CIPCANotas

Sequías e inundaciones demandan gestionar el territorio nacional

Autor: Pamela Cartagena (*)
Fecha: 12/08/2016

Hace un par de años enfrentamos el problema de las inundaciones en tierras bajas, y desde diferentes frentes se atenuaron las pérdidas en los sistemas productivos así como en los medios de vida de la población que habita las regiones que fueron afectadas en los departamentos de Pando, Beni y parte de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Ese evento climático adverso produjo grandes pérdidas que según cifras oficiales llegaron a afectar a casi medio millón de personas, provocando que se pierdan cultivos en 95.275 hectáreas y la muerte de 131.988 cabezas de ganado (Videci, 2014). Fueron también inmensas las superficies boscosas afectadas en las cuales no se cuantificaron los daños que impactaron no sólo en la biodiversidad de la región sino también a las poblaciones indígenas amazónicas cuya economía depende en gran medida de la cacería, la pesca y la recolección. Por sólo mencionar, en 2015 la castaña recolectada en la Amazonía norte registró una caída en volumen del 9% según datos del IBCE.

Desde hace algunas semanas se ha venido anunciando los posibles efectos que acarreará la sequía que vive el país, el número de municipios con declaratoria de emergencia en los últimos días ya ha subido a 131 localizados en el altiplano, los valles y el chaco cruceño y chuquisaqueño. Aunque todavía no existen datos oficiales de las pérdidas, según el Vice ministerio de Defensa Civil, a agosto de 2016 las familias afectadas por falta de agua ascienden a más de 132.000 en el país. Por su parte, las distintas asociaciones de productores de arroz, maíz, soya, girasol y otros cultivos extensivos señalaron que perdieron entre un 30 al 80% de la producción, y se prevén ingentes pérdidas en el ganado bovino y camélido en el chaco y altiplano sur, respectivamente, por la falta de agua y forrajes que ya afecta a estas regiones.

Como vemos las pérdidas en la producción agropecuaria son recurrentes en el país, pasamos en los últimos cinco años de la sequía (en el Chaco en 2012) a la inundación (en el Oriente y Amazonía en 2014) y otra vez a la sequía (en Altiplano, Valles y Chaco en 2016), lo cual nos muestra la alta vulnerabilidad climática que tiene Bolivia, que en parte se debe a los extremos presentes en el país. Por un lado en el occidente se tienen condiciones de escasa precipitación, bajas temperaturas, relieve topográfico extremo y suelos degradados, por otro lado en el oriente altísimos niveles de precipitación y temperatura, planicies inundables y suelos frágiles. A ello se suma la debilidad institucional que no permite medidas estructurales para afrontar y aprovechar de manera eficiente la diversidad de ecosistemas que tiene nuestra Bolivia megadiversa y nos brindan una serie de bienes y servicios, pero que son finalmente ecosistemas altamente frágiles.

Ahora bien, es importante reflexionar sobre cuán relacionados están los ecosistemas entre sí. Los bosques de tierras bajas son ecosistemas complejos con una interacción casi perfecta entre sus componentes (suelo, agua, plantas, animales, microorganismos, etc), pero la influencia de estos bosques trasciende el nivel local, dado su rol como reguladores de ciclos hidrológicos, la conservación de los suelos y la captura de CO2, lo cual sin duda influye en  ecosistemas de las tierras altas. Es así que una intervención abrupta sobre los bosques (tala indiscriminada) genera desequilibrio en los procesos naturales, ello implica que las áreas deforestadas pierdan la capacidad natural de absorción y almacenaje del agua que en condiciones naturales puede alcanzar del 70 al 90% de agua de lluvia, y ante las frecuentes lluvias tropicales presentes en tierras bajas, el agua ya no es retenida en el ecosistema y se rompe el ciclo hidrológico, provocando mayor escorrentía, mayor evaporación, y propiciando condiciones para la erosión. El agua que es capturada por los bosques en condiciones naturales (tanto en los suelos como en la misma cobertura vegetal), será liberada en intervalos regulares de tiempo a la atmósfera generado humedad y lluvias en el nivel local, pero también  humedad que es capturada en partes más altas de la atmósfera que provocarán las lluvias en tierras altas. Del mismo modo, un manejo inadecuado de las  cuencas de tierras altas puede desembocar en procesos de erosión y desbordamientos a nivel local, pero también el provocar aludes e inundaciones en  tierras bajas; la actividad minera es también una de las principales causas de contaminación de ríos por los tóxicos que genera y afectan aguas abajo a la flora y fauna. 

Estamos en un momento que cuestiona nuestra capacidad de resiliencia para afrontar eventos climáticos adversos, vale la pena cuestionarnos si realmente tenemos la capacidad de resistir y superar los impactos generados por la sequía, inundaciones, heladas, granizadas y otros fenómenos climáticos que de manera recurrente golpean al país. El pasado 2 de agosto, el gobierno anunció la toma de medidas de emergencia para responder a los efectos de la sequía en varias regiones a partir de la emisión de 12 decretos.

Una buena parte de estas medidas, aunque por ahora se orientan a reparar y disminuir los efectos adversos que han provocado las sequías, pueden fácilmente trascender de la mitigación a la prevención y preparación ante los riesgos climáticos, entre estos se encuentran los decretos 2850, 2851, 2852, 2854: Préstamo para financiar el Programa nacional de riego con enfoque de cuenca III, Programa de fortalecimiento del complejo camélidos, Programa nacional de perforación de pozos de aguas subterráneas, Programa cosechando agua-sembrando luz, respectivamente. Otros decretos como los referidos al fomento a la producción de pequeña escala y compra de maíz a precio preferencial, la exportación transitoria de carne bovina, la importación de maíz, las importaciones de semillas medicamentos y maquinaria a 0% de gravamen, la reprogramación de operaciones crediticias con el sistema financiero el sector agropecuario, y el reconocimiento de las OECOM como beneficiarios de transferencias público-privadas y compras estatales, son más bien medidas de respuesta a la emergencia y con temporalidad limitada.

La etapa de reglamentación de este conjunto de normativas será sin duda vital no solo para articular estas acciones al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en términos de metas, sino para transitar de una planeación sectorial hacia una multisectorial con concurrencia de esfuerzos y recursos entre los distintos niveles de gobierno, que coadyuve al logro del desarrollo integral planteado para el país. Enfrentar la problemática ambiental, social y económica que generan los eventos climáticos adversos, requiere mirar y actuar sobre el territorio involucrando a todos sus actores y aprovechando los procesos iniciados. En ese marco, esperamos que este conjunto de programas sean también acompañados en un futuro inmediato por normas y acciones en torno a los suelos, dado que el país vive los procesos más altos de erosión y desertificación de la región; en torno al manejo de bosques que coadyuve a bajar los niveles de deforestación en el país; en torno al ordenamiento territorial que trascienda sólo planes de desarrollo; y por supuesto la publicación de los datos oficiales del Censo Nacional Agropecuario  2013 que facilitará la toma de decisiones en todos los niveles.

 

 (*)Es directora general del CIPCA.

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