En las últimas tres semanas, los precios del arroz se han elevado tanto que hay inquietud en la población debido a que influye directamente en su economía por ser un producto de primera necesidad.

Un ejemplo: en La Paz, el quintal de arroz grano de oro subió de 290 bolivianos a 445 bolivianos. Luego bajó por acciones del Gobierno. ¿Cuáles son las razones para la subida de precios y el aparente desabastecimiento del arroz en el mercado nacional? ¿Hubo menos producción? ¿Hay especulación, acaparamiento? ¿Está saliendo del país por exportación y/o por contrabando?

La Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA) sostiene que sí hubo menor producción con relación al año pasado. La diferencia asciende a 40.000 toneladas. El año pasado llegó a 540 mil toneladas en 187 mil hectáreas y este año, a 500 mil toneladas, de 145 mil hectáreas. Se estima que el mercado nacional consume 400 mil toneladas al año.

Los factores que influyeron en la disminución de la producción fueron los bajos precios recibidos por los pequeños productores el año anterior y el factor climático.

En 2012 hubo un excedente de producción de 50.000 toneladas que, sumado al contrabando, mantuvo conformes al Gobierno y a la población consumidora. El mercado estuvo abastecido y todos contentos.

Pero, los productores entraron a la nueva siembra 2012-2013 con precios muy bajos y con falta de incentivos. Esto se agravó con la lluvia excesiva en noviembre, diciembre y enero que retrasó la siembra y, por consiguiente, la cosecha, hasta fines de abril.

En Santa Cruz se perdieron unas 5.000 hectáreas y es posible que muchos productores hayan decidido sembrar soya en vez de arroz por los buenos precios obtenidos en 2012.

La exportación de 1.500 toneladas, equivalentes a 32.600 quintales, a Cuba no influye significativamente en el desabastecimiento del mercado interno. Fueron sobrantes de la anterior gestión.

Las acciones del Gobierno, hasta el momento, han estado orientadas a garantizar el buen precio y abastecimiento del arroz para la población consumidora, pero no se preocupa por el sector de los productores.

En esta situación, se han utilizado estrategias tradicionales de corto plazo: la importación y el control interno de precios con medidas coercitivas hacia los comerciantes mayoristas que acaparan y esconden el producto para obtener mejores precios, gracias a que su capital les permite capacidad de acopio y almacenamiento por el tiempo que deseen.

El Gobierno está firme en su decisión y por eso autorizó la importación de 200 mil quintales (9.200 toneladas) de arroz de Argentina, y ordenó el decomiso a algunos comerciantes mayoristas en las ciudades más grandes para disponer la venta inmediata del producto acumulado a la ciudadanía. Esto tendrá efectos positivos para la población consumidora a corto plazo, pero durará pocos meses.

Las autoridades parecen no recordar que fue precisamente el alza de precios y el desabastecimiento del cereal en 2008 y 2010 lo que generó una mayor atención por este cultivo; desde entonces se incluye el arroz en los diferentes programas del Gobierno como un cultivo prioritario.

Sin embargo, pese a esto, no se materializaron políticas públicas específicas para el sector, que sigue con muchos síntomas de fragilidad e inestabilidad.

Es política del Gobierno recuperar el rol del Estado en la producción y la economía. Los pequeños productores campesinos e indígenas son reconocidos como actores en el desarrollo rural mediante sus organizaciones y buscan antes que nada garantizar la seguridad alimentaria de la población boliviana, y sólo después, si hubiera excedentes, proceder a la exportación.

El arroz es uno de los principales productos en la dieta de las familias (nueve personas de cada diez lo consumen habitualmente). Es producido por pequeños productores en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y en el norte de La Paz y una mayoría de ellos está organizada en la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA).

Este sector de productores asociados clama y requiere del Gobierno mayor atención para lograr beneficios de gran alcance que se reflejen en políticas claras de apoyo al sector productivo arrocero y que confluyan en un Plan Nacional del Arroz.

El III Censo Agropecuario, que se realizará este año, será importante para obtener y actualizar información que permita diseñar políticas claras de apoyo a los pequeños productores que busquen la sostenibilidad del rubro a largo plazo y garanticen la seguridad alimentaria.

Es necesario el incentivo al cambio de tecnología de producción de arroz de secano a riego. Hay experiencias positivas en el país (productores japoneses) que demuestran que se puede aumentar la producción significativamente sin necesidad de ampliar la frontera agrícola.

