La justicia comunitaria en Bolivia

Eduardo Acevedo V. CIPCA-Cochabamba (No. 71)-Cochabamba
Domingo, 31 Octubre 2004

Con la reforma constitucional de 1994, Bolivia se reconoció como un país multiétnico y pluricultural. Este hecho significó el reconocimiento de más de 36 pueblos indígenas, cada una con sus usos y costumbres, con su derecho consuetudinario. Pero aún falta que este reconocimiento sea puesto en práctica y plenamente aceptada y entendida por las autoridades del órgano Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional de Bolivia, mediante Sentencia Constitucional 0295/2003-R de fecha 11 de marzo de 2003, sentó jurisprudencia sobre el reconocimiento de los usos y costumbres en la solución alternativa de conflictos que realizan las autoridades y las organizaciones de las comunidades campesinas e indígenas. Reconoció que era necesario un estudio especializado para dar cumplimiento al artículo 171 de la Constitución Política del Estado que prescribe que “Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las Leyes…”. En virtud a ello, se dispone la contratación de un profesional o equipo de profesionales para que realice un estudio que permita la fundamentación del pronunciamiento de la Sentencia.

Este hecho reconoce la existencia del pluralismo jurídico, presente en la nación boliviana. Junto al Derecho “Oficial” coexiste el Derecho Consuetudinario, que ha sobrevivido a la conquista, al coloniaje y a la República, porque las comunidades campesinas e indígenas, han opuesto una férrea resistencia para mantener sus usos y costumbres.

Las comunidades campesinas y pueblos indígenas mantienen con mucha fuerza sus instituciones relacionadas con la tierra, el territorio, uso y gestión del agua, manejo de recursos naturales, relaciones intrafamiliares, el trabajo comunal, la educación y la resolución de conflictos conocida como Justicia Comunitaria.

La Justicia Comunitaria está vigorosamente presente, porque sus normas son aceptadas y conocidas por las comunidades campesinas y pueblos indígenas, son normas socialmente elaboradas, es resultado de muchos años de práctica. Las instancias que administran justicia, son conformadas y elegidas por las bases y poseen gran prestigio y legitimidad.

La justicia “oficial” es lenta, corrupta y onerosa y la justicia comunitaria es de fácil acceso, sus resoluciones y sentencias son rápidas, es oral (se emplea el idioma local), busca reconciliar más que castigar, conserva la armonía interna de la comunidad, no es onerosa y los procedimientos que se aplican son controlados por las comunidades y pueblos indígenas mediante sus asambleas, donde las decisiones se toman por consenso.

La aplicación de la justicia comunitaria, mediante sus autoridades naturales, supone la existencia de un "CÓDIGO NORMATIVO" de comportamiento, no escrito, que regula las relaciones entre los miembros de la comunidad. Un "CÓDIGO DE SANCIONES", no escrito, que señala las penas que deben cumplir los infractores.

Las instancias para la aplicación de la Justicia Comunitaria son: La primera instancia es la FAMILIAR, donde se busca la solución o la conciliación al interior de la familia. La segunda instancia es la DIRIGENCIAL, donde se busca la solución en presencia de los dirigentes y las partes afectadas. La tercera instancia es la ASAMBLEARIA, donde se busca que las soluciones o conciliaciones se debatan en la Asamblea y la cuarta instancia es FUERA DE LA COMUNIDAD, se recurre a la Central Campesina o a las autoridades oficiales.

A manera de conclusión

El reconocimiento de la vigencia del pluralismo jurídico existente en Bolivia, por parte de los operadores de la justicia, es de trascendental importancia y el tema debe ser debatido con mucha profundidad en la Asamblea Constituyente para ser incorporado como un Régimen de la Justicia Comunitaria en la nueva Constitución Política del Estado.

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