo y un Reglamento de bioseguridad que desde 1997 determinan los procedimientos técnicos para minimizar los riesgos y prevenir los impactos que la introducción, investigación, manipulación, producción, utilización, almacenamiento, transporte, conservación, comercialización, uso y liberación de organismos genéticamente modificados pudieran generar en la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica. El Comité Nacional de Bioseguridad debe tratar las solicitudes de introducción de semillas transgénicas destinadas la producción, determinando su admisión o no, y en caso positivo, hacer seguimiento a pruebas de campo en condiciones controladas durante tres años que determinen si hay contaminación por flujo genético sobre todo a parientes silvestres del cultivo introducido. Adicionalmente se efectuarán y/o se homologarán estudios sobre posibles efectos en la salud humana. Con esa base se avanza hacia la aprobación de introducción de un evento transgénico.

Pero lo más grave para nuestro país con estos logros de los agroindustriales es que no sólo se estaría favoreciendo la agenda económica de un sector, sino que se está poniendo en riesgo la biodiversidad y la seguridad y soberanía alimentaria del país. La soya y otros productos de la agroindustria si bien aportan al PIB agropecuario nacional, implican un costo ambiental y social muy alto para el país: en superficie ocupan casi dos millones de hectáreas en las mejores tierras de Santa Cruz, aportan sustancialmente a la extinción de bosques, involucran a pequeños productores en sus negociaciones para lograr sus objetivos, se atribuyen garantizar la provisión de alimentos en el país. Sin embargo, el 80% de su producción es para la exportación, los capitales extranjeros que conforman estas élites productivas buscan llevar al país al modelo de producción insostenible que ha dado muestras claras de exclusión y desplazamiento de los pueblos indígenas, así como despojo de sus tierras y medios de vida, siendo el ejemplo más claro el del Paraguay, entre otros países de la región.

No deberíamos aceptar procedimientos abreviados para la introducción de transgénicos en cultivos como el maíz, del cual Bolivia es centro de diversidad genética. En el país existen al menos 77 razas de maíz que son parte importante de la seguridad alimentaria de los pueblos indígena campesinos de altiplano, valles, chaco, trópico y amazonía, pero también el maíz parte de la cultura culinaria nacional y es generador de muchos conocimientos ancestrales de fitomejoramiento efectuado por los productores hace siglos. El aprobar un evento transgénico por un procedimiento abreviado en el maíz eliminará toda posibilidad de demostrar los riesgos de flujo y contaminación genética en las pruebas controladas en campo que prevé la norma. Hay que recordar que el maíz al tener polinización cruzada tiene un alto rango de dispersión del polen, por otro lado, en el maíz, así como en otros cultivos tradicionales base de la seguridad alimentaria, el intercambio de semillas tradicional que hacen los productores pone en serio riesgo que este pueda dispersarse más allá de los centros de producción transgénica, y con ello, se contamine toda la riqueza genética que el país posee en esta especie y sus parientes silvestres.

Esperamos desde nuestra condición de bolivianos/as que amamos nuestra patria y su condición de mega diversidad, que amamos el cúmulo cultural de los pueblos indígena campesinos y que amamos la vida y hemos podido valorarla aún más en este contexto de coronavirus que vive el planeta, que estas medidas sean reflexionadas y revertidas.

Es importante recordar a nuestros gobernantes que no se debería actuar al calor de lo urgente sino de lo importante y sostenible, pensar que somos más que números y cifras que hacen al PIB, pensar que hay modelos alternativos de producción liderados por un conjunto importante de pequeños productores que hacen al 94% de las Unidades Productivas Agropecuarias del país y que están demostrando que es posible lograr beneficios sociales, económicos y ambientales a partir de la gestión integral de bosques, los sistemas agroforestales, la producción agroecológica, la producción orgánica, la  producción diversificada, entre otros. Modelos de producción en los que aún se conservan las semillas, aun se hace trueque, aun prima el bienestar del otro no solo como ser humano sino como la fauna y la flora, en la que aun la Madre Tierra es importante y somos parte de ella. Sólo si pensamos en el bien común podremos salir de esta crisis siendo mejores personas, siendo una mejor sociedad, no volvamos a la normalidad a la que nos hemos acostumbrado en que priman intereses sectoriales y económicos, en palabras de Klein “lo normal es mortal, necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida”.

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