¿Por qué no dar prioridad, en el programa Mi Agua y otros, la inversión en infraestructura de riego en las zonas con potencial y más aptas? Y no sólo para el arroz, sino también para otros productos esenciales para la seguridad alimentaria.

Esta acción deberá ser acompañada con procesos de investigación y capacitación a productores. Así, a mediano y largo plazo habrá mayor seguridad en la producción, mayor productividad y se podrán exportar los excedentes. También evitaremos la migración de la producción hacia otros sectores.

Se debe mejorar la capacidad de coordinación entre los diferentes niveles e instancias de Gobierno para afrontar situaciones como el desabastecimiento actual y la reducción de la capacidad productiva del sector.

En los últimos años, la capacidad de acopio, procesamiento y almacenamiento ha mejorado con la aparición de nuevos ingenios arroceros, especialmente en Montero y Yapacaní. Se debe estudiar y establecer un mecanismo de certificación de los ingenios y de los centros de beneficiado para precautelar el interés de productores que opten por contratar servicios para favorecer su propio producto y comercializarlo directamente.

Por esto, es necesario retomar el tema y trabajar en el Programa Nacional del Arroz. Se debe actualizar la información del sector, conocer la situación a cabalidad y el impacto de la crisis alimentaria, con especial énfasis en los grupos de pequeños productores campesinos indígenas.

(*) Eufronio Toro Vaca es miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA

Artículo publicado el domingo 19/05/2013 en Página Siete

La estrategia de quienes diseñaron la Consulta en el TIPNIS fue muy simple y maniquea desde un principio. En uno u otro orden, según el lugar o la brigada, se presentaban ante todo los dos polos de la disyuntiva: o desarrollo o intangibilidad:

(a) Por una parte en cada comunidad se averiguaba qué aspectos consideraban más importantes para su desarrollo. De esa forma se elaboraban listas relativamente largas de necesidades de todo tipo.

(b) Por otra, se presentaba la “intangibilidad” en el sentido más riguroso de la SERNAP en sus reglamentos dentro de los parques. Es decir, no se puede tocar nada de nada. Se presentaba incluso en todas partes un doble mapa plastificado del TIPNIS: en la parte de arriba (reproducida sin colores en el mapa adjunto) estaba la antigua zonificación del parque TIPNIS según las tres zonas del SERNAP: (1) la zona nuclear intangible, en rojo; (2) en su contorno, la zona de uso tradicional no comercial en amarillo, y, en el resto, (3) la zona de desarrollo incluso comercial pero con tal que sea sostenible en café claro. En el mapa de abajo todo aparece en rojo, asumiendo que, por la Ley 180 ya no cabía más que reducirlo todo a “núcleo intangible”.

Y, de ahí sacaban la consecuencia: “o se quedan intangibles u optan por el desarrollo, en los aspectos que vdes. mismos han señalado para su comunidad”. Ante esa disyuntiva, prácticamente todos optaban por eliminar la intangibilidad y, por tanto, la Ley 180.

Enseguida, llegaba el salto mortal sin vértigo: Si ya no hay Ley 180 sobre la Intangibilidad, se construye la carretera, sin mayores precisiones ni matices operativos sobre el trazo, etc. Dando esto por supuesto, lo único que entones se añadía era qué medidas debían tomarse para que el daño ambiental fuera el menor posible: ahí venía el discurso, con otros materiales plastificados, sobre la “carretera ecológica”, con sus túneles y puentes, y sobre las sanciones y otras medidas drásticas contra los intrusos infractores.

Tras la aprobación de la Ley 180, ya se estaba trabajando con las autoridades indígenas de la VIII Marcha en un reglamento, en el que, de alguna forma, se contemplaban y retomaban las zonificaciones ya existentes del SERNAP sobre el Parque. Pero el DS reglamentario aprobado el 24-II-2012 no recogió todas esas inquietudes. Por entonces ya se estaba realizando la anti-marcha de CONISUR por la ruta de Cochabamba y que al llegar a La Paz rápidamente logró la aprobación de la Ley 222 sobre la Consulta “Previa, Libre e Informada”, como “un derecho” de los pueblos indígenas. Para mí, era claro que, sin cambiar la ley, con un reglamento basado en la legislación ya existente del SERNAP podía satisfacerse a todos; pero no hubo voluntad política para hacerlo; y donde la legislación previa menos se aplicó fue en el Polígono 7 (que es parte del Parque Isiboro Sécure), por la expansión cocalera: al mirar el mapa aquí reproducido se ve claro que este Polígono 7 arrasó una zona que inicialmente era parte del núcleo intangible del Parque.

