Eulogio Núñez Aramayo (*)
Lunes, 05 Marzo 2007

El 28 de noviembre de 2006, el presidente de la República Evo Morales promulgó la Ley Agraria 3545 de “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”; modificatoria de la Ley 1715. Ley concebida como transitoria, en tanto la Asamblea Constituyente defina un nuevo marco constitucional.

Como un precedente inmediato a la aprobación de esta nueva Ley, es importante mencionar que el 18 de octubre de 2006 se cumplió el plazo de 10 años para ejecutar y concluir el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, según información oficial, hasta esa fecha de las 106,75 millones de hectáreas bajo objeto de saneamiento, sólo se saneó un 28,33% (titulado 10,66% y por titular 17,67%); está en proceso de saneamiento un 14,91% y quedó sin sanear el 56,76%. Además, en éste proceso el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) gastó 88,36 millones de dólares americanos (74,5% recursos de la cooperación internacional y 25,5% recursos nacionales).

Los resultados deficientes en el proceso de saneamiento de tierras; la intensificación de los conflictos por el acceso y tenencia de la tierra; la falta de atención a las demandas de distribución de tierras fiscales a campesinos e indígenas sin tierra; las imprecisiones, contradicciones y vacíos legales identificados durante los 10 años de aplicación de la Ley Agraria 1715; entre otras irregularidades, sin duda exigían -de manera urgente- la adopción de decisiones políticas orientadas a destrabar y viabilizar el proceso agrario en nuestro país.

La nueva Ley Agraria en lo fundamental establece:

• La incorporación al concepto integral de la Función Económico-Social (FES) la noción que los desmontes ilegales no constituyen cumplimiento de la FES; por lo tanto, en lo venidero quienes realicen estas actividades ilegales, no podrán utilizarlas como un medio para consolidar derecho de propiedad agraria.

• La reversión de tierras procederá -sólo en medianas propiedades y empresas agropecuarias- por incumplimiento total o parcial de la FES y que las verificaciones no podrán realizarse en un plazo menor a dos años. Anteriormente, la reversión de tierras sólo procedía por abandono de la propiedad agraria -vinculado al no pago de impuestos- por más de dos años consecutivos.
• La expropiación de la propiedad agraria procederá por causal de utilidad pública (reagrupamiento, redistribución de tierras, entre otras causas) calificada por Ley -previa indemnización justa- y las tierras expropiadas serán dotadas exclusivamente a favor de pueblos indígenas y/o originarios que como resultado del proceso de saneamiento hayan quedado sin tierra, éste es el caso de las familias indígenas guaraníes cautivas que habitan en el Chaco Boliviano. Esta nueva disposición legal corrige dos distorsiones de la Ley agraria 1715, que por un lado, establecía que la expropiación también procedía por incumplimiento de la FES y por otro lado, instituía que las tierras expropiadas solamente se adjudicaban (venta de tierras) en concurso público.

• La institución de una nueva atribución para el presidente de la República, que le permite otorgar personalidades jurídicas a pueblos indígenas y comunidades campesinas, siempre y cuando exista negativa o demora injustificada por más de 45 días calendario por parte de los Gobiernos Municipales o Prefecturas.

• A los efectos de mantenimiento y actualización de la información catastral y de la propiedad agraria, toda transferencia de predios agrarios -como un requisito para su validez- deberán ser registrada en el INRA.

• El reconocimiento del procedimiento especial de saneamiento sin más trámite y el saneamiento interno como nuevas formas de saneamiento expedito en pequeñas propiedades, comunidades campesinas e indígenas.

• La ampliación de competencias de la Judicatura Agraria, en el sentido que no sólo resolverá conflictos relacionados con el derecho de propiedad agraria, sino también, controversias derivadas de las actividades forestales y de aprovechamiento de aguas. Por otro lado, se establece ciertas limitaciones en el accionar de los jueces agrarios, quienes sólo podrán conocer y resolver las acciones interdictas antes y después del proceso de saneamiento y no durante el proceso de saneamiento.

• La ampliación del mecanismo de control social garantizando la participación de las organizaciones sociales y de productores en los procesos de saneamiento, reversión, expropiación, dotación y adjudicación de tierras fiscales.

• La ampliación de 8 a 16 miembros titulares de la Comisión Agraria Nacional (CAN). Se incorporó a importantes actores rurales como: las mujeres campesinas, indígenas de tierras altas y al sector empresarial ganadero y forestal.

• La incorporación del concepto de la equidad de género en el proceso agrario. Ahora, la Ley garantiza y prioriza la participación de la mujer en todo el proceso de saneamiento y distribución de tierras fiscales.

• El apoyo técnico y económico del Estado a las comunidades campesinas, indígenas y originarias beneficiadas con la dotación de tierras fiscales.

• La desconcentración del INRA. Ahora los procesos de saneamiento, de reversión y de expropiación serán sustanciados en las direcciones departamentales del INRA y sólo las resoluciones finales serán adoptadas en la dirección nacional del INRA.

Al parecer han dejado para la Asamblea Constituyente la definición de ciertos temas de fondo en esta materia, como son: la redefinición del tamaño de las propiedades agrarias que paradójicamente desde la reforma agraria de 1953 se mantiene entre 2.501 y 50.00 hectáreas para las grandes propiedades ganaderas; la modificación del actual parámetro técnico de carga animal que reconoce -en medianas y grandes propiedades ganaderas- 5 hectáreas de tierra por cabeza de ganado mayor; la definición del concepto de latifundio; la redefinición de competencias y atribuciones en materia agraria a nivel nacional, departamental y municipal; entre otros temas controvertidos.


Sin embargo, entendemos que el gobierno nacional ya dispone de un marco legal amplio en materia agraria; el 2 de junio de 2006 emitió siete decretos supremos en materia agraria y forestal; el 19 de octubre de 2006 promulgó la Ley 3501 que amplia el plazo -a 7 años- para concluir el proceso de saneamiento de tierras, y por último, promulgó la Ley agraria 3545. Por lo tanto, el actual gobierno y los diversos actores directamente involucrados en está temática, no tienen excusas y están obligados a cumplir con la redistribución de tierras fiscales a campesinos e indígenas sin tierra y concluir con el oneroso y burocrático proceso de regularización del derecho de propiedad agraria en todo el país.

(*) El autor es agrónomo en CIPCA Santa Cruz.

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