Saneamiento de la propiedad agraria en Bolivia

Eulogio Núñez Aramayo, CIPCA-Santa Cruz (No. 77)-Santa Cruz de la Sierra
Lunes, 13 Diciembre 2004

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715) establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en un plazo de 10 años debe concluir con el proceso de saneamiento y titulación de la propiedad agraria en nuestro país. El 18 de octubre de este año se cumplieron 8 años de su vigencia y de las 107,47 millones de hectáreas sujetas a saneamiento, sólo se ha titulado una superficie de 15,4 millones de hectáreas, es decir, un 14,32% de dicha superficie.

Son 8 años de vigencia de la Ley 1715 y 7 años de ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria, los resultados obtenidos son frustrantes. Por ejemplo, cerca de 40 pueblos indígenas de Bolivia (población mayoritaria del país), han demandado al Estado alrededor de 29 millones de hectáreas y el INRA ha admitido 18,22 millones de hectáreas como Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). De estas, a la fecha se han titulado 3,82 millones de hectáreas (21%) y prácticamente no se ha dotado de nuevas tierras a familias campesinos y colonizadores. También, se ha contado con apoyo externo llegando a una programación presupuestaria de 65,83 millones de $us (48,23 millones de $us de recursos externos y 17,60 millones de $us de contraparte nacional), pese a ello se avanzó muy poco en el proceso.

Si tomamos en cuenta la forma en que se ha distribuido la tierra, constataremos que las mayores inequidades en la distribución se presentan en tierras bajas. Según Pablo Pacheco (1998), afirma que "Hasta 1993 fueron distribuidas aproximadamente 26 millones hectáreas de tierras fiscales a propietarios individuales en las tierras bajas del país, de las cuales 22,8 millones de hectáreas (87,6%) fueron dotadas a 78.000 propietarios medianos y grandes y 3,2 millones de hectáreas (12,4%) fueron adjudicadas a 76.000 pequeños productores asentados en áreas de “colonización". Esta realidad, respecto a la estructura de la tenencia de la tierra no parece cambiar con la aplicación de la Ley 1715.


En las modalidades de Saneamiento Simple (SAN SIM) y Catastro al Saneamiento (CAT SAN) no hay control social y se detectan una serie de irregularidades, entre ellas, la mala verificación del cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) en propiedades privadas medianas y grandes. Se dan casos en los que latifundistas con documentos viciados de nulidad absoluta se hacen pasar como poseedores legales, en otros casos se valen de Planes de Ordenamiento Prediales (POP) y de certificados de vacunas de fiebre aftosa como medios de comprobación principal de la FES.

En otros casos, personeros del INRA ha impulsado “conciliaciones” irregulares entre indígenas y propietarios privados que tienen propiedades que no cumplen o cumplen parcialmente la FES, mientras que los gremios empresariales como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) presionan de manera sistemática al gobierno para que las propiedades privadas hipotecadas a los bancos se consoliden a su favor, sin cumplir la FES. Las Fuerzas Armadas, mediante un Decreto Supremo, pretendieron consolidar derechos propietarios sobre grandes extensiones de tierra al margen del proceso de saneamiento.

Es importante remarcar que varios propietarios medianos y grandes en el proceso de saneamiento, al no poder demostrar el cumplimiento de la FES, están realizando ventas irregulares de tierras fiscales a empresarios brasileros, menonitas, rusos y de otras nacionalidades, las que por mandato de la Ley, el INRA tendría que revertir dichas tierras, para su posterior redistribución a los que no poseen, lo cual no está sucediendo.


Frente a este sombrío panorama, lo más rescatable del proceso de saneamiento es la consolidación de la información sobre la propiedad agraria, mapas georeferenciales, número de propietarios, medición de la superficie entre otros, que puede permitir al Estado la toma de decisiones con un mayor criterio, cosa que antes de la Ley 1715 era imposible. Sin embargo, a pesar de ello, este proceso debe ser reencaminado bajo los siguientes criterios:

a) Despolitizar y “descorporativizar” el INRA. Como entidad responsable de ejecutar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria en el país, todos los funcionarios que sean contratados (desde el Director Nacional hasta el último personal técnico), deben ser profesionales competentes y seleccionados mediante concursos de méritos. Esta medida debe aplicarse también a los miembros de la judicatura agraria, es decir, al Tribunal Agrario Nacional (TAN). Esto para evitar que el INRA siga “copado” por miembros de gremios empresariales y partidos políticos tradicionales, pese a los esfuerzos del actual gobierno de revertir esta situación.

b) Realizar control social y fiscalización efectiva al proceso de saneamiento. Entre las demandas de las organizaciones campesinas y de colonizadores se exige la concertación de una norma legal que precise su participación en el control y fiscalización del proceso de saneamiento de las tierras. Participación que debe darse además de las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD), pues estas hace mucho tiempo atrás no funcionan con normalidad. Actualmente, sólo en la modalidad SAN-TCO se reconoce la participación de los indígenas, mientras que en SAN-SIM y CAT-SAN, no se reconoce la participación de campesinos ni colonizadores.

c) Dotar de tierras fiscales a indígenas, campesinos y colonizadores. Como forma efectiva de luchar contra la pobreza y la exclusión social, es importante y urgente que el INRA dote todas las tierras identificadas como fiscales durante el proceso de saneamiento a indígenas, campesinos y colonizadores que poseen insuficiente tierra o que no la tienen.

Sin duda, relanzar el proceso agrario en nuestro país, pasa por valorar que el Estado no alcanzó las metas previstas para regularizar el derecho propietario sobre la tierra.

Sanear la propiedad agraria, parar los mecanismos de corrupción en la consolidación de tierras fiscales a favor de terratenientes que trafican con la tierra, revertir tierras que no cumplen la FES y redistribuirlas a los que no poseen tierra o la poseen insuficientemente; implica voluntad política de los gobernantes para afectar intereses de grupos de poder. ¿Estamos en condiciones de que aquello suceda?.


(*) El autor es agrónomo de CIPCA Santa Cruz

CIPCANotas

La dialéctica ch'ixi / ch'iqchi preelectoral Xavier Albó (*)
Lunes, 01 Septiembre 2014
 A seis semanas de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, el ambiente general sigue siendo bastante anodino, salvo escándalos y travesuras menores. Nadie du...
Jóvenes en la política,¿rasgos de una nueva etapa? Lorenzo Soliz Tito (*)
Lunes, 25 Agosto 2014
En la historia de Bolivia la juventud jugó un rol protagónico en los procesos sociales y políticos. Solo remontándonos a la década de los 70 y 80, la participaci&...
Mamita de Urkupiña Xavier Albó (*)
Martes, 19 Agosto 2014
Mientras hoy, 15 de agosto, escribo mi columna en El Alto, Urkupiña (junto a Cochabamba) está repleto con cientos de miles de peregrinos de todo el país e incluso del extra...

Últimas Publicaciones

Memoria-Informe de la Gestión 2013 Memoria Segundo Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural Jóvenes Rurales. Una aproximación a su problemática y perspectivas en seis regiones de Bolivia

Noticias en los Medios

Suscripción CIPCANotas

Enlaces