Ahora el gobierno ha decidido, dentro de su estrategia preelectoral, dejar la carretera un poco en la congeladora y concentrarse en “extirpar” la extrema pobreza en el TIPNIS. ¡Ojalá lo logre! Si es así, por reciprocidad, las comunidades probablemente apoyarán también a Evo en su reelección y en su carretera. Paradójicamente se habría logrado extirpar esa pobreza sin necesidad de tener previamente una carretera.

(*) Xavier Albó es antropólogo, lingüista y jesuita.

El 2 de febrero ya comenté el informe final del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) sobre la consulta en el TIPNIS y lo contrasté con una anunciada “valoración” de la misma por parte de la Iglesia y DDHH, a través de Cáritas. Por fin esta última ya fue publicada, y por los mismos días el Órgano Ejecutivo del Gobierno presentó su propio documento final de la misma consulta, firmado por los ministros de Obras Públicas y de Medio Ambiente. Dicho informe es más amplio que el del Sifde, pero no difieren en lo fundamental, salvo que el reporte del Ejecutivo está más ideologizado y polarizado, por ejemplo en la descalificación sistemática que hace de la VIII y IX marcha y de sus dirigentes, “estrechamente conectados con grupos empresariales y de poder... con intereses mezquinos y opuestos a decisiones del Estado Plurinacional” (pág. 14). Un cotejo detallado entre estos tres documentos exigiría muchas más páginas. Pero aquí sólo caben tres rápidas pinceladas.

1) El Gobierno ha decidido que de momento se concentrará en “erradicar la pobreza” en el TIPNIS, dejando para después el tema de la construcción de la carretera y por dónde. Le conviene estratégicamente para desactivar un frente que podría traerle más conflictos que ventajas en un periodo preelectoral. ¿Habrá influido la valoración de Cáritas?

2) Sólo en parte las 35 comunidades visitadas para la valoración de Cáritas coinciden con las 55 comunidades cubiertas por la consulta oficial. Cáritas sí pudo visitar las 11 comunidades que rechazaron la consulta, todas ellas aguas abajo hacia el noreste del TIPNIS y lejos de la proyectada carretera. Pero, por sus recursos y tiempos mucho más limitados, no pudo visitar todas las otras comunidades; quedaron excluidas por ejemplo las 18 del Conisur, más influidas por cocaleros, dentro o cerca del Polígono 7, que (salvo Santísima Trinidad) ya no es parte del TIPNIS. El interés de la comparación está, por tanto, sobre todo en las 21 comunidades que fueron cubiertas por ambos. Aquí sólo nos entra un botón de muestra:

3) Comunidad trinitaria de Limoncito en el Isiboro. El Informe Final (Nº 23, pág. 172-174) dice que la consulta se retrasó dos meses “debido a que un grupo de activistas no permitía el ingreso a Limoncito, aunque sus comunarios querían participar de la consulta”, y añade que ésta “se desarrolló en un ambiente muy participativo, ya que los comunarios discutieron bastante en torno a los temas centrales como la Ley 180 y la construcción de la carretera.

Por ello, todas las determinaciones fueron sometidas a votación y se respetó la decisión de la mayoría”. En el cuadro final dedican 37 líneas a la visión  de desarrollo, cuatro a la protección del TIPNIS, sólo dos a la carretera y una a la intangibilidad. El anterior informe del Sifde (Nº 62, pág. 121-123) precisa que la brigada había llegado a las 14.30, pero la reunión recién se desarrolló entre las 22.00 y 04.00”. Pero recién la valoración de Cáritas (Nº 26, pág. 65-67) nos añade detalles claves del contenido. Limitándome a la carretera, los comunarios preguntaron cuál sería el tramo adoptado, y los de la brigada dijeron que “ya no sería por el corazón del TIPNIS... sino Villa Tunari–Camiaco–Loreto–Trinidad... bordeando el río Isiboro y luego el Mamoré”. Se alegraron. Si es así, apoyamos; si atraviesa el corazón del TIPNIS, no. Pero el informe oficial sólo registra: “Después del debate, se acuerda la aprobación de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, pero que no afecte a la naturaleza y a los animales.”

Hace un par de semanas el presidente Evo Morales anunció que el III Censo Nacional Agropecuario se realizará en septiembre próximo. Así, después de casi cinco años desde la emisión del decreto que hace viable la realización de este proceso, finalmente se batió la bandera a cuadros. Enhorabuena, pese a los retrasos.

La importancia del censo -que se realizará después de 29 años del anterior- radica en que permitirá contar con información actualizada y confiable sobre la producción agropecuaria del país.

En las últimas décadas la ausencia de información ha dificultado a autoridades de diferentes niveles del Estado, a organizaciones sociales, productores, instituciones públicas y privadas y de la cooperación internacional la formulación e implementación de políticas, planes, programas y estrategias de desarrollo agropecuario en el área rural.

Desde algunas perspectivas, suele ser común referirse a la población rural, sobre todo a la indígena originaria campesina, como “población pobre” y sólo secundariamente se suele tomar en cuenta su condición de productora.

Indudablemente ha habido cambios en el mundo rural en las últimas décadas, y en el último lustro hubo sectores emergentes y sectores que se han estancado; sectores más vinculados al comercio internacional y otros más a los mercados nacionales.

Las interrogantes actuales sobre quiénes producen los alimentos que se consumen en el país, qué capacidad tenemos de asegurar la provisión estable de éstos, cuál es el aporte de los diferentes sectores a la seguridad alimentaria y a la economía del país podrán encontrar respuestas mejor argumentadas a partir de la información obtenida en el censo.

Como se sabe, el desarrollo de capacidades productivas, a diferentes niveles, no es sólo un asunto de voluntades, sino, precisamente, resultado de la implementación de determinadas políticas estatales o de Gobierno.

Por eso, la información recabada en el censo agropecuario, sumada a la del censo de población de 2012 servirá o debería servir para la formulación e implementación de políticas más adecuadas al desarrollo no sólo de la agropecuaria sino del mundo rural y, por supuesto, del país.

También se podrá establecer cómo han cambiado las dinámicas productivas de los territorios, sean éstos locales, regionales o departamentales; los cambios en el uso de los suelos y en las vocaciones productivas y niveles de productividad en determinados territorios; la ampliación de la frontera agrícola o la superficie cultivada bajo riego.

Será muy útil saber cuánto aportan a la economía, a la alimentación de la población y al empleo las actividades productivas de las mujeres y los hombres del mundo rural boliviano: de los productores de maíz de Tupiza, Torotoro, Monteagudo y Charagua; de quienes se dedican a la crianza de camélidos o al cultivo de la quinua en los diferentes municipios del altiplano'

O -para seguir con los ejemplos- de los productores de arroz de Moxos, Guarayos, Alto Beni y Chapare; de los productores de durazno en los valles de Cochabamba y Valle Grande; de los viticultores de Tarija, Camargo y Cotagaita; de las productoras de queso de Viacha, Collana, Caracollo y Challapata.

Igualmente importante será disponer de información acerca de la recolección de productos del bosque (castaña, cacao, asaí, majo, copoazú, entre muchos otros) en Baures, Puerto Rico, Riberalta, Guayaramerín.

No olvidemos la pesca con fines comerciales y de autoconsumo en los ríos de la Amazonia, el Chaco y en los lagos Titicaca y Poopó. No dejemos de lado la recopilación de datos sobre los cultivos ampliamente diversificados en la mayoría de las unidades productivas para conocer su cuantificación, su forma de organización, etc.

Como anunció el Presidente, a mediados de mayo próximo se realizarán las pruebas piloto del censo en San Borja, Pampa Grande y Soracachi. Ojalá esta prueba ayude a hacer los ajustes necesarios a fin de que las boletas comunales y de unidades productivas recaben información de la diversidad de la producción y economía campesina indígena; del rol y aporte de las mujeres y jóvenes y del tipo de propiedad de la tierra en que se produce.

Éstos y otros mecanismos son necesarios para conseguir datos e insumos que ayuden a desvelar los procesos oscuros de extranjerización de la tierra y las diversas formas de presión sobre la tierra y los bosques.

Con información actualizada y confiable, el país estará en mejores condiciones de implementar políticas y estrategias de producción agropecuaria, de impulso a la seguridad alimentaria con mayor propiedad y consistencia para la Bolivia del siglo XXI. He ahí la importancia del III Censo Nacional Agropecuario.

Esperamos que con la activa participación de todos los sectores involucrados, la información recopilada refleje la real dimensión de la producción agropecuaria y agroforestal del país.

(*) Lorenzo Solíz es Director General de CIPCA

Artículo publicado el domingo 28 de abril de 2013 en Página Siete.

La proclamación del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra supone el reconocimiento de que la Tierra nos proporciona el sustento a lo largo de nuestra existencia, además de reconocer la responsabilidad que tenemos de promover la armonía con ella a fin de alcanzar un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

En este contexto, es importante resaltar que de acuerdo al Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, el país cuenta con un alto índice de pobreza y pobreza extrema pese a que en los últimos años se disminuyó porcentualmente de forma muy significativa. A su vez posee abundantes recursos naturales, siendo uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, estos recursos se encuentran amenazados por la expansión de la frontera agrícola, construcción de mega-obras y mega-proyectos como las hidroeléctricas, además de actividades mineras e hidrocarburíferas, entre otras.

Respecto a la deforestación, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la conversión de bosques en tierras agrícolas, ha disminuido en los últimos diez años pero continúa a un ritmo alarmante en muchos países. A nivel mundial, a causa del cambio de uso del suelo se perdieron 13 millones de hectáreas de bosques anuales entre el periodo 2000 - 2010, en comparación con 16 millones de hectáreas anuales durante la década de 1990. En este contexto, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), registró al menos 160 mil hectáreas de bosques destruidas el año pasado. Además, según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y Conservación Internacional, en un estudio a ser publicado este año (2013), la tasa de deforestación anual ascendería aproximadamente a 220.000 has./año.

En relación a la monoproducción, el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas (ISAAA), indica que la superficie mundial de cultivos transgénicos alcanzó las 170,3 millones de hectáreas el 2012 significando un incremento del 6% respecto al año anterior. En Bolivia, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) a partir del 2005 el área cultivada con soya transgénica se incrementó de 200.000 hectáreas  a más de un millón registradas el año pasado. Según PROBIOMA (Productividad, Biosfera y Medioambiente) este  incremento de los cultivos de soya transgénica derivó en una crecida de tres veces en el uso de herbicidas y dos veces en el uso de fungicidas. Corroborando este dato, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) indica que en este mismo periodo, Bolivia importó 10.428,870 toneladas de plaguicidas en 2005, y 31.620.668 toneladas en 2010.

Respecto a la construcción de carreteras en el país, según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Bolivia se constituye en el tercer país de la región en contar con la mayor densidad de carreteras al interior de Territorios Indígenas y Áreas protegidas (16,8 Km/Km2  aproximadamente). De igual manera, en materia de hidrocarburos,  el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) reveló que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) amplió sus áreas de exploración a 22 millones de has., de las cuales el 67,73% se encuentran en Áreas Protegidas y Territorios Indígenas. Mostrando un modelo neoextractivista primario exportador, que pone en riesgo los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra.

En cuanto a la construcción de hidroeléctricas, de acuerdo con el Instituto de Hidraúlica e Hidrología de la UMSA, se calcula que el proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza ubicado en la Amazonía Norte boliviana inundaría una superficie 10 veces mayor por unidad de potencia instalada, y con posibles impactos socio-ambientales proporcionalmente mayores a los proyectos brasileros. De acuerdo a un estudio realizado por CIPCA los efectos se sentirían a cientos o miles de kilómetros de distancia, en la llanura beniana, en el Chapare y en Rurrenabaque, causando posibles inundaciones de bosques y áreas agrícolas, con el subsecuente peligro de extinción de las especies acuáticas, especialmente recursos pesqueros de alta importancia para las comunidades y pueblos indígenas que dependen de ellos para su sustento.

En contrapartida a esta situación negativa que afecta a la Madre Tierra, a los pueblos indígenas y a la población en general, el año pasado, el Poder ejecutivo promulgó la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Ésta sustenta las bases y los fundamentos de un modelo de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, conjuntamente establece los objetivos, los lineamientos y la institucionalidad para que este modelo de desarrollo sea llevado a cabo como parte del proceso para materializar el Vivir Bien. Además, en este proceso se garantizaría la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra y se plantearían normas claras sobre los estándares ambientales mínimos, esto recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales.

Sin embargo, para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo basado en el Vivir Bien no es suficiente promulgar leyes y mecanismos con visiones de los pueblos indígenas y conceptos no mercantilistas, si éstas no están acompañadas de prácticas concretas y acciones reales. Por lo tanto, pese a los esfuerzos realizados por distintas organizaciones de productores, comunidades y pueblos indígenas e instituciones de apoyo, aun está pendiente el diseño de nuevas políticas públicas que cambien nuestro patrón de producción no sostenible y acompañen este nuevo marco normativo. Más aun cuando se reconoce en la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral No. 300 y en la proclamación  del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, la responsabilidad que tenemos de promover la armonía con ella a fin de alcanzar un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

(*) Ricardo Rojas Quiroga es miